Los archivos de la dictadura se desclasificaron en 2010, pero denuncian que la gestión de Milei no los entrega
El Gobierno nacional anunció este lunes, con bombos y platillos, la desclasificación de archivos de la última dictadura, algo que ya se hizo hace quince años. La ex interventora de la AFI, Cristina Caamaño, dijo a Conclusión que la documentación estaba a disposición de quien la pedía, aunque señaló que la gestión de Milei dejó de entregarla.
El gobierno de Javier Milei anunció que desclasificará todos los archivos de la última dictadura cívico-militar, los cuales dan cuenta del accionar de las Fuerzas Armadas y de asociaciones “guerrilleras” entre 1976 y 1983. Sin embargo, estos documentos dejaron de ser confidenciales hace quince años y quien lo solicitaba podía acceder a ellos.
El 5 de enero del 2010, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó el Decreto Nº 4/2010, donde le quitó la clasificación de seguridad a “toda aquella información y documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas durante el período comprendido entre los años 1976 y 1983, así como a toda otra información o documentación, producida en otro período, relacionada con ese accionar”.
En el 2015, Fernández de Kirchner también dispuso que, en el marco de los juicios por delitos cometidos durante la dictadura, las víctimas sobrevivientes, los familiares de personas desaparecidos o asesinadas y los organismos de Derechos Humanos puedan acceder a información de la Secretaría de Inteligencia de Estado (Side).
Además, en el 2021 la entonces interventora de la Side -organismo que en ese momento se llamaba Agencia Federal de Inteligencia (AFI)-, Cristina Caamaño, encontró 250.000 fichas y legajos y conformó una mesa de trabajo con organismos de Derechos Humanos para relevar esta información, con la esperanza de dilucidar dónde estaban los desaparecidos y los bebés robados.
En definitiva, el anuncio del gobierno de Milei sólo implicaría pasar los archivos desde la Side al Archivo General de la Nación (AGN), un organismo que fue desmantelado en los últimos meses.
“Ya está todo a disposición de quien lo pida”
Conclusión habló con la ex interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien apuntó: “La desclasificación ya está dada desde mi gestión (lo ordenó el ex presidente Alberto Fernández) y estaba todo a disposición de quien lo pedía, lo que pasa es que ahora no lo entregan más, no cumplen y salen a decir que desclasifican ellos. Además, teníamos convenio con la Casa de la Moneda para digitalizar las mas de 250.000 microfilm encontrados, pero el Gobierno cerró este organismo. El anuncio es puro humo”.
“Cuando asumí -continuó- pusimos gente a responder los oficios judiciales, que casi no se contestaban, y entregamos a los organismos de Derechos Humanos y Madres de Plaza de Mayo todo lo que había sobre el espionaje ilegal a ellas durante la dictadura”.
“Los 250.000 microfilm se empezaron a digitalizar, pero luego este Gobierno cerró la Casa de la Moneda, así que supongo que eso no continúo, es un trabajo que habíamos dicho que iba a llevar entre 8 y 10 años”, señaló Caamaño.
La ex funcionaria dijo desconocer cómo será el traspaso de archivos desde la Side al Archivo General de la Nación, y, al ser consultada por el motivo de este cambio, observó: “No sé qué se gana, supongo que se sacan un tema de encima”.
“Los archivos se venían desclasificando desde la época de Néstor. Cada persona de manera individual nos podía escribir si quería saber si había algo de ella, y le entregábamos el material”, explicó Caamaño, quien además precisó que las 250.000 fichas se encontraron en un sótano, pero faltaban “once archiveros, que son unos escritorios para poner fichas”, por lo que se podría presumir que hay información que fue sustraída a lo largo de las últimas cinco décadas.
Efecto motosierra: ¿quién trabajará en el archivo?
Hace casi un año el ministro de Defensa, Luis Petri, anunció el cierre de los Equipos de Relevamiento y Análisis (EryA) y despidió a casi todos sus trabajadores. Estos cuerpos -que se crearon gracias al decreto Nº 4/2010- se encargaban de investigar archivos de las Fuerzas Armadas, los cuales fueron claves para esclarecer abusos sexuales cometidos contra mujeres que estaban detenidas de forma clandestina o identificar los aviones que se usaban en los “vuelos de la muerte”, en los cuales se tiraba a personas vivas en el mar.
Este lunes, minutos después del anunció de la supuesta desclasificación, trabajadores del Espacio de Memoria y Derechos Humanos que funciona dentro del ex centro clandestino de tortura de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) se preguntaron quién se encargará de hacer este trabajo y objetaron: “Echaron a todo el personal especializado en ese tema y el Archivo Nacional de la Memoria ahora lo dirige Natalia Oriolo, experta en criptomonedas”.
El ex titular de la AFI, Agustín Rossi, pidió que se haga “una auditoría externa” de toda la documentación de inteligencia de la época de la dictadura que se trasladará de la Side al Archivo General.
En concreto, el ex funcionario pidió que se controle que todo lo que salga de la Side y llegue al Archivo General. “No sea que en medio de todo esto desaparezcan cosas”, alertó.
“Si dicen que van a ser tan transparentes, que inviten a los organismos de Derechos Humanos a que hagan un relevamiento previo y posterior al traslado de cualquier documentación”, dijo Rossi en declaraciones radiales.
¿Qué dice el decreto del 2010?
La desclasificación de archivos se dio en el marco de la reapertura de causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado, lo que derivó en el “requerimiento de una gran cantidad de información y documentación relacionada con el accionar de las Fuerzas Armadas”.
Los considerandos del decreto apuntaron que parte de esta información estaba “referida a las actividades de Inteligencia”, las cuales estaban protegidas por ley. “Mantener clasificaciones de seguridad de carácter no público, respecto de información y documentación relativa al accionar de las Fuerzas Armadas durante la vigencia del terrorismo de Estado, resulta contraria a la política de Memoria, Verdad y Justicia que el Estado Argentino viene adoptando desde el año 2003”, indicó el reglamento.
“El accionar de las Fuerzas Armadas durante la vigencia del terrorismo de Estado demuestra que la información y/o documentación clasificada con carácter no público no estuvo destinada a la protección de intereses legítimos propios de un Estado democrático sino que, por el contrario, sirvió como medio para ocultar el accionar ilegal de gobierno de facto. No es posible seguir consintiendo la inaccesibilidad de estos archivos argumentando el carácter de ‘Secreto de Estado’ o cualquier otra clasificación de seguridad que impida el conocimiento de la historia reciente cercenando el derecho de la sociedad a conocer su pasado”, apuntó la normativa.
Además, se entendió que limitar el acceso a la información y documentación podría obstaculizar la investigación y afectar la sanción de los responsables, provocando que el Estado Argentino no cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos. Por lo tanto, se decidió “limitar la información protegida con la clasificación de seguridad, asegurando que sea secreto aquello que verdaderamente deba serlo”.
“Desde el Estado corresponde relevar el secreto y la confidencialidad de la información que pueda favorecer al conocimiento integral de los hechos vinculados con violaciones a los derechos humanos”, cerró el decreto.