La jueza federal María Servini de Cubría procesó con prisión preventiva a Miguel de P., uno de los dos hombres que, a través de la red social Twitter, amenazó al presidente Mauricio Macri y también cometer actos de terrorismo.
La jueza también procesó, aunque sin prisión preventiva, al sobrino de Miguel, Walter O., mientras que a ambos les fijó un embargo de 20 mil pesos.
El 29 de julio pasado la jueza recibió un alerta de Policía Metropolitana por una serie de tuits escritos en idioma árabe en la cuenta @HassanAbujaaf dirigidos con amenazas hacia Macri, edificios comerciales, el subterráneo porteño y transporte público, entre otros objetivos.
Tras información proporcionada por Twitter, la Justicia al día siguiente allanó una vivienda en donde fueron encontrados los dos jóvenes, así como la computadora desde la cual se había escrito.
Al ser indagado, Miguel de P. asumió la responsabilidad de lo sucedido, ya que aseguró que utilizó la conexión de internet de su sobrino.
Además, el ahora detenido argumentó que lo hizo como parte de «una broma».
Miguel aseguró que él creó la cuenta de twitter para «ganar gente que lo siga y que la gente comente, que sea algo de humor» y destacó que su sobrino Walter no había tenido ninguna participación.
«Se pudo determinar que Miguel fue quien en principio publicó distintos mensajes intimidatorios a través de la red social Twitter, habiendo utilizado su propio correo electrónico para la creación de la cuenta», sostuvo Servini de Cubría en el fallo.
«No puede negarse la intervención de Walter en los hechos denunciados, puesto que fue desde su domicilio particular de donde se enviaran muchos de los mensajes intimidatorios», añadió.
Más allá que Walter no fue quien escribió los tuits, para la jueza es «innegable su conocimiento y participación en el hecho investigado al facilitarle a Miguel los medios necesarios para continuar con la publicación de mensajes intimidatorios».
«El proceder de Miguel mantiene una perfecta entidad para intimidar al público en general, crear miedo y causar daño y más aún, si se pondera premeditación, reiteración y difusión en tan corto espacio de tiempo», sostuvo la jueza.
Miguel de P. fue procesado con prisión preventiva por ser autor del delito de intimidación pública agravado por las disposiciones del artículo 41 de la ley 26.734 que eleva la pena mínima, dos años, y máxima, seis años, al doble.
En tanto, que Walter lo fue como partícipe necesario del mismo delito y sin prisión preventiva.
