El ex ministro de Planificación Federal y actual diputado Julio De Vido fue procesado hoy por tercera vez, en este caso por la compra irregular de trenes a España y Portugal.
El juez federal Julián Ercolini dispuso el procesamiento del ex funcionario por los delitos de cohecho y administración fraudulenta y le trabó un nuevo embargo de 100 millones de pesos.
Se trata del tercer procesamiento que en poco tiempo recae sobre De Vido: antes lo fue por la tragedia ferroviaria de Once y por incumplimiento de deberes y negociaciones incompatibles con la función pública al no haber renegociado contratos ferroviarios de transporte de pasajeros.
Por esta causa en la que la fue ahora procesado el diputado nacional, está detenido en el penal de Ezeiza el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y su entonces asesor Manuel Vazquez.
El juez Ercolini también procesó en su fallo a los integrantes de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) Antonio Sícaro, Pedro Ochoa Romero, Fernando Corte, Carlos Retuerto Castaño y Ricardo Luján Roseto.
A todos ellos les fijó embargos por 10 millones de pesos, salvo a Sícaro, para quien la suma alcanzó los 8 millones.
La compra de material ferroviario a España y Portugal se produjo entre 2005 y 2012 y se pagaron 100 millones de euros, aunque un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) remarcó que casi la mitad del material estaba en desuso por ser chatarra.
Al prestar declaración indagatoria ante Ercolini, De Vido presentó un escrito en el que señaló que él estaba fuera de la competencia en lo que hace a la confección de los contratos y responsabilizó a la a la Secretaría de Transporte y a la comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
Ercolini, en sus 272 páginas, consideró que «las unidades adquiridas distaban de ser apropiadas para la modernización de la red de transporte ferroviario en aquel entonces e, incluso, estaban en peores condiciones que las que venían a mejorar, pues algunas ni siquiera resultaron aptas para desguace y, casi en su totalidad, el material adquirido viajó miles de kilómetros para terminar arrumbado en algún depósito de este país en carácter de inutilizable».
«Es de extrema gravedad que habiendo existido ingentes sumas de dinero destinadas a la mejora de un servicio por el que circulan diariamente millones de habitantes de este país y que estaba en emergencia, no se haya producido una reforma tan necesaria a causa de la actuación de los funcionarios involucrados, tal como se puso de manifiesto en los distintos episodios de descarrilamientos que afortunadamente no han tenido las consecuencias fatales que la tragedia de Once a todos nos obliga a recordar: la sencillez de la maniobra contrasta con sus vastas consecuencias», advirtió el juez.
