Crece la tensión en Mendoza: ambientalistas denuncian avance minero sin licencia social y riesgos para el agua

La Legislatura de Mendoza otorgó recientemente media sanción al proyecto minero San Jorge–PSJ Cobre Mendocino, desatando un nuevo capítulo en el debate provincial sobre minería y agua. La decisión se produjo en un contexto de movilizaciones ciudadanas y fuertes cuestionamientos de organizaciones ambientales, que advierten que el emprendimiento avanza sin contar con licencia social y con importantes vacíos en la información hídrica disponible.

La aprobación parcial del proyecto generó una reacción inmediata de sectores sociales que, desde hace años, reclaman mayor transparencia y garantías ambientales antes de habilitar cualquier emprendimiento de alto impacto.

Organizaciones como Greenpeace sostienen que el tratamiento legislativo no refleja la preocupación de una parte significativa de la ciudadanía, que exige estudios completos y actualizados sobre los riesgos del proyecto.

Además, el contexto hídrico de Mendoza agrava el debate. La provincia atraviesa hace más de una década una sequía persistente que afecta tanto los caudales superficiales como las reservas subterráneas. Esto vuelve imprescindible, según especialistas, evaluar con rigurosidad cualquier intervención en la alta montaña, zona donde nacen los sistemas que garantizan el abastecimiento de agua para toda la región.

Aun así, la Declaración de Impacto Ambiental fue otorgada, lo que generó críticas sobre el cumplimiento del principio precautorio.

Asimismo, un informe reciente del CONICET Mendoza señaló incertidumbres relevantes en la información hídrica asociada al proyecto, subrayando que el retroceso de glaciares, glaciares de escombros y zonas de permafrost incrementa la vulnerabilidad de un territorio ya condicionado por el cambio climático. Las comunidades de Uspallata, una de las áreas potencialmente afectadas, expresaron con firmeza su preocupación por la fragilidad del sistema que abastece a la provincia.

Por otra parte, el debate legal ocupa un lugar central. Las normas ambientales argentinas, entre ellas la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú, exigen participación efectiva, acceso a información adecuada y evaluación preventiva de riesgos.

Sin embargo, organizaciones socioambientales denuncian que estos requisitos no se cumplieron plenamente durante el proceso. Así, la licencia social se volvió un elemento clave de legitimidad y un indicador de la distancia entre las decisiones institucionales y la percepción de las comunidades.

En este sentido, Agostina Rossi Serra, especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina, cuestionó la media sanción y afirmó que “mientras 31 diputados votaban a favor, miles de personas en Mendoza repetían con total claridad que no hay licencia social para este proyecto”. Según sostuvo, avanzar pese al rechazo ciudadano vulnera derechos fundamentales, especialmente cuando se trata de un recurso límite como el agua. “En Mendoza, el agua no es un recurso más: es un límite social, ambiental, cultural y político”.

A esto se suma otro factor que intensifica el conflicto, el impulso en el Congreso nacional de reformas a la Ley de Glaciares. Las modificaciones permitirían actividades en zonas hoy protegidas, reduciendo el alcance de la normativa vigente. Para científicos y ambientalistas, flexibilizar estas áreas, justamente las que almacenan el agua que sostiene a la provincia representa una amenaza directa a la seguridad hídrica.

Asimismo, el proyecto San Jorge continúa en evaluación. Se trata de un emprendimiento minero de cobre ubicado en Uspallata, cuya operación implicaría intervenciones en un territorio de alta sensibilidad ecológica.
Entre los puntos más cuestionados figuran el consumo de agua, los riesgos de movimientos de suelo y el manejo de residuos mineros. Aunque obtuvo media sanción, las objeciones sociales y técnicas mantienen el proyecto bajo intenso escrutinio.

En este contexto, el debate en torno a San Jorge expone las tensiones estructurales del modelo de desarrollo mendocino: por un lado, la necesidad de diversificar la economía; por el otro, la urgencia de proteger el agua en un territorio árido y vulnerable.

Según advierten especialistas, la sostenibilidad de cualquier emprendimiento en Mendoza dependerá no solo de su solidez técnica, sino también del consenso social que logre construir. Sin participación auténtica y sin garantías ambientales, afirman, ningún proyecto puede considerarse legítimo ni viable a largo plazo.