La Justicia ordena al Gobierno actualizar las becas Progresar para adolescentes
Un fallo judicial dio lugar a un amparo colectivo que obliga al Estado a cumplir con lo dispuesto en la Ley 27.726 sobre el programa Progresar. La decisión exige mejoras en los montos asignados, el proceso de inscripción y la difusión del beneficio para jóvenes de 15 a 17 años.
- Info general
- Jun 17, 2025
El Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 11, a cargo del juez Diego Martín Cormick, hizo lugar a un amparo colectivo impulsado por la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes contra el Ministerio de Capital Humano. La medida busca garantizar el acceso equitativo de adolescentes de entre 15 y 17 años a las becas Progresar, ordenando al Gobierno nacional actualizar los montos conforme a la Ley 27.726 y asegurar condiciones adecuadas de inscripción, difusión y acompañamiento del programa.
El expediente, caratulado “Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes c/ EN-M Capital Humano-DNU 8/23 s/Amparo Ley 16.986” (CAF Nº 21980/2024), reclama que se ordene al Poder Ejecutivo actualizar los montos de las becas establecidas en la Ley 27.726 y se garanticen condiciones adecuadas de inscripción, difusión y acompañamiento para los beneficiarios.
Entre las medidas solicitadas se destaca la necesidad de asegurar la publicidad de las convocatorias, establecer canales accesibles para la inscripción y eliminar requisitos que no se encuentren expresamente contemplados en la normativa vigente.
En una resolución firmada el 1° de abril pasado, el juez Cormick declaró la admisibilidad del caso como proceso colectivo, conforme a lo establecido por la Acordada 12/16 de la Corte Suprema. En ese marco, se dispuso la publicación del edicto durante tres días consecutivos en un medio de amplia difusión y en el Boletín Oficial.
Asimismo, se otorgó un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a la última publicación, para que las personas interesadas puedan adherir al proceso, tanto en calidad de actores como de eventuales demandados.

