El juez federal Luis Rodríguez rechazó esta semana el pedido de diputados del kirchnerismo para que se le prohíba la salida del país o bien se le retire el pasaporte al ex ministro de Energía Juan José Aranguren, ante el posible peligro de fuga en la causa que se lo investiga por la compra de gas a Chile y favorecer a la empresa Shell de la cual era accionista al momento de asumir su cargo.

Los diputados Rodolfo Tailhade y Martín Doñate habían reclamado luego de ser Aranguren desvinculado de su cargo que el juez dispusiera secuestrarle el pasaporte al ex funcionario, que le impidiera obtener uno nuevo hasta que finalice la investigación y, además, que se le impusiera la obligación de solicitar permiso en caso de querer salir del país.

Aranguren es investigado por la compra de gas a Chile, lo que habría ocasionado -según los denunciantes- un perjuicio al Estado Nacional y, sobre todo, porque la operacion fue con la empresa Shell en donde el entonces funcionario tenía acciones incluso al momento de asumir como ministro.

Tailhade y Doñate aseguran que existe peligro de fuga puesto que Aranguren tiene los medios para lograrlo ya que él mismo hizo declaraciones en donde ratificó que tiene parte de su patrimonio en cuentas bancarias en el exterior, concretamente en Holanda y Estados Unidos.

«Esa situación (sus activos en el extranjero y con fácil acceso a ellos), combinada con que ha sido un agente de intereses anglo-holandeses trabajando en nuestro gobierno, le permitiría quedar fuera del rango de tiro de la Justicia Argentina con gran facilidad», argumentaron.

Además, recordaron que tanto la Cámara Federal como el juez Rodríguez, ante quien hicieron esta presentación, consideraron que el ex ministro Julio De Vido está preso porque el cargo que ocupaba como diputado nacional podía darle el poder de obstaculizar la investigación por la cual se lo acusa de administración fraudulenta de fondos para el yacimiento carbonífero Río Turbio.

«El ministro Aranguren tuvo a su disposición todos los documentos originales que pudieran comprometer su responsabilidad penal en los hechos denunciados, con lo cual, y habida cuenta de que nadie está obligado a declarar contra sí mismo, podría simplemente mentir y decir que no posee tal o cual información o peor, haber destruido cualquier prueba que lo comprometiera», justificaron.

Pero el juez Rodríguez, en línea con la fiscalía, rechazó el planteo teniendo en cuenta que Aranguren «se ha sometido voluntariamente a este proceso, constituyendo domicilio e incluso brindando las explicaciones y poniéndose a disposición de los estrados».

«Nótese que los juicios hipotéticos y conjeturales efectuados para avalar la restricción promovida, exceden el marco jurídico del Estado de Derecho en el cual se envuelve este proceso», explicó.

Hace unas semanas, y cuando aún era ministro, Aranguren volvió a presentar un descargo por escrito solicitando ser sobreseído y que se le cierre la causa: el texto está a estudio del juez Rodríguez, quien debe tomar una determinación.

Fuentes del caso aseguran que no queda medida por cumplir sino sólo la decisión del juez para sobreseerlo o no, aunque ahora se agrega un nuevo factor que es que Aranguren dejó de ser funcionario del gobierno nacional.