Gremios universitarios anunciaron un paro semanal y pusieron en duda las clases en 2026 si no se aplica la Ley de Financiamiento
Las casas de estudio vienen sufriendo el peso del ajuste por parte del Ejecutivo nacional, con sueldos docentes atrasados de años, partidas demoradas y una normativa en suspenso hasta tanto se confirmen de dónde saldrán los fondos para su implementación, decisión que pone en jaque la continuidad del ciclo lectivo en el futuro.
Los gremios universitarios ponen el foco en la no implementación de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del gobierno de Javier Milei, a quien acusan de incumplir sus deberes en la Casa Rosada.
Mientras la Conadu Histórica anunció un paro semanal, la Conadu, la principal federación de docentes universitarios, difundió un comunicado con una alerta letal de cara al ciclo lectivo de 2026.
La semana pasada, los 27 gremios de docentes universitarios que componen la Conadu Histórica anunciaron un paro entre el 1º y el 6 de diciembre.
«El Plenario de secretarías generales de la federación resolvió paro de una semana en respuesta a la decisión del Gobierno nacional de no cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y el correspondiente aumento salarial, que en este momento asciende al 43,95%, producto de la inflación registrada de julio en adelante», señaló en un comunicado la Asociación Gremial Docente (AGD) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que forma parte de la federación que el martes se movilizará al Consejo Superior de la UBA y a la Secretaría de Educación.
En el mismo comunicado, AGD-UBA explicó que la medida de fuerza es «también en rechazo» al proyecto de ley de Presupuesto 2026, impulsado por el Gobierno para que se trate en las sesiones extraordinarias del Congreso y que es «de miseria para la educación».
«El conflicto no está cerrado mientras nuestro aumento siga congelado y nuestros salarios permanezcan bajo la línea de pobreza», concluyó el sindicato de docentes de la UBA.
Para la Conadu Histórica, el aumento salarial para los trabajadores universitarios debería ser del 44%. «Este número no es ni el buscado, ni un capricho. Es lo que surge de la aplicación estricta de la Ley de Financiamiento Universitario», explicó Antonio Rosselló, docente y miembro de las Mesas Ejecutivas de AGD-UBA y la Conadu Histórica.
«Hay que triplicar el presupuesto universitario para que se logren realizar con efectividad la creación, la investigación, la ciencia, la tecnología, sostener las escuelas preuniversitarias, que son escuelas pilotos para realizar proyectos pedagógicos que mejoren la educación de conjunto, y para sostener los métodos de enseñanza y aprendizaje, para tener una mayor tasa de egreso en las universidades, y por cuanto la realización de proyectos individuales y colectivos de la sociedad para un ascenso social y una autonomía nacional que nos provee a todos de profesionales universitarios idóneos para el desarrollo del país», agregó.
CICLO LECTIVO 2026 EN PELIGRO
En paralelo al anuncio de la Conadu Histórica, la Conadu lanzó un preocupante comunicado sobre la situación de las universidades nacionales de cara al año que viene. «Sin implementación de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, no comenzarán las clases en 2026», comenzó el texto.
«Con la participación de 30 gremios, el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) decidió la puesta en marcha en 2026 de un fuerte plan de lucha que incluiría el no inicio del ciclo normal de las clases si no se implementa en su totalidad la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria», siguió el escrito, que luego incluyó una declaración del secretario general de la federación, Carlos De Feo.
«La situación de la universidad es sumamente crítica y si el Gobierno no ofrece una solución, las consecuencias de este desfinanciamiento histórico de la educación superior llevarán a una crisis que costará muchos años revertir», reforzó el dirigente.
PROMULGACIÓN SIN FONDOS
El Congreso respaldó dos veces la Ley de Financiamiento Universitario: la primera cuando aprobó el proyecto original y la segunda cuando ambas cámaras rechazaron el veto del presidente Javier Milei, quien ya había actuado de la misma forma en 2024, aunque en ese momento el Parlamento sí le dio el aval para que lo hiciera. Al momento de promulgarla, el Presidente lo hizo con trampa: no le asignó fondos, por lo que su aplicación quedó pendiente.
En el Boletín Oficial del 21 de octubre, el libertario explicó que «corresponde que el Poder Ejecutivo promulgue la ley», pero «quedará suspendida en su ejecución hasta tanto el honorable Congreso de la Nación determine las fuentes de su financiamiento e incluya en el Presupuesto nacional las partidas que permitan afrontar las erogaciones que su implementación requiere».
«Al abordar los recursos destinados a financiar el incremento presupuestario propuesto, lo hace de manera genérica, sin precisar las sumas de crédito necesarias, limitándose a habilitar una readecuación de partidas presupuestarias», añadió.
La lucha entre Milei y las universidades nacionales no es nueva: desde que asumió, el Presidente aseguró que no tenía un encono con las casas de estudio, sino que simplemente buscaba auditarlas, pero ese argumento quedó rápidamente desmentido, ya que las mismas tenían asignadas sus auditorías correspondientes y rindieron sus cuentas.
Sin embargo, la realidad parece abogar por la versión de que Milei tiene un tema personal con las universidades públicas: con un presupuesto años atrasado, parece imposible evitar su vaciamiento salvo que, contra todo pronóstico, haya un giro de 180 grados.