“En diciembre del año pasado ingresamos al Concejo Municipal dos proyectos de ordenanzas con el objetivo de empezar a regular el mercado inmobiliario y evitar los abusos que sufren los inquilinos”, sostuvo Artola.
“Lo venimos diciendo desde hace un tiempo largo, los precios de los alquileres y las viviendas vienen aumentando muy por encima del poder adquisitivo medio y el costo de vida. Esto se explica por la total desregulación del mercado inmobiliario y la falta de instrumentos que defiendan los derechos de los inquilinos y a las familias que están en emergencia habitacional”.
Los dos proyectos se presentaron en el marco de la iniciativa llamada “ni gente sin casas, ni casas sin gente”, que lanzó la agrupación local Rosario para la Victoria y apunta a generar una respuesta a la problemática habitacional en Rosario.
El primero de los proyectos consiste en la creación de una defensoría pública del inquilino. “Con este proyecto buscamos contar con una herramienta superadora que nos permita defender de manera efectiva los derechos de los inquilinos frente a los abusos de las inmobiliarias”, explicó Artola.
“Se trata de crear una nueva herramienta con una capacidad de intervención que vaya más allá del asesoramiento o el carácter informativo, y asuma la facultad de control, sanción, mediación y de llevar adelante demandas procesales en defensa de los derechos de los inquilinos de manera gratuita cuando la naturaleza del conflicto así lo requiera”, agregó.
En este sentido, el proyecto de ordenanza define como atribuciones de la defensoría pública del inquilino: promover y defender los derechos de los inquilinos frente a los actos abusivos, irregulares, arbitrarios, ilegítimos o discriminatorios; brindar asesoramiento jurídico gratuito y asistencia a las personas que alquilan; ofrecer una instancia de mediación y conciliación voluntaria para problemas suscitados entre inquilinos, propietarios e inmobiliarias; dar curso de acción legal y llevar adelante demandas procesales cuando las circunstancias del conflicto así lo ameriten; fijar un marco común para toda la ciudad de Rosario sobre el tipo y la cantidad de garantías a solicitar a los inquilinos al momento de firmar un contrato.
El segundo proyecto de ordenanza promueve la creación de una tasa al inmueble ocioso. A través de la creación de una tasa sobre los inmuebles que permanezcan seis meses consecutivos deshabitados se busca promover la incorporación al mercado de los inmuebles ociosos, con el fin de equilibrar las relaciones entre oferta y demanda.
“La tasa sobre el inmueble ocioso forma parte del desafío de crear herramientas, desde las atribuciones propias del Estado local, que tiendan a equilibrar las relaciones entre oferta y demanda en materia habitacional, como existen en muchas grandes ciudades del mundo. Ampliar la oferta, a la vez, impacta en la regulación de los precios”, explicó Artola.
Y agregó: “Esperamos que ambos proyectos tengan un tratamiento inmediato en el Concejo Municipal e invitamos a todos los sectores a acompañar estas iniciativas, para que de una vez por todas contemos con herramientas que nos permitan defender de manera efectiva los derechos de los inquilinos y tener instrumentos que comprometan al Estado municipal a trabajar por el derecho de todos a una vivienda digna”.
