El Tribunal Federal de Brasil autorizó a Bolsonaro a someterse a una cirugía pero le negó la prisión domiciliaria
La decisión fue tomada por el juez instructor Alexandre de Moraes, quien habilitó el procedimiento médico recomendado por una junta de especialistas de la Policía Federal. Aunque aclaró que la intervención no reviste carácter de urgencia, los peritos aconsejan realizarla "a la mayor brevedad posible" para evitar un agravamiento.
El Supremo Tribunal Federal de Brasil autorizó que el ex presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado a comienzos de 2023, sea sometido a una cirugía por una hernia inguinal bilateral. En la misma resolución, se le negó la prisión domiciliaria.
La decisión fue tomada por el juez instructor Alexandre de Moraes, quien habilitó el procedimiento médico recomendado por una junta de especialistas de la Policía Federal. Aunque aclaró que la intervención no reviste carácter de urgencia, los peritos aconsejan realizarla «a la mayor brevedad posible» para evitar un agravamiento.
Bolsonaro permanece detenido preventivamente desde el 22 de noviembre y cumple prisión en dependencias de la Policía Federal en Brasilia.
El pasado 11 de septiembre, el Supremo condenó al mandatario a 27 años y tres meses de prisión por «liderar» un complot golpista para «perpetuarse en el poder» tras los comicios que a finales de 2022 dieron la victoria a Luiz Inácio Lula da Silva. El 25 de noviembre, una vez agotadas las apelaciones, el alto tribunal ordenó la ejecución de la sentencia contra el ex jefe de Estado.
RECHAZO A LA PRISIÓN DOMICILIARIA
En la misma resolución, el magistrado negó la solicitud de arresto domiciliario formulada por la defensa, al argumentar una «total ausencia de los requisitos legales» para su concesión.
Moraes citó antecedentes como incumplimientos reiterados de medidas cautelares, entre ellas la violación del monitoreo electrónico: el propio ex presidente admitió haber intentado abrir la tobillera con una soldadora.
El juez también mencionó la existencia de «actos concretos orientados a la fuga», razón por la cual consideró indispensable mantener la prisión preventiva.
