Melina y Leandro Báez, hijos del empresario detenido por lavado de dinero, aseguraron hoy por escrito ante el juez federal Sebastián Casanello no tener cuentas en Suiza tal cual se la acusa a ella y sus otros dos hermanos por lo que tuvieron que presentarse a declarar.

«En ningún momento he utilizado cuentas ni en el país ni en el extranjero para el lavado de dinero como quiere hacer creer a la prensa. No poseo cuentas en el exterior y nunca he estado en la sede de los bancos a los que hace referencia», dijo en el escrito presentado por los dos hijos del empresario.

Por su parte, Martín Báez, cuestionó la validez de la prueba en su contra al presentar también una declaración por escrito en el juzgado.

La declaración de los hijos de Báez se dio casi en simultáneo cuando el ex secretario de Obras Públicas José López era llevado detenido a declarar en el mismo piso, ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en la causa «Sueños Compartidos» en la cual se investigan irregularidades construcción de viviendas sociales.

Los tres hijos del empresario (Luciana está citada para el próximo jueves) evitaron todo contacto con la prensa y cuando se retiraron Melina y Leandro, hubo inconvenientes con dos manifestantes que los insultaban y golpearon el vehículo en el cual estaban ambos.

Melina y Leandro presentaron sendos escritos muy similares: ella cuestionó que la citó ante una  «presión mediática» y por «un claro direccionamiento del expediente», en tanto que él aseguró que «no existen pruebas que ameriten» su indagatoria.

«La citación responde a una respuesta o revancha por parte de vuestra señoría», dijo Leandro Báez tras recordarle al juez que aún está pendiente la recusación que él hizo en su contra, al acusarlo por falta de imparcialidad, y que tiene pendiente resolver la Sala II de la Cámara Federal.

Leandro Báez se justificó en ese planteo de recusación aún no resuelto para no responder preguntas «ya que existe presunción fundada de que cualquier prueba que pueda ser aportada al expedirme va a ser desoída».

Ambos criticaron al juez por lo que dicen poca prueba para citarlos a declarar: «no existe una sola que dé cuenta de que yo hubiera efectuado maniobras de lavado de dinero», expresó Melina.

Por su parte, Leandro Báez si bien dijo aceptar el seguimiento que policías de civil realizan sobre él y sus hermanos las 24 horas, tal cual lo dispuso el juzgado, advirtió que «no existe el menor peligro de fuga ni tampoco de entorpecimiento del  expediente».

Los dos se quejaron por la obligación impuesta por el juzgado de permanecer en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, y reclamaron al juez la autorización para poder regresar a Río Gallegos.

Por su parte, Martín Báez, el primero en declarar, tampoco contestó preguntas y optó sólo por presentar un escrito: «en la convocatoria quedan expresadas cosas que habrían sucedido, situaciones por las que me vería beneficiado, aspectos patrimoniales que no tendrían respaldo y demás datos que parecen por el momento propios de un relato periodístico», ironizó en su presentación.

En ese sentido, criticó «no conocer la prueba» ni «poder determinar su método de obtención» y recordó que la indagatoria fue a raíz de un informe de inteligencia aportado por la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre la existencia de cuentas en Suiza de los cuatro hijos del empresario.

«Se menciona un informe de inteligencia que eventualmente daría sustento a una imputación respecto de la cual, aun corroborada por la misma información pero obtenida en forma oficial y por carriles lícitos, no decantaría automáticamente y sin dificultad en la descripción de un hecho ilícito», cuestionó Martín, el único de los hijos que ya tiene dos procesamientos por lavado de dinero en su contra.

Por último, aclaró desconocer «los pormenores de las gestiones financieras e inmobiliarias que desarrollaba» su padre más allá que reconoció tener «alguna participación en empresas y algunos bienes».

Para mañana, están citados Lázaro Báez, el abogado Jorge Chueco y el contador Daniel Pérez Gadin, los tres ya procesados por lavado de dinero y con prisión preventiva.