La diputada Zigarán apuntó a la falta de presupuesto «para evitar que los jóvenes sean empujados al delito»
La diputada nacional María Inés Zigarán, reparó en los fondos que se destinarán para la aplicación de la ley, al considerarlos escasos para crear centros, foros especiales, personal especializado, fondos para el Ministerio Público de la Acusación"
La Cámara de Diputados aprobó el jueves una iniciativa que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad, se trata de una iniciativa impulsada por el presidente Javier Milei que ahora deberá ser debatido en el Senado. Desde el arco opositor criticaron al gobierno por impulsar el debate con un trámite fugaz en comisión, donde la mayoría de los profesionales idóneos en la materia -entre ellos defensores de la niñez de varias provincias- se expresaron contrarios la reforma.
Respecto de la región, Argentina sostiene la edad punible más alta de Sudamérica (16), la mayoría de los países es de 14 años. Brasil y Ecuador son los países donde es más baja (12 años).
En relación a las particularidades de los distintos posicionamientos frente al tema, y que fueron presentados para su tratamiento en comisión el del bloque Provincias Unidas, que se afianzó en su propia solución al problema de como dar respuesta a los delitos cometidos por jóvenes, la diputada María Inés Zigaran, dijo a Conclusión que «entre tantas modificaciones, una de ellas es la gradualidad en la aplicación de las penas».
«El dictamen de mayoría del día miércoles, no incorporó una diferencia en la penalidad de los delitos de diferentes franjas etáreas», explicó y agrego: «Nosotros hemos incorporado una gradualidad para 14 años. La pena mínima y la pena máxima tiene que ser la mitad de lo que está tipificado para este delito».
En el mismo sentido, expresó que «en el caso de 15 años son dos tercios de la penalidad. En el caso 16, 17 es lo que corresponde según el Código Penal, teniendo en cuenta que la máxima pena que se puede otorgar desde nuestra perspectiva son 10 años. El dictamen de mayoría está en 15 años como la pena máxima». También hemos realizado una diversidad de aportes. algunos han sido incorporados a último momento en el dictamen de mayoría».
Para la parlamentaria, «esto tiene que ver con que las personas, los niños, niñas, adolescentes privados de la libertad, de ninguna manera pueden ser insertos dentro de establecimientos carcelarios, de servicios penitenciarios, ni junto a adultos. Y esto hemos querido que sea taxativo en la ley, porque como estaba elaborado el tema de mayoría, y a esta presidencia la posibilidad de que puedan estar junto a adultos o en lugares diferenciados dentro de los establecimientos especiales».
También entendemos que no puede haber personal de seguridad dentro de los centros especializados donde cumplir su pena privativa de libertad los niños y los adolescentes No solo tienen que hacer lugares especializados, sino también con personal especializado que no debe ser de la fuerza de seguridad. La intervención de la fuerza de seguridad solo puede quedar resguardada para el exterior de los establecimientos».
La legisladora contó que proviene de una provincia que «cuando ingresamos a la gestión en el año 2015, el gobierno de Juntos por el Cambio, liderado por Gerardo Morales, nos encontramos con niños y niñas adolescentes en comisarías y en la Comisaría de Armando. En situación de extrema vulnerabilidad y con una serie de violaciones a sus derechos que se habían cometido en ese proceso».
«Lo que hicimos fue sacar primero un decreto, después sacamos una ley que estableció un régimen penal juvenil , para nosotros los menores son punibles desde los 16 años, no desde los 14 como está estableció la mayoría, nosotros hemos respetado nuestro dictamen de disidencia, hemos respetado, los 14 años, porque entendemos que también el contexto se ha modificado y hoy a los 14 años, un adolescente es capaz de comprender la criminalidad del acto», desarrolló la congresista.