En el marco de la causa por la muerte de Jonatan Herrera, hoy se realizó una audiencia solicitada por el imputado Ramiro Rosales para solicitar la revisión de la prisión preventiva.

En la audiencia la defensa de Rosales solicitó la morigeración de la prisión preventiva, para que la misma se realice bajo la modalidad domiciliaria.

En respuesta al pedido el juez de la Cámara Penal de Apelaciones, Alfredo Ivaldi Artacho resolvió revocar el pedido, por lo cual el imputado deberá seguir cumpliendo la prisión en un establecimiento carcelario.

Por otra parte, el fiscal de la causa Adrián Spelta pidió que se revoque el vencimiento del plazo de la prisión preventiva que vence el 6 de junio. Con respecto a este punto, el juez determinó que la prisión preventiva se extenderá hasta que se resuelva la fecha de la audiencia preliminar.

En diálogo con Conclusión la abogada que representa a la familia de Jonatan Herrera, Cintia Garcilazo explicó los alcances de la audiencia.

En relación a los planteos, la abogada indicó que hubo “dos apelaciones cruzadas, uno era el planteo  de la defensa sobre la morigeración de la prisión preventiva que, actualmente se cumple en la prisión de Piñero y pidieron que se cumpla en prisión domiciliaria en la casa de una pastora evangélica y supervisada por el subjefe de la comisaría 27ª”.

“El otro planteo fue un pedido del fiscal donde pedía que se revoque el plazo de primera instancia establecido por el juez Donnola, con respecto al vencimiento del plazo de la prisión preventiva que vencería el lunes 6 de junio”, indicó Garcelazo.

Por otra parte, “el juez de segunda instancia Alfredo Ivaldi Artacho determinó no hacer lugar al pedido de prisión domiciliaria y fijó como tope el 30 de junio para la prisión preventiva de Rosales que estaba disputando su situación de libertad y solicitó el pedido que para esa fecha se realice la audiencia preliminar para los tres imputados que van a juicio”.

Además, “también se planteó el pedido de que si para esa no está fijada la audiencia preliminar se empiece a revisar la prisión preventiva bajo la condición domiciliaria”, informó la abogada.

Rosales está acusado de homicidio agravado por abuso de armas y por ser un funcionario público con una pena prevista de prisión perpetua, la pena más grave del ordenamiento jurídico argentino. Por lo tanto “no es una desproporción  que cumpla la prisión preventiva en un establecimiento carcelario y sin ningún tipo de morigeración”, indicó la letrada.

En consecuencia, “hasta el 30 de junio y en tanto se resuelva la fecha de la audiencia preliminar, Rosales seguirá detenido en prisión preventiva efectiva en un establecimiento carcelario”, aclaró Garcilazo.

Además, “el resto de los imputados tiene una prorroga de prisión preventiva hasta el día de la audiencia preliminar y un cuarto imputado fue beneficiado por un juicio abreviado que el fiscal Adrián Spelta acordó con la defensora del imputado Alejandro Gálvez, el cual como querellante nosotros apelamos y el juez Ivaldi Artacho lo resolverá en aproximadamente 15 días”, adelantó.

El acuerdo abreviado de Gálvez “incluye el cambio de calificación, de tentativa de homicidio a abuso de armas por tres años de prisión efectiva, pero ya está en condiciones de plantear la libertad, ya que superó los ocho meses de prisión efectiva”.

Para la abogada “un punto para destacar es que tras el acuerdo abreviado, el imputado no recibió la pena de inhabilitación para ejercer como funcionario público, es decir que puede salir de prisión y puede seguir ejerciendo como agente policial”, se quejó.

Por otra parte adelantó que “este va a ser un mes de novedades, una tiene que ver con la apelación del juicio abreviado de Gálvez en relación a que esperamos la resolución del juez y la espera de la audiencia preliminar que se debe realizar antes del 30 de junio, donde se presentarán las pruebas previo al comienzo del juicio”, concluyó.