El Gobierno anunció subas de hasta 35% para los prestadores de discapacidad, pero el sector las considera insuficientes
La medida, oficializada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), prevé subas escalonadas en tres tramos durante el último trimestre del año. El anuncio se produce tras semanas de reclamos del sector y denuncias por la falta de cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
El Gobierno nacional dispuso este miércoles la actualización de los aranceles para los prestadores de servicios de discapacidad, con incrementos que irán del 29,7% al 35,4%, aplicables en tres tramos durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. La medida fue acordada en una reunión del Directorio de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, con participación de la ANDIS, el PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud, y llega en medio de un clima de fuerte tensión con las entidades del sector.
Según la resolución oficial, las prestaciones de transporte, rehabilitación, hogar, residencia y apoyo recibirán aumentos del 14% en octubre, 10% en noviembre y 8% en diciembre, lo que representa un total acumulado del 34,5%.
En tanto, el resto de los servicios registrará subas del 12%, 8,25% y 7% en los mismos meses, alcanzando un 29,7% global. De este modo, el Ejecutivo busca compensar parcialmente la pérdida de ingresos generada por la inflación y garantizar la continuidad de la atención.
No obstante, el anuncio no logró calmar el malestar del sector. El Foro Permanente de Discapacidad (FORO) expresó su rechazo y declaró que “el porcentaje propuesto es claramente insuficiente frente a la inflación acumulada y los costos reales de funcionamiento”.
Además, advirtieron que los aumentos “se terminarán de cobrar recién en marzo o abril de 2026”, lo que prolonga la situación crítica de los prestadores.
A la vez, el representante del Comité Asesor de la ANDIS, Daniel Lipani, votó en contra del esquema aprobado y propuso una moción alternativa que contemplaba un incremento del 70% a partir de octubre, financiado con una reasignación de fondos. “El Gobierno sigue sin cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad”, señaló.
Desde el Ministerio de Salud, por su parte, defendieron la medida y aseguraron que “los incrementos estarán por encima de la inflación proyectada para el año”. También cuestionaron a quienes “hicieron política con el tema”, recordando que en 2023 el nomenclador se actualizó un 93%, frente a una inflación del 211%, y remarcaron que “muchas provincias pagan la mitad de lo que abona Nación”, en referencia al caso del IOMA bonaerense.
En paralelo, la situación institucional de la ANDIS continúa siendo delicada tras el escándalo por presunta corrupción que involucró al ex titular Diego Spagnuolo y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, lo que derivó en la intervención del organismo.
A ello se suma el fallo del juez federal de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, quien ordenó restituir 3.644 pensiones por incapacidad laboral dadas de baja tras una auditoría nacional, una medida que la agencia acató de manera parcial.
Por otra parte, las organizaciones sociales y familiares de personas con discapacidad mantienen su reclamo en las calles. En las últimas semanas, unas 200 personas se manifestaron frente a la sede de la ANDIS para exigir la aplicación de la Ley de Emergencia y la normalización de los pagos. Denunciaron una situación “desesperante”, marcada por la falta de recursos, demoras administrativas y recortes presupuestarios.