Ambientalistas piden a la Justicia frenar el proyecto minero Vicuña que avanza sobre un glaciar protegido en San Juan
Organizaciones ambientales presentaron nuevas pruebas en una demanda colectiva y solicitaron una medida cautelar urgente para impedir que un glaciar de San Juan pierda protección legal mientras se analiza la constitucionalidad de la reforma de la Ley de Glaciares. Advierten que el megaproyecto podría afectar una reserva estratégica de agua.
La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Greenpeace y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentaron ante la Justicia nuevas evidencias para reforzar la demanda colectiva que cuestiona los cambios introducidos en la normativa. La disputa por la reforma de la Ley de Glaciares sumó un nuevo capitulo judicial y pone en eje del reclamo en el proyecto minero Vicuña, recientemente incorporado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que se desarrolla en una zona donde se encuentra el Glaciar de Escombros GE110, una geoforma incluida en el Inventario Nacional de Glaciares de la provincia de San Juan.
Las organizaciones solicitaron una medida cautelar para evitar que el glaciar pierda su estatus de protección mientras se resuelve la causa. En particular, pidieron que tanto la provincia de San Juan como el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) se abstengan de modificar la situación del GE110 o retirarlo del inventario oficial.
El pedido cobró mayor relevancia luego de que el Gobierno nacional anunciara el 16 de junio, la aprobación del ingreso del proyecto Vicuña al RIGI. El emprendimiento, impulsado por las compañías mineras BHP y Lundin, integra los desarrollos Josemaría y Filo del Sol para la extracción de cobre, oro y plata en el departamento Iglesia, provincia de San Juan.
Según la presentación judicial, las operaciones previstas incluyen la construcción de un tajo a cielo abierto de aproximadamente 259 hectáreas en una zona donde se encuentra el glaciar inventariado. Para las organizaciones demandantes, permitir el avance del proyecto sin garantías de protección ambiental podría generar daños irreversibles sobre una reserva hídrica estratégica para la región.
La preocupación se centra especialmente en la cuenca del río Jáchal, parte del sistema hídrico del Desaguadero, una zona que enfrenta crecientes presiones por la escasez de agua. Los glaciares y ambientes periglaciares cumplen allí una función clave como reguladores naturales de los recursos hídricos, particularmente en contextos de sequía y cambio climático.
Greenpeace recordó que en febrero de este año realizó un sobrevuelo sobre el área donde se ubica el Glaciar GE110. Según la organización, las imágenes obtenidas mostraban intervenciones mineras en sectores alcanzados por la protección de la ley original. A su entender, la reforma normativa podría habilitar actividades que anteriormente se encontraban restringidas.
La existencia de esta geoforma había sido advertida en 2021 por la Asamblea Jáchal No Se Toca, que solicitó al IANIGLA su incorporación al Inventario Nacional de Glaciares. Posteriormente, mediante la Resolución 514/2022 del entonces Ministerio de Ambiente de la Nación, se ordenó actualizar los informes de la subcuenca del río Blanco Superior e incluir formalmente al Glaciar GE110 dentro del registro oficial.
Las organizaciones sostienen que la aprobación del proyecto bajo el régimen especial del RIGI incrementa la urgencia de la cautelar. Argumentan que si el glaciar fuera excluido del inventario y las obras avanzaran, una eventual sentencia favorable podría llegar cuando el daño ambiental ya fuera irreversible.
La presentación forma parte de una demanda colectiva respaldada por más de 850.000 firmas ciudadanas, junto a referentes ambientales, organizaciones sociales y de derechos humanos de todo el país. Entre ellas figuran la Asamblea Jáchal No Se Toca, la Asamblea Popular por el Agua, Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y diversas asambleas territoriales.
Para los demandantes, el caso del Glaciar GE110 constituye una prueba concreta de los riesgos que implica la reforma de la Ley de Glaciares. Consideran que la reducción de las áreas protegidas podría debilitar una herramienta clave para la preservación de reservas de agua dulce y abrir la puerta a intervenciones en ecosistemas sensibles.
Mientras la discusión continúa en los tribunales, el futuro del proyecto Vicuña y del glaciar sanjuanino se transformó en uno de los casos testigo del debate entre desarrollo minero y protección ambiental. La decisión judicial sobre la medida cautelar podría resultar determinante para definir los alcances de la nueva normativa y el grado de protección de los glaciares argentinos.