Por Esteban Guida
Aunque el Banco Central de la República Argentina (BCRA) todavía no publicó los últimos datos relativos a su Balance del año 2017, las estimaciones preliminares, que se suman a la información existente del 2016, primer año de la gestión macrista al frente de la entidad, permiten analizar algunos resultados alarmantes.
Al momento de explicar el fracaso de la política antiinflacionaria, los voceros de Cambiemos suelen repetir que “el gobierno ha logrado bajar la tendencia inflacionaria”. Sin embargo, esta excusa “nivel inicial” no explica el motivo por el cual la autoridad monetaria sobrepasó ampliamente las metas que se autoimpuso los dos años de su gestión, ni el hecho aún más significativo de los costos que cargó a cuenta del estado argentino por esta fracasada obsesión monetarista.
Como ha quedado de manifiesto, el BCRA pretende controlar la inflación incentivando al mercado financiero a colocar los pesos en activos emitidos por la propia entidad, lo que pretende frenar la inercia inflacionaria por la vía de una menor actividad económica y por lo tanto una menor demanda agregada.
Pero esto no se trata solamente de la aplicación de recetas y teorías económicas. El hecho a destacar es que esta idea sostenida a rajatabla (a pesar de los fracasos y de la abundante evidencia en su contra) le ha significado al estado argentino un costo aproximado de 21.000 millones de dólares en tan sólo dos años de gestión. El dato surge de una estimación de los intereses pagados en pesos por las Lebacs emitidas por el BCRA durante los años 2016 y 2017 convertidos por su respectivo tipo de cambio, monto que desde luego no tiene en cuenta las pérdidas en términos macroeconómicas producto de la caída del producto, el consumo y la desinversión.
Frente a tamaña “bola” de intereses, los veceros de Cambiemos suelen decir que el BCRA cuenta con los dólares de respaldo y que una devaluación puede revertir el desbalance de la entidad. El hecho es que esta erogación salió del estado (el BCRA) y fue a manos de los inversores financieros que aprovecharon la fiesta servida en bandeja por el gobierno para quienes apostaran a la renta en detrimento de la producción real.
La cifra en pesos del costo de la política antiinflacionaria es tan grande que parece ficción, pero convertida a dólares, ayuda a comprender su dimensión, la que bien se asemeja a la estatización de la deuda privada perpetrada durante la última dictadura cívico militar (1976-1983), y asumida y legitimada durante los gobiernos democráticos de Ricardo Alfonsín y Carlos Menem, por los poderes que aún se encuentran sigilosos (y no tanto) en dominio y uso del estado para sus propias apetencias.
Mientras los inversores siguen disponiendo de total libertad para convertir a dólares las ganancias que llegaron al 38% anual (sí!! 38% anual) y colocarlas en cualquier parte del mundo, el conjunto de los argentinos se enfrenta a la cruda realidad de ajustar las cuentas públicas debido a que con una Cuenta Corriente crónicamente deficitaria, quedan pocas ollas “públicas” por rascar.
Es esquema montado por Cambiemos está claramente dispuesto para que unos pocos obtengan beneficios extraordinarios gracias al accionar de un estado que sirve para garantizar el éxito de negocios que en pocas partes del mundo se pueden obtener con tanta facilidad e impunidad.
La divulgación oficial del Balance 2017 del BCRA podrá confirmar o rectificar la suma estimada que la entidad pagó en concepto de intereses, pero no podrá ocultar un nuevo negociado que sirve a unos pocos a costa del conjunto de los argentinos.
Esteban Guida
