Este domingo se produjo en México una nueva serie de movilizaciones en contra del llamado “gasolinazo”. Los aumentos anunciados por el presidente Fernando Peña Nieto pocos días antes de Navidad, y que entraron en vigencia el 1º de enero de 2017, oscilan entre el 14 y el 20% para los combustibles y servicios energéticos.
La manifestación convocada para el pasado domingo en ciudad de México, que unió los barrios del Ángel de la Independencia con el Zócalo, reunió entre 1.500 y 2.000 personas.
En tanto, miles de personas se congregaron en el Monumento a la Revolución, en ciudad de México con las mismas consignas: ¡Fuera Peña! ¡No al gasolinazo! Allí también se informó que esta semana comenzarán a distribuirse los formularios para que los ciudadanos puedan “ampararse” contra la decisión del gobierno.
Pero esas no fueron las únicas expresiones de descontento. En otros puntos de la ciudad y del país se replicaron las asambleas populares para discutir, acordar y coordinar las próximas acciones contra el gasolinazo y otras reformas estructurales del gobierno de Fernando Peña Nieto.
Asimismo, se mantiene la convocatoria para una asamblea nacional que se realizará el próximo 21 de enero y una marcha que recorrerá el país el 31 del mismo mes.
El conflicto
Las revueltas en todo el país se multiplican día a día luego del anuncio de los aumentos.
Cabe señalar que es el mayor incremento del precio de combustibles en México de los últimos 20 años, y se suma a una larga serie de reclamos que el pueblo mexicano acumula contra el actual gobierno liderado por Fernando Peña Nieto.
El enojo se expresa en diversas formas y manifestaciones, cortes de rutas, tomas de gasolineras y saqueos se multiplican a lo largo y ancho del país. Dichas protestas ya se han cobrado tres víctimas fatales que murieron en supuestos “enfrentamientos” con las fuerzas de seguridad y más de 1500 personas arrestadas en lo que va del año.
En tanto, la imagen negativa del Jefe de Estado asciende al 78% y sigue empeorando.
Los aztecas consideran que Peña Nieto incumplió sus promesas de campaña, y que la prometida “Reforma Energética”, uno de los ejes que lo llevó a la presidencia, no fue más que una forma de entregar el petróleo y los recursos energéticos estatales al sector privado, en un país que, durante casi 80 años, mantuvo el monopolio estatal en petróleo, gas y electricidad.
La Reforma Energética había sido promulgada por el titular del poder ejecutivo en 2014. A partir de ese momento empresas privadas, mexicanas y extranjeras podrían participar en la extracción y venta de hidrocarburos, así como en la generación y abastecimiento de electricidad para los grandes consumidores.
Miles de mexicanos señalan que Peña Nieto, tanto en sus propuestas de campaña, como en los años 2014, 2015 y 2016, prometió que en México bajaría el precio del combustible, no habría más gasolinazos y que la energía sería más barata.
El aumento energético puso en cero la credibilidad gubernamental y dio por tierra con el prestigio de la Reforma Energética, que abrió al libre mercado la explotación de hidrocarburos y electricidad y generó la expectativa concreta de menores precios de los combustibles. La realidad es que la gasolina más consumida por los mexicanos incrementó su precio un 48% durante el actual gobierno.
Todos los economistas coinciden que este último aumento generará un golpe inflacionario de productos y servicios.«A nivel individual habrá un aumento en el costo de vida y por lo tanto un menor nivel de bienestar, y eso es inevitable cuando hay un aumento de la gasolina»
La furia de los aztecas y la caída de Peña Nieto
El “gasolinazo” es sólo una arista más de la compleja realidad que sobrelleva la sociedad azteca.
Las últimas encuestas dejan en evidencia que sólo dos de cada diez mexicanos aprueban la gestión de Fernando Peña Nieto
Varios son los factores que se suman a esta crisis, uno de ellos es, por supuesto, una economía que no despega y una moneda nacional que se ha desplomado preocupantemente en los últimos tres años.
Pero sin duda hay dos puntos que horrorizan al pueblo mexicano y lo mantienen en vilo, la crisis de los derechos humanos y la violencia desatada por el “combate al crimen organizado”, que se suma a una situación económica que complica a la mayoría de los sectores populares.
Las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones no han menguado en los últimos años, sino que han aumentado alarmantemente. México acumula, en los últimos diez años, 30.000 desaparecidos y más de 120.000 muertes relacionadas con policías, fuerzas de seguridad y fuerzas paramilitares.
Un caso paradigmático, que lesionó seriamente al gobierno de Peña Nieto, fue la masacre de Ayotzinapa, en la cual 43 estudiantes del estado de Iguala fueron torturados y desaparecidos, y en la que fuerzas policiales y paramilitares estuvieron implicadas.
Otras matanzas recientes resuenan: en junio de 2014, fuerzas militares ejecutaron a 15 personas, en enero de 2015, policías federales ocasionaron la muerte de 6 personas en Tlataya y en mayo de 2015, en Tanhuato, policías federales ejecutaron a 22 personas. Se suma a esta trágica situación el acoso y amenazas periodistas y activistas sociales.
En ese contexto, la inseguridad es apabullante, a pesar de que el gobierno defiende las políticas desplegadas.
En 2016 se registraron 60 homicidios por día, y de mantenerse ese promedio, el gobierno mexicano actual podría ser considerado el más violento desde que comenzó la llamada “guerra contra el narco”.
