Reforma laboral: Santilli se reunió con Zdero en Chaco, mientras la CGT recorrerá el país para sumar rechazos
La estrategia del Gobierno, en tono dialoguista, apunta a asegurar los votos de diputados y senadores que responden a los gobernadores, con el objetivo de aprobar la normativa en el período de sesiones extraordinarias en el Congreso, que se retomaría el 2 de febrero.
Como parte de la búsqueda de respaldos para la reforma laboral, en el marco de la cual el Gobierno despliega una estrategia para acelerar su sanción, el ministro del Interior, Diego Santilli, viajó este lunes a Chaco para reunirse con el gobernador Leandro Zdero.
En tanto, en sentido opuesto, la Confederación General del Trabajo (CGT) proyecta una gira por las provincias para convencer a los mandatarios de rechazar el proyecto, tras la convocatoria del oficialismo para discutir cambios en la normativa.
En el caso del funcionario nacional, que la semana pasada visitó Chubut y mantuvo un encuentro con Ignacio Torres en medio de los incendios que azotan a la Patagonia, su recorrida de esta semana comenzará en Resistencia, mientras que el martes recibirá en Casa Rosada a Sergio Ziliotto, de La Pampa.
Según trascendió, se espera que este último reitere sus reclamos por los fondos adeudados por la Nación en concepto de cajas de jubilaciones. Además, pese al gesto de buena voluntad, el peronista anticipó que no acompañará la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo.
Luego de un fugaz paso por Buenos Aires, Santilli volverá a viajar el miércoles a Chubut, en donde junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, recorrerá las zonas afectadas por el fuego, que arrasó con casi 12.000 hectáreas. Por último, el jueves visitará Mendoza para retomar lazos con el gobernador aliado Alfredo Cornejo.
En la lista de próximos encuentros para lograr acuerdos que le permitan al oficialismo un nuevo triunfo legislativo figuran a su vez Raúl Jalil (Catamarca), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Marcelo Orrego (San Juan).
LA ESTRATEGIA OFICIALISTA
La estrategia del Gobierno, en tono dialoguista, apunta a asegurar los votos de diputados y senadores que responden a los gobernadores, con el objetivo de aprobar la reforma laboral en el período de sesiones extraordinarias en el Congreso, que se retomaría el 2 de febrero.
Patricia Bullrich lideró este fin de semana un «conversatorio sobre la reforma laboral» en Mar del Plata, con el fin de «comentar sobre el dictamen y recibir ideas y consultas», y reiteró que la medida «trae soluciones reales».
La senadora de La Libertad Avanza reveló que «las cámaras empresariales coinciden» en que «falta el cambio de fondo», porque hay «juicios laborales que funden, costos de contratación distorsionados e informalidad».
Tras las citas del también ex legislador del PRO con distintos mandatarios provinciales, el viernes tendrá lugar la primera reunión de mesa política de este 2026, convocada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
LA POSTURA DE LA CGT
En paralelo a la gira de Santilli para obtener el respaldo de los gobernadores, la CGT, que avanza además en instancias judiciales para que se declare la inconstitucionalidad de algunos puntos de la normativa, iniciará una recorrida por las provincias con el objetivo opuesto: persuadirlos para que lo rechacen. En principio, los referentes de la central obrera visitarán Tucumán, Salta, Catamarca y Córdoba, para luego continuar su itinerario por la Patagonia.
En el recorrido por las provincias, los dirigentes sindicales pondrán el foco en el impacto fiscal del capítulo impositivo incluido en la reforma laboral, al advertir que afectará de manera directa los recursos que las provincias reciben por coparticipación federal.
Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), los cambios en el Impuesto a las Ganancias implican un costo fiscal anual equivalente al 0,22% del PBI, unos $1,9 billones. De ese total, $790.000 millones recaerían sobre la Nación, mientras que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires perderían alrededor de $1,12 billones.
Además, la CGT también reclama cambios en las reglas para los delegados sindicales. Pide revisar el límite de horas pagas para tareas gremiales, las restricciones a la tutela sindical y la exigencia de autorización previa para realizar asambleas en los lugares de trabajo. En estos temas, el Ejecutivo no prevé modificaciones.
Otro eje de conflicto es el financiamiento de las obras sociales. La central sindical rechaza la baja de la contribución patronal del 6% al 5%, al advertir que afectaría el sistema de salud laboral. El Gobierno, en cambio, sostiene que el impacto podría compensarse con una gestión más eficiente.