Los funcionarios judiciales del fuero provincial reclamaron por los cargos no ocupados en los tribunales y señalaron que la falta de personal afecta ala funcinonarmiento del sistema de justicia, un servicio público de por sí deficiente.
El pasado jueves, un fallo del tribunal integrado por los jueces Carlos Mahiques, Ángela Ledesma y Diego Barroetaveña estuvo en el foco de la agenda pública, pero a pesar de lo que manifestó el Ejecutivo nacional, no hay ninguna precisión sobre las responsabilidades del ataque.
En dos publicaciones en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional propuso que Lijo y García Mansilla reemplacen a Elena Highton de Nolasco y a Juan Carlos Maqueda en la Corte Suprema. Ahora, las propuestas deben ser tratadas en el Senado y, para que sean aprobadas, deben tener los votos de dos tercios de los miembros presentes.
Con presencia de representantes de los tres poderes del estado, la reunión se centró en la situación de violencia que vive la ciudad de Rosario. Al termino, el gobernador sostuvo que “es importante que los poderes del Estado construyamos la mejor política de seguridad”.
Tanto fiscales como trabajadores judiciales de Rosario apuntaron que, si bien hay voluntad para la aplicación del sistema acusatorio, el fuero federal carece de la infraestructura, del personal y la capacidad necesaria para su arribo.
Grupo activista 'Sin Cadenas' realizó una presentación con el fin de que los concursos públicos para cubrir cargos de magistrados y funcionarios incluyan la perspectiva de derechos animales "ante las posturas y limitaciones que se observan día tras día".
Las iniciativas proponen cambios a la ley orgánica que regula el Ministerio Público de la Acusación; al Servicio Público de Defensa Penal (SPPD), así como modificaciones al Código Procesal Penal provincial y la creación del juicio por jurados.
Estas expresiones de la máxima autoridad de la Corte Suprema de Justicia aparecen a poco menos de una semana del balotaje presidencial.
El magistrado tomó esta decisión en el marco de una demanda promovida por el fiscal general adjunto José Luis Agüero Iturbe y, aunque aplica solamente para ese caso, se trata del segundo fallo en la misma dirección.
El Poder Ejecutivo estableció una política de "techos presupuestarios" que fija el tope que cada área y jurisdicción tiene previsto para el próximo ejercicio. La Corte Suprema pidió solo para ella unos 168.171.111.733 pesos.
La Corte Suprema había pedido que el Gobierno Nacional modifique las partidas presupuestarias para otorgar un aumento salarial a los trabajadores judiciales. Sin embargo, desde Jefatura de Gabinete autorizaron este incremento, pero indicaron que el mismo deberá pagarse con fondos del Poder Judicial, negándose así a usar recursos del Tesoro.
En esta oportunidad, está abierta la inscripción para el Entrenamiento en Dactilografía que podrá realizarse a través de [email protected], dirección de correo electrónico en la que también se podrán hacer consultas.