El Gobierno de España impulsa un proyecto para reducir la jornada laboral: ¿de qué se trata?
La medida responde a una de las promesas que habían erigido el PSOE y Sumar en su pacto de Gobierno. No obstante, necesitarán respaldos en el Parlamento, por lo que tendrán que negociar.
El Gobierno de España envió este martes al Parlamento un proyecto que busca reducir la jornada laboral de 40 horas a 37 y media, una medida que cuenta con un amplio respaldo social pero con la oposición de parte de los sectores patronales. Falta que las negociaciones avancen en el ámbito legislativo para terminar de cosechar los votos necesarios para la aprobación.
Puntualmente, la iniciativa intenta modificar el artículo 34.1 del Estatuto de los Trabajadores, que desde 1983 dice: «La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual». Dicho texto tendría cambios para que el número se reduzca a 37,5 horas por semana.
La medida responde a una de las promesas que había erigido el PSOE y Sumar en su pacto de Gobierno. No obstante, entre ambos espacios no llegan a los votos necesarios para aprobar la medida en el Parlamento y requieren el respaldo de otros partidos, que quieren negociar el texto de la norma.
Frente a este escenario, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, salió a manifestar que el principal objetivo es bajarle la jornada laboral a 12 millones y medio de trabajadores, por lo que «todo está dentro de los márgenes de lo negociable».
Según reconstruyó El País de España, el PP ya anticipó que tiene intenciones de rechazar la propuesta porque -si bien tiene aval sindical- no cuenta con el apoyo de una parte del empresariado. En esa ecuación gana peso la voluntad de Junts. El grupo de Carles Puigdemont sostiene que la iniciativa del Gobierno es un «ataque frontal a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas de Cataluña».
Junts había marcado este lunes, a través de su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, que se habían encontrado con la puerta cerrada al momento de querer negociar algunos tramos del proyecto oficialista, algo que Díaz quiso dejar descartado con sus manifestaciones de este martes.
«Ya no hay vuelta atrás. Esta norma llega a la casa de la democracia. El Gobierno de España ha cumplido, con el presidente a la cabeza. Ahora tiene que hablar la soberanía popular. Vamos a tener la oportunidad de saber qué va a hacer cada formación política», interpeló la ministra de Trabajo.
Díaz, en clara estrategia para mover la balanza a favor de la iniciativa, apuntó directamente al PP. Es que una encuesta del Instituto 40dB de enero de 2024 expuso que solo el 25% de los que apoyan a ese partido rechazan la reducción de la jornada de trabajo.
«Veremos si algo que está ganado en la calle se rompe después en el Congreso de los diputados. La responsabilidad es mayúscula», aseveró la ministra de Trabajo española.
Desde el oficialismo confían en que la negativa inicial de Junts quedará en el olvido luego de que avancen las negociaciones formales en el Parlamento y se termine alcanzando un acuerdo. En el Gobierno creen que si se recuperan las ayudas a pymes que ya había ofrecido el Ministerio de Trabajo y se incorporan al proyecto, puede haber un primer acercamiento a la oposición, aunque saben que deberán ir más a fondo para convencer a los espacios más reacios.
El partido nacionalista de derecha, PNV, mostró en su momento cierta simpatía por el proyecto, pero últimamente se mostró más cauto porque la norma no cuenta con el respaldo empresarial. Por su parte, los nacionalista de izquierda sí adelantan que acompañarán la reducción, aunque dijeron que estarán atentos a que las negociaciones no terminen cediendo por demás ante la presión patronal, algo que los podría llevar a reevaluar su posicionamiento.
A la vez, Podemos y sus cuatro diputados afirman que la reducción de jornada que plantea Díaz es «modesta e insuficiente», porque solo reduce de 40 a 37 horas y media la carga semanal mientras es vendida ante la opinión pública como una política que ayudará al conjunto de los españoles a los que «no les da la vida y apenas ven a sus hijos». De igual forma, entienden que no deja de ser un avance y se posicionaron favorablemente ante la iniciativa.