En ese sentido, tanto miembros de las dos CTA como del Frente de la Izquierda de los Trabajadores (FIT) aseguraron que el DNU 70/23, debe derogarse porque es «inconstitucional».
Más de tres cuartas partes de las víctimas de 2025 eran indígenas, pequeños agricultores o personas afrodescendientes, mientras que los conflictos por la tierra estuvieron relacionados con 84 asesinatos. Desde 2012 ya hubo más de 2.000 homicidios.
La organización Greenpeace advirtió que más de 40.000 hectáreas fueron deforestadas entre enero y junio de 2026 en Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco. También pidió mayores controles, sanciones efectivas y medidas para proteger especies emblemáticas como el quebracho colorado.
Greenpeace cuestionó la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional porque elimina restricciones sobre tierras incendiadas y flexibiliza la compra de campos por parte de extranjeros. Organizaciones advierten que podría incentivar incendios intencionales y aumentar la presión sobre áreas de alto valor ambiental.
Organizaciones ambientales presentaron nuevas pruebas en una demanda colectiva y solicitaron una medida cautelar urgente para impedir que un glaciar de San Juan pierda protección legal mientras se analiza la constitucionalidad de la reforma de la Ley de Glaciares. Advierten que el megaproyecto podría afectar una reserva estratégica de agua.
