La auditoría de la Dirección Nacional de Vialidad hecha por el propio macrismo destroza la mayoría de las acusaciones lanzadas contra Lázaro Báez desde la fiscalía y sobre todo desde los medios. Una lectura a fondo de las 33 páginas del documento confirma la conclusión general de la Unidad de Auditoría Interna, que sostiene que “no se evidencian deficiencias constructivas de relevancia, como así tampoco tareas que hayan sido certificadas sin ejecutarse, salvo unos pocos casos puntales que se detallan”. O sea que las obras se hicieron bien y no se cobró nada que no se hubiera hecho, ya que no se emitieron certificados de finalización de trabajos que no estuvieran terminados.
Con esos certificados es que las constructoras realizan los trámites de cobro. En el terreno mediático se quiso dejar la impresión que gran parte de las obras no fueron terminadas, pero el informe indica que en algunos casos se paralizaron en noviembre de 2015 a raíz de que se frenaron los pagos, en otros se terminaron en un noventa por ciento y en otros el mismo texto indica que estaba justificada la paralización. Por ejemplo, porque no se había concretado una expropiación de terrenos, algo que no estaba en manos de las empresas de Báez sino del gobierno provincial. Las empresas de Báez se portaron exactamente como otras contratistas que tienen obras inconclusas y paralizadas, con porcentajes aún menores de avance. Los encargados de la auditoría tampoco encontraron sobreprecios y fueron elogiosos con la calidad de las obras.
El uso de la auditoría de Vialidad en la causa judicial es grotesco por varias razones:
En primer lugar, porque no se trata de una pericia. Es un estudio hecho por funcionarios que trabajan bajo el mando de Javier Iguacel, ex candidato a intendente de Cambiemos en Capitán Sarmiento. O sea que no es una pericia en la que las partes tienen control y participación, sino un trabajo a cargo de la estructura del PRO. El texto lo firman los ingenieros Justo Romero y Marín González Oría, y el contador Marcelo Bianchi.
La auditoría se hizo únicamente respecto de Santa Cruz, es decir que estuvo direccionada. No importaron las demás 23 provincias del país ni la ciudad de Buenos Aires porque el objetivo era condenar al kirchnerismo, no investigar la obra pública.
La auditoría se centró en las empresas de Báez y no en las cuarenta constructoras que participaron de licitaciones y consiguieron más adjudicaciones que el constructor santacruceño. En las otras empresas que actuaron en Santa Cruz se verifica exactamente el mismo comportamiento que en las empresas de Báez.
En la misma línea, la auditoría se concentró únicamente en la construcción de rutas y no se indagó sobre el resto de la obra pública. Todo estuvo direccionado.
Aún así, el informe de los auditores refuta la mayoría de las acusaciones.
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