La Cámara Federal alivió las restricciones patrimoniales a los acusados por la defraudación al Banco Nación de Vicentin
Los jueces Bruglia, Bertuzzi y Llorens ordenaron sustituir las inhibiciones generales de bienes por embargos preventivos. No obstante, confirmaron la prohibición de innovar sobre las participaciones societarias de los 26 imputados.
La Cámara Federal porteña resolvió aliviar la situación patrimonial de los exfuncionarios del Banco Nación y empresarios del Grupo Vicentin investigados por la presunta defraudación millonaria a la entidad estatal durante el gobierno de Mauricio Macri. El tribunal dispuso reemplazar las inhibiciones generales de bienes que pesaban sobre los acusados por embargos preventivos, medida que será determinada según el grado de responsabilidad de cada uno.
Los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens consideraron que la inhibición general de bienes “es de carácter excepcional y subsidiario”, motivo por el cual ordenaron su sustitución por embargos específicos. De este modo, la decisión otorga un alivio parcial a los imputados, aunque mantiene la prohibición de innovar sobre sus participaciones societarias.
Dos de los camaristas que firmaron la resolución, Bruglia y Bertuzzi, fueron «trasladados» desde los Tribunales Orales en lo Criminal Federal en que se desempeñaban, para a integrar la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal a través de un decreto firmado por el entonces presidente Macri. En la causa en la que intervienen ahora, están imputados los funcionarios del macrismo en el Banco Nación.
Asimismo, el fallo ratifica las medidas cautelares sobre los bienes vinculados al caso, al tiempo que confirma el avance de la investigación a cargo del juez federal Julián Ercolini. La causa se centra en el otorgamiento irregular de créditos por aproximadamente 300 millones de dólares a empresas del Grupo Vicentin, entre ellas Vicentin S.A.I.C. y Algodonera Avellaneda S.A., operaciones que no fueron debidamente garantizadas ni cobradas por el Banco Nación durante la gestión de Javier González Fraga.
En ese contexto, los fiscales sostienen que los empresarios habrían desistido de pagar los saldos adeudados con pleno conocimiento de que el banco no exigiría el cobro. Además, habrían solicitado la liberación de fondos retenidos como garantía y omitido la constitución de nuevas, aprovechando la falta de controles internos.
Por otra parte, se los acusa de haber solicitado nuevos préstamos en infracción a la normativa vigente, e incluso de haber retirado activos del ámbito de custodia del Banco Nación mediante maniobras irregulares. Según la acusación del fiscal federal Gerardo Pollicita, parte de esos fondos habrían sido girados al exterior a través de operaciones simuladas, con destino final en cuentas radicadas en paraísos fiscales.
Con esta resolución, la Cámara Federal busca equilibrar el resguardo de los intereses del Estado con el derecho de defensa de los acusados, mientras la investigación avanza hacia la etapa de indagatorias dispuestas por el juez Ercolini.
Entre los imputados están los ex directivos del Banco Nación Miguel Ángel Arce, Agustín Pesce y Lucas Llach y empresarios del Grupo Vicentin como Alberto Julián Macua, Máximo Javier Padoan, Daniel Néstor Buyatti, Herman Roberto Vicentin y Roberto Oscar Vicentin.