La Corte Suprema rechazó un planteo de directivos en la causa Correo, que involucra a Macri
El máximo tribunal no hizo lugar una queja de dos directivos de Correo Argentina SA, la empresa de la familia del ex presidente a la cual el mandatario le había perdonado el 98% de una deuda con el Estado.
La Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso presentado por la defensa de dos directivos del Grupo Macri, quienes pretendían apartar a dos jueces de la Cámara Federal porteña en el marco de la causa penal conocida como “Correo Argentino”, que investiga presuntas irregularidades en un acuerdo firmado entre el Estado nacional y la empresa controlada por la familia del ex presidente Mauricio Macri, cuando éste era presidente.
Los directivos Jaime Cibils Robirosa, presidente de Correo Argentino S.A., y su abogado Jaime Kleidermacher, ambos imputados, habían recusado a los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico por “temor de parcialidad”. Argumentaron que ambos magistrados tendrían “enemistad manifiesta” con el ex mandatario, lo cual, según los acusados, se extendería hacia ellos.
Los representantes del Grupo Socma (Sociedades Macri, fundada por el fallecido padre del ex presidente, Franco) cuestionaron la imparcialidad de Farah por haber denunciado supuestas presiones del gobierno macrista. En cuanto a Boico, se señaló que, antes de ser juez, defendió a funcionarios kirchneristas, incluyendo a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La recusación fue rechazada en primera instancia por la Cámara Federal y luego ratificada por el juez de la Cámara de Casación Penal, Javier Carbajo, quien sostuvo que la defensa no logró demostrar objetivamente el temor alegado. Finalmente, el máximo tribunal desestimó la queja por no dirigirse contra una sentencia definitiva o equiparable.
La causa penal, que tramita desde 2017 en el juzgado del juez federal Ariel Lijo, también involucra al ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y al ex titular de Asuntos Jurídicos de esa cartera, Juan Manuel Mocoroa. Los cuatro están acusados por un acuerdo celebrado en 2016 entre el gobierno de Macri y Correo Argentino S.A. -la empresa de Macri-, que preveía condonaciones que, de acuerdo al dictamen de la fiscal Gabriela Boquin, licuaban el 98,87% de la deuda de la empresa con el Estado.
Es decir, Macri se perdonaba su propia deuda. El Correo Argentino fue privatizado durante los gobiernos de Carlos Menem en la década de los 90 como parte de lo que entoneces se denominaba «reformas estructurales«, que consistía en enajenar bienes públicos a manos de privados. La concnesión de la empresa estatal quedó para el Grupo Socma, de Franco Macri, pero a poco de andar se desilusionó con el negocio y dejó de pagar el canon mensual acordado en los pliegos de la licitación. Esa deuda es la que Macri intentó perdonarle a Macri, según la fiscal Boquin.
La fiscalía calificó el acuerdo como “ruinoso” y “abusivo”, y logró frenar su ejecución. La causa sigue en etapa de instrucción.