Theresa May, la primera ministra británica está dispuesta a ofrecer a los ciudadanos comunitarios libre circulación en el Reino Unido durante dos años tras la salida del país de la Unión Europea (UE).
El plan fue elaborado por el ministro de Economía, Philip Hammond, y, tras unas primeras reticencias de otros ministros conservadores, cree contar ahora con el apoyo de todos los miembros del Gobierno.
De este modo se aplicaría un nuevo régimen de inmigración una vez cumplido ese periodo de transición de dos años.
En las negociaciones sobre el Brexit, Bruselas y Londres mantienen discrepancias sobre el derecho de los comunitarios que viven en el Reino Unido y de los británicos que residen en la UE.
El negociador jefe de la UE para el Brexit, Michel Barnier, celebró ayer con el titular para la salida del Reino Unido de la UE, David Davis, la última reunión de la segunda ronda de negociaciones. Davis reconoció que su país coincide con la UE en la «necesidad de certidumbre» aunque discrepa con la perspectiva de Bruselas.
La UE quiere que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) garantice los derechos de los ciudadanos europeos en el Reino Unido y de los británicos residentes en la UE.
