Fiscales y defensores santafesinos advierten que la reforma constitucional les quita independencia: denuncian supremacía de «la política»
Las asociaciones que los reúnen difundieron un comunicado que expresa su “profunda preocupación” por el dictamen de Unidos en la Convención constituyente que establece cambios en ambos órganos.
Las asociaciones que agrupan a los Defensores Públicos y a los Fiscales de la provincia de Santa Fe emitieron un comunicaron en el que afirman que “observan con profunda preocupación el dictamen de mayoría de la Comisión de Poder Judicial y otros órganos constitucionales” de la Convención reformador de la Constitución, que corresponde al frente oficialista Unidos, atento a que recorta la independencia de ambos órganos y la remoción de los funcionarios queda a cargo de un Tribunal de Enjuiciamiento con supremacía de sectores políticos.
“Las reformas diseñadas en el dictamen de la mayoría golpean la independencia del Poder Judicial y los Ministerios Públicos, en tanto atacan su imparcialidad funcional y favorecen la selección y remoción de los jueces, fiscales y defensores por órganos de marcada superioridad política, implicando presiones de los grupos partidarios, ocasionalmente mayoritarios”, dice el comunicado en uno de sus párrafos.
Agrega que en el dictamen de Unidos existen “diversas disposiciones que, de quedar así resueltas en el texto definitivo, importarán vulneraciones a la autonomía del Ministerio Público y que pueden generar, ya desde un inicio, un claro riesgo a la independencia de fiscales y defensores integrantes del nuevo organismo constitucional”.
El despacho de mayoría de la comisión de Poder Judicial y otros órganos constitucionales que firmaron los convencionales de Unidos, y que se convertirá en la letra de la nueva constitución, crea un Ministerio Público bicéfalo, constituido por un Ministerio Público de la Acusación (fiscalías) y uno de la Defensa penal, independientes entre sí.
El texto define que “el Ministerio Público es un órgano independiente de los otros poderes del Estado, con autonomía funcional y autarquía financiera”, pero tanto a la hora de definir cómo se seleccionarán jueces, fiscales y defensores como a la de establecer el mecanismo de su remoción en caso de mal desempeño o comisión de un delito, las asociaciones denuncian la injerencia del sector político.
El polémico dictamen mayoritario crea un Consejo Asesor de Selección de la Magistratura y del Ministerio Público que funcionará en la órbita del Poder Ejecutivo y tendrá como función organizar la selección de jueces, fiscales y defensores en ternas que serán elevadas al gobernador para que luego las someta al voto de la Asamblea Legislativa.
Dice el texto del oficialismo: “Está integrado por un representante del Poder Judicial, del Ministerio Público de la Acusación o del Ministerio Público de la Defensa teniendo en cuenta el órgano de la vacante a cubrir; un diputado; un senador; un abogado matriculado en los Colegios de la Abogacía con asiento en la orovincia; y un académico perteneciente a Universidades Públicas con sede en la provincia con especialización en materia afín al cargo concursado”.
En cuanto a la remoción, Unidos plantea en su despacho de mayoría que los funcionarios “son enjuiciables por la comisión de faltas graves por ante un Tribunal de Enjuiciamiento de la Magistratura y del Ministerio Público integrado por un magistrado, fiscal o defensor, según corresponda; dos senadores y dos diputados elegidos por la Asamblea Legislativa con representación plural y dos abogados matriculados en los Colegios de la Abogacía con asiento en la Provincia. Ninguno de sus integrantes percibe retribución por su tarea”.
Eso es lo que cuestionan las asociaciones de fiscales y defensores en el comunicado, en el que afirman que “el actual intento de politización y desmerecimiento de las capacidades técnicas de quienes tienen que ejercer cotidianamente el servicio de justicia, atenta contra la eficacia y eficiencia del sector, provocando una disminución cualitativa de las respuestas al ciudadano, así como puede fomentar la implementación de medidas demagógicas, en detrimento de las opciones jurídicas”.
“Es ocasión también -agrega- de señalar que el dictamen de la mayoría desoye las recomendaciones de todos los integrantes del sistema de justicia. Los Colegios de Abogados, y las Asociaciones profesionales que nuclean a jueces, fiscales y defensores se han presentado ante la Convención y reclamado por la despolitización del sistema de Justicia”. Es decir, la Convención escuchó, pero no tomó esas recomendaciones.
Por último, recuerda que “los órganos que integran el sistema internacional de los derechos humanos también han advertido concretamente sobre los riesgos que involucra una modificación como la pretendida por el dictamen mayoritario”, y afirma que “estas propuestas infringen la Constitución Nacional que impone un sistema republicano y asegura la adecuada administración de justicia”.