El Poder Judicial completó este lunes su pedido de presupuesto al Ejecutivo para 2024 con la sumatoria de lo establecido por la Corte Suprema para sí misma y del Consejo de la Magistratura para el resto de los tribunales nacionales y federales: casi un billón de pesos.
Según se publicó este lunes en el Boletín Oficial, la Corte Suprema de Justicia fijó su presupuesto para 2024 en 168.171.111.733 pesos.
A ese monto hay que sumarle el cálculo de necesidades que fijó el Consejo de la Magistratura para el mismo período, que trepa a 652.264.898.370 pesos para los tribunales nacionales y federales de todo el país.
El cálculo no contempla lo que cada provincia destinará a los tribunales locales, que no entran dentro de la órbita del presupuesto federal.
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Entre la Corte y el Consejo, el presupuesto del Poder Judicial asciende para 2024 a más de 820 mil millones de pesos. La cifra exacta es de 820.436.010.103 pesos.
El Poder Ejecutivo estableció una política de «techos presupuestarios» que fija el tope que cada área y jurisdicción tiene previsto para el próximo ejercicio.
El Consejo de la Magistratura precisó que, en su caso, ese tope significa un 34,4% menos que sus necesidades.
Cruces por los fondos
Este pedido de este elevado presupuesto es efectuado a solo algunos días del cruce que hubo entre el Ejecutivo nacional y los integrante de la Corte por el pago de aumentos salariales y el origen de los fondos necesarios para implementarlos.
Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia le pidió a la Jefatura de Gabinete dinero para otorgar un aumento salarial retroactivo al 1° de julio pasado –que representa un alza del 6,5% para todos los trabajadores judiciales– pero desde el Gobierno se negaron la semana pasada a realizar este desembolso, aunque autorizaron al máximo tribunal a que utilice sus propias fuentes de financiamiento.
A pesar de negarse a modificar las partidas presupuestarias vigentes para entregar los fondos, Nación sí autorizó a que los aumentos para los trabajadores se solventen con dinero del Poder Judicial.
A través de la Nota NO-2023-105412899-APN-JGM enviada a los jueces de la Corte, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, explicó que “tal como le manifestara en mi nota de fecha 31 de mayo pasado, dando respuesta al oficio 117/2023, la crítica situación de disponibilidad de recursos financieros del Tesoro Nacional debido al contexto mundial y macroeconómico local imperante, ha requerido, en primer lugar, que cada jurisdicción atienda sus necesidades con sus propios recursos disponibles”.
“Asimismo, les he manifestado que a la hora de determinar los aumentos salariales deben considerar que los mismos impactan de igual manera en los haberes del personal del Ministerio Público Fiscal y de la Defensoría General de la Nación”, refirió el documento, y recordó que deben “ser atendidos con recursos del Tesoro Nacional, lo que tensiona la crítica situación de disponibilidad de recursos financieros, producto de la coyuntura económica generada por la sequía”.
El jefe de Gabinete recordó que el Poder Ejecutivo “ha realizado esfuerzos presupuestarios y financieros a los fines ayudar al gobierno del Poder Judicial en cabeza de la Corte Suprema de la Nación al pago de salarios y ha asistido durante el presente ejercicio al Poder Judicial” con créditos para gastos en personal por 10.000 millones de pesos.
“La buena administración indica que la jurisdicción debe solventarse con sus propios recursos, definiendo aumentos salariales acordes a la estimación de recursos correspondiente”, advirtió Rossi.
“Es importante recordar que la Constitución Nacional manda a defender el valor de la moneda, lo cual implica no emitir para mayores gastos, sobre todo cuando hay fuentes financieras disponibles”, apuntó el jefe de ministros, en una velada respuesta al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.
