La Comisión de Discapacidad aprobó proyectos que piden que se restituyan las pensiones por invalidez
Las denuncias y proyectos de pedidos de informes sobre las auditorías de las pensiones no contributivas, además del rechazo, dieron centralidad a los ejes sobre los que trabajo la comisión.
La Comisión de Discapacidad de Diputados, presidida por Daniel Arroyo (UP), pasó a la firma el dictamen de distintos proyectos de resolución y declaración a traves de los cuales se peticiona al Poder Ejecutivo que interrumpa la suspensión de pensiones por invalidez y restituya aquellas que habían sido suspendidas.
Cierto es que el Ejecutivo Nacional aún no cumple con la Ley de Emergencia en Discapacidad, y desconoce la ratificación del Congreso tras el rechazo al veto presidencial. Por caso, el presidente de la Nación, Javier Milei, objetó la norma con la excusa de que instrumentar la ley implica un gasto fiscal insostenible.
Daniel Arroyo, impulsor del proyecto, advirtió que el Ejecutivo no puede desconocer esta obligación legal, y la Agencia Nacional de Discapacidad debe activar de inmediato los mecanismos para la aplicación, ya que “una ley es de cumplimiento obligatorio y no una opción, ni un consejo al Gobierno”.
Por su parte, Blanca Osuna (UP) señaló que «las provincias fueron expresándose con reclamos de distintos formatos y con respuestas positivas, como el caso de Catamarca con una medida judicial con orden de restitución» de pensiones.
También mencionó a La Rioja y Misiones con acciones por parte de los gobernadores, y Buenos Aires y Formosa con presentaciones por parte de los defensores del Pueblo.
A su turno, Eduardo Valdés (UP) reclamó: «Necesitamos saber quiénes son los empleados de la ANDIS que cobraron horas extras por dar bajas, que luego recibían premios por eso».
«Esto va a quedar en la historia como ejemplo de maltrato y humillación de parte del Estado hacia las personas con discapacidad. Un Estado que decidió avasallar al sector más vulnerable de la sociedad», enfatizó.
El legislador expresó su reparos respecto del trato que le puede dar el gobierno al tema: «Tenemos que plantear una acción en la sesión para que Francos no los demore, no los haga una calesita con la implementación de la ley de emergencia»
Por ultimo planteó que «La sesión de mañana es muy importante. Necesitamos el consenso de todos los bloques para que no pase de una semana la ejecución de la emergencia en discapacidad».
Durante la reunión, Alejandro Vilca (FIT) denunció una «intencionalidad deliberada del Gobierno de dar de baja las pensiones». Sobre el pedido de informes solicitado, indicó que buscan conocer «cómo se realizaron técnicamente las auditorías, desde las notificaciones, qué exámenes médicos se exigen y los criterios». Ante las «irregularidades», exigió que «se restituyan las pensiones».
El diputado propuso reclamar la suspensión inmediata de los cortes de dichas pensiones que se están llevando adelante con procedimientos y metodologías que no garantizan los derechos de las personas con discapacidad amparados por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
A su turno, Victoria Tolosa Paz (UP) se preguntó: «¿Qué certeza tenemos hoy con la intervención de la ANDIS y la actuación del nuevo director de que realmente han suspendido el método que habían creado legalmente para dar de baja las pensiones?«.
Por lo que consideró «urgente» pedir información sobre «cuáles fueron las bajas reales, con nombre y apellido y cuáles fueron los motivos de la baja». «En la provincia de Buenos Aires es alarmante la cantidad de bajas que se han dado», dijo.
La diputada Roxana Monzón (UP) reveló que presentó un pedido de informes que «pone el foco en una empresa que hasta ahora no tuvo trascendencia» y que fue la encargada de «la logística y la distribución de las cartas documento, de los telegramas y de las notificaciones». «Estamos en presencia de un plan macabro llevado a cabo por una gran empresa de logística», lanzó.