La Corte Suprema de Justicia le pidió a la Jefatura de Gabinete dinero para otorgar un aumento salarial retroactivo al 1° de julio pasado –que representa un alza del 6,5% para todos los trabajadores judiciales– pero desde el Gobierno se negaron a realizar este desembolso, aunque autorizaron al máximo tribunal a que utilice sus propias fuentes de financiamiento.
A pesar de negarse a modificar las partidas presupuestarias vigentes para entregar los fondos, Nación sí autorizó a que los aumentos para los trabajadores se solventen con dinero del Poder Judicial.
A través de la Nota NO-2023-105412899-APN-JGM enviada a los jueces de la Corte, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, explicó que “tal como le manifestara en mi nota de fecha 31 de mayo pasado, dando respuesta al oficio 117/2023, la crítica situación de disponibilidad de recursos financieros del Tesoro Nacional debido al contexto mundial y macroeconómico local imperante, ha requerido, en primer lugar, que cada jurisdicción atienda sus necesidades con sus propios recursos disponibles”.
“Asimismo, les he manifestado que a la hora de determinar los aumentos salariales deben considerar que los mismos impactan de igual manera en los haberes del personal del Ministerio Público Fiscal y de la Defensoría General de la Nación”, refirió el documento, y recordó que deben “ser atendidos con recursos del Tesoro Nacional, lo que tensiona la crítica situación de disponibilidad de recursos financieros, producto de la coyuntura económica generada por la sequía”.
El jefe de Gabinete recordó que el Poder Ejecutivo “ha realizado esfuerzos presupuestarios y financieros a los fines ayudar al gobierno del Poder Judicial en cabeza de la Corte Suprema de la Nación al pago de salarios y ha asistido durante el presente ejercicio al Poder Judicial” con créditos para gastos en personal por 10.000 millones de pesos.
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“La buena administración indica que la jurisdicción debe solventarse con sus propios recursos, definiendo aumentos salariales acordes a la estimación de recursos correspondiente”, advirtió Rossi.
“Es importante recordar que la Constitución Nacional manda a defender el valor de la moneda, lo cual implica no emitir para mayores gastos, sobre todo cuando hay fuentes financieras disponibles”, apuntó el jefe de ministros, en una velada respuesta al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.
Cabe destacar que, semanas atrás, Rosatti había cuestionado en un acto público la emisión descontrolada de dinero por parte del Banco Central y deslizó que esa política podría ser judicializada.
No obstante, la nota firmada por Rossi indica de dónde debería la Corte sacar los fondos para financiar los aumentos: “El Poder Judicial cuenta con recursos propios para el presente ejercicio de 426.095 millones de pesos, mientras que el total de gastos de capital y corrientes para atender con dichos recursos es de 370.708 millones, dando como resultado un superávit de 55.387 millones”.
“Por otro lado, se proyecta un excedente de recursos propios adicional al cierre del ejercicio de 24.000 millones aproximadamente. Además, la Corte Suprema cuenta con disponibilidades en cuentas bancarias y plazo fijos al 31 de julio del 2023 por 187.922 millones, según se expone en su sitio web de Datos Abiertos”, precisó la nota.
De esta manera, la respuesta de la Jefatura de Gabinete autoriza a la Corte a disponer de sus propios fondos para hacer frente a los aumentos salariales requeridos.
“El Poder Ejecutivo ha realizado esfuerzos presupuestarios y financieros a los fines ayudar al gobierno del Poder Judicial en cabeza de la Corte Suprema al pago de salarios y ha asistido durante el presente ejercicio asignando crédito para Gastos en Personal por un total de 10.000 millones” de pesos, destacó finalmente Rossi.
El gobierno no le dará más dinero a la Corte: los aumentos deberán pagarse con fondos del Poder Judicial by Conclusión TV on Scribd
