Sólo 7 de 63 grandes causas de corrupción investigadas por la Justicia argentina en las últimas 2 décadas terminaron con condenas, según una de las conclusiones a las que llegó el Observatorio de Corrupción de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij).
Las sentencias son, en promedio, por 5 años de prisión y la mayoría de los grandes casos de corrupción fueron excarcelables por diferentes motivos, de acuerdo con el trabajo publicado hoy por el diario La Nación.
Desde esta óptica, las condenas de Carlos Menem, Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, Domingo Cavallo, Felisa Miceli y María Julia Alsogaray resultaron una excepción y se encuadran en poco más del 10% de las investigaciones que se instruyen en los tribunales de Comodoro Py.
Algunos ejemplos son las condenas menores a 3 años, como sucedió en la investigación por las dádivas que recibió el ex funcionario kirchnerista Jaime; o el amparo que otorgan los fueros parlamentarios, como sucedió con el ex presidente Menem, con sentencia por el tráfico de armas y por el pago de sobresueldos.
Sólo uno. Jaime, ex secretario de Transporte, pasa sus días en el penal de Ezeiza por este tipo de causas, en tanto que cumplieron parte de su condena en prisión María Julia Alsogaray, Carlos Menem y Víctor Alderete, entre otros.
Los pocos funcionarios condenados en las causas de corrupción gozaron de una celeridad judicial: los casos se resolvieron, en promedio, en seis años. El resto, la mayoría de los grandes escándalos, pueden sufrir demoras de hasta 18 años, según el análisis de las conclusiones.
El 75% de los casos más resonantes todavía continúan en trámite, tales los datos de ACIJ y sólo el 15% de las investigaciones llegó a la etapa de juicio oral.
Se menciona como ejemplo la investigación por el pago de sobornos de la empresa Skanska, el primer gran escándalo del kirchnerismo, cuyo expediente lleva más de una década en los despachos de Comodoro Py. La causa había sido cerrada en 2011, con el sobreseimiento del ex ministro Julio De Vido, pero fue reabierta en abril pasado por la Cámara de Casación.
