Un juez intimó al Gobierno a aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad bajo advertencia de multas
El magistrado federal de Campana, Adrián González Charvay, le dio un plazo de 5 días para que ejecute el fallo que obliga al Gobierno a cumplir con la ley del Congreso. Puede imponer sanciones económicas.
La Justicia federal ordenó aplicar de forma inmediata la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso nacional en julio pasado y promulgada con reparos por el Poder Ejecutivo. El juez de la ciudad bonaerense de Campana, Adrián González Charvay, declaró inválido el artículo 2 del Decreto 681/2025, que había detenido su ejecución, y ahora intimó a las autoridades a aplicar la resolución en un plazo de cinco días. De no cumplir, podría aplicarles multas económicas a funcionarios como el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el titular de la Andis, Alejandro Vilches.
Tras la sanción de la ley de emergencia en discapacidad, el veto presidencial y el rechazo a esa facultad por parte del Congreso, el Gobierno de nacional sostenía que la ley no podía ponerse en marcha porque el Parlamento no había detallado las fuentes de financiamiento. Para el juez federal de Campana, esa condición no podía suspender una norma vigente y aprobada por insistencia del Congreso nacional, por lo que ahora el magistrado intimó a los funcionarios para que se cumpla con la emergencia en discapacidad.
El juez federal González Charvay sostuvo que el Ejecutivo había excedido sus facultades, ya que el artículo 83 de la Constitución Nacional obliga a promulgar y aplicar una ley aprobada por insistencia del Congreso. También aclaró que la normativa vigente permite modificar partidas presupuestarias, algo que el Gobierno realizó en más de una docena de oportunidades desde 2023, atento que lleva dos años de gestión con el presupuesto prorrogado.
Para el juzgado, detener la ley significaba afectar derechos de un colectivo vulnerable, por lo que ordenó ponerla en marcha de inmediato y notificó a todos los organismos involucrados. Además impuso las costas al Estado nacional.
“Una vez dictada la sentencia, el Poder Ejecutivo Nacional está obligado a cumplirla. No existe ninguna razón ni fundamento para que el Ejecutivo se abstenga de hacerlo”, explicó el abogado de los prestadores de servicios para personas con discapacidad, Diego Armesto.
Según detalló, la resolución judicial estableció el cumplimiento inmediato, por lo que, una vez notificado el fallo, el Poder Ejecutivo Nacional queda automáticamente obligado a atender el reclamo del colectivo alcanzado.
Frente a esta situación, el colectivo de discapacidad solicitó al juez la ejecución de la sentencia y requirió que, en caso de incumplimiento, se apliquen multas económicas para forzar el acatamiento ante una resistencia injustificada. “Se trata de una medida de coerción tanto psicológica como económica”, señaló Armesto. No obstante, aclaró que por el momento esas sanciones aún no fueron efectivizadas. Deberían comenzar a partir del 1 de febrero.
El fallo sienta un precedente sobre los límites del Poder Ejecutivo en materia de políticas sociales y refuerza la protección judicial para personas con discapacidad. La causa fue presentada por dos familias con hijos con Certificado Único de Discapacidad, y sumó adhesiones de asociaciones y prestadores de todo el país. El eje del reclamo era que la suspensión del decreto dejaba sin cobertura a miles de personas que necesitan tratamientos, transporte adaptado y continuidad educativa.
La demanda sostiene que la falta de actualización de aranceles frente a la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y mayo de 2025 profundizó la crisis del sector, generando cierres de instituciones y recortes en servicios esenciales.
También dispone la inscripción del fallo en el Registro Público de Procesos Colectivos, así el pronunciamiento de la Justicia Federal se suma a una línea de fallos que, en los últimos años, reforzaron el deber estatal de proteger a los grupos vulnerables y de evitar retrocesos en prestaciones esenciales.