Látigo sin billetera: cambios en la ley de Financiamiento Educativo para disciplinar a las provincias

El Gobierno nacional modificó por decreto la Ley N.º 26.075 de Financiamiento Educativo para introducir cambios que permitirán redefinir el uso de fondos asignados a las provincias en el marco del sistema educativo nacional, en una medida que podría incidir en las relaciones fiscales con las jurisdicciones.

Según lo dispuesto en el Decreto 341/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se introducen modificaciones al artículo 9 de la normativa vigente, habilitando a la Secretaría de Educación de la Nación a establecer un mecanismo de «reasignación» de fondos en caso de que alguna provincia -o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- no cumpla con los requisitos necesarios para su utilización.

Es decir, se arroja el establecimiento de los requisitos y el castigo económico para quien, a su criterio, no los cumpla. Lo curioso -o no- es que se trata del mismo Gobierno que incumple la ley de Financiamiento Educativo sancionada durante el mandato de Néstor Kirchner, que estableció que la inversión nacional en la materia debía alcanzar -de modo progresivo- el 6% del PBI.

De acuerdo a los datos publicados por la ONG Argentinos por la Educación -insospechada de populismo- en términos del PBI la inversión nacional en educación en 2025 será del 0,88%, por debajo de lo invertido en 2024 (0,91%) y 2023 (1,48%).

El decreto, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, establece que, cuando las jurisdicciones destinatarias no presenten los proyectos educativos requeridos o incumplan los criterios establecidos para el uso de los recursos, los mismos podrán ser redistribuidos por la autoridad nacional a otras provincias que sí cumplan con esos lineamientos.

La medida también refuerza el rol de control del Ministerio de Capital Humano a través de la Secretaría de Educación y busca -según el texto oficial- “mejorar la eficiencia y equidad en el uso de los recursos públicos destinados a la educación”.

La Ley 26.075, sancionada en 2005, establece metas de inversión progresiva en educación por parte del Estado nacional y las provincias, y fija un piso del 6% del PBI destinado al sector. El Gobierno de Milei estableció para este año apenas un 0,88% del PBI para invertir en educación, lo cual muestra la relevancia que le da a la materia.

Paralelamente, en otro decreto, limita el derecho a huelga de los trabajadores del magisterio al declarar esencial la actividad, por lo que se debe garantizar un 75% la prestación del servicio. Es decir, se trata de un actividad “esencial” a la hora de limitar el derecho a huelga, pero no en materia de inversión pública, que la actual gestión llevó a su mínimo histórico en los últimos 25 años.

La modificación ocurre, además, en un contexto de fuertes tensiones entre el Gobierno central y los gobernadores por los recursos coparticipables, y en medio de un ajuste del gasto público promovido por la administración de Javier Milei.