El legislador remarcó que la universidad pública necesita respuestas inmediatas: el cumplimiento efectivo de la ley sancionada por el Congreso y la garantía de los fondos asignados.
En su fallo, el magistrado recordó que el mismo planteo ya había sido presentado y rechazado en septiembre pasado, cuando la defensa de otros imputados (en alusión a los hermanos Kovalivker, de la Droguería Suizo Argentina) había alegado argumentos similares: que la investigación se inició a partir de audios difundidos por la prensa, presuntamente adulterados, y que su incorporación vulneró derechos fundamentales.
El juez Sebastián Casanello desestimó la solicitud de los dueños de la droguería Suizo Argentina. El abogado de los empresarios, Martín Magram cuestionó que el proceso judicial se originó con el uso de grabaciones no autorizadas.
El juez federal Sebastián Casanello procesó a De Vicentis por «desobediencia a la autoridad, estorbo de un acto funcional y encubrimiento» con un embargo de dos millones de pesos; sin prisión preventiva.
La Justicia ordenó registros simultáneos en todas las sedes de la Agencia Nacional de Discapacidad y en la droguería Suizo Argentina en una causa que investiga supuestas coimas vinculadas a audios filtrados de Diego Spagnuolo.
