Niegan la prisión domiciliaria para el ex jefe de los fiscales Patricio Serjal: le encontraron dos celulares
La defensa del ex funcionario, condenado a 9 años de prisión por protección del juego clandestino y por cohecho, solicitó que vaya a su casa hasta que la sentencia esté firme. Un tribunal la rechazó.
Los jueces de primera instancia Facundo Becerra, Eve Marcogliese y Juan Ignacio Gasparini resolvieron rechazar “in limine” el pedido de morigeración de la prisión preventiva que interpuso la defensa del ex fiscal Regional de Rosario, Patricio Serjal, para que cumpla la condena en detención domiciliaria hasta que adquiera firmeza la sentencia que le fijó una pena de 9 años de cárcel. Según informó este miércoles el Ministerio Público de la Acusación, el tribunal negó el beneficio “atento a que se hallaron dos teléfonos celulares entre las pertenencias de Serjal en su lugar de alojamiento”.
Además, el tribunal pluripersonal sostuvo en la audiencia de revisión de la medida cautelar contra el ex fiscal que el rechazo se fundó por “no encontrarse reunidos los elementos que permitirían a la misma formalizar el planteo”.
Serjal, de 48 años, fue condenado el 20 de noviembre pasado en un juicio oral a la pena de 9 años de prisión efectiva multa e inhabilitación absoluta perpetua por los delitos de asociación ilícita en carácter de organizador, cohecho pasivo agravado por funcionario público, y peculado de servicios.
Para los fiscales Marisol Fabbro, José Luis Caterina y María de los Ángeles Granato, que llevaron adelante la acusación durante el juicio oral, el ex fiscal Regional de Rosario utilizó su cargo para darle protección ilegal a una organización criminal de juego clandestino liderada por el también condenado Leonardo Peitti, de quien recibía pagos periódicos en dólares para permitirle evitar la persecución penal.
Serjal fue condenado por haber conformado una asociación ilícita integrada además por el ex fiscal de grado Gustavo Ponce Asahad (condenado), el miembro de la narcobana Los Monos Maximiliano “Cachete” Díaz (imputado), el rafaelino David Perona (fallecido, considerado el Rey del Juego ilegal), Alejandro Torrisi (un comisario ya condenado) y otras personas aún no identificadas.
“El objeto de la asociación ilícita fue usufructuar el dinero ilícito proveniente de la recaudación generada por una red de casas de juegos de azar ilegales y/o apuestas efectuadas por medios electrónicos, todos ellos sin contar con la autorización emanada de la autoridad competente”, sostuvieron los fiscales.
“Para ello -agregaron- los integrantes de la asociación ilícita con sus diversos aportes y roles, organizaron, explotaron y administraron juegos de azar ilegal; ofrecieron y aceptaron dádivas a funcionarios públicos que omitieron hacer actos propios de sus funciones; omitieron perseguir penalmente los delitos estando obligados a hacerlo y brindaron información reservada a personas con el objetivo de hacer fracasar cursos investigativos”.
En esa misma causa está imputado el senador del departamento San Lorenzo, Armando Ramón Traferri, a quienes los fiscales consideran organizador de la asociación ilícita destinada a la explotación de juego clandestino, y señalado como la “pata política” de la empresa criminal.
Para la Fiscalía, dicha organización tuvo una duración que va al menos desde el 24 de abril de 2017 -fecha en la cual se constata el primer contacto telefónico entre Traferri y Peiti– hasta el 24 de julio de 2020, cuando se reunieron en una cochera de calle Jujuy al 2300 de Rosario el abogado Luis Rossini (representante de Peiti) y el entonces fiscal Gustavo Ponce Asahad, mano derecha de Serjal en ese momento.
La banda “se desplegó en el ámbito de la provincia de Santa Fe, concretamente en las ciudades de Rosario, Gálvez, Villa Gobernador Gálvez, Reconquista y Rafaela, siendo el centro de sus decisiones y negocios la ciudad de Rosario, donde viven sus organizadores”, dijeron los fiscales.