Tras una extensa sesión, la Cámara de Diputados aprobó la reforma laboral

En el marco del debate legislativo por la reforma laboral, el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Martín Yeza (PRO), defendió la necesidad de avanzar en cambios normativos para el sector productivo. Durante su intervención, el legislador señaló que, si bien Argentina posee un sistema de derecho laboral «robusto» en garantías, la realidad muestra que un 45% de los trabajadores se encuentra actualmente fuera de ese régimen.

Yeza estructuró su defensa del proyecto sobre tres ejes que consideró fundamentales para alcanzar un consenso democrático: la reducción de la litigiosidad laboral, el alivio de la carga tributaria —que actualmente representa el 34% del salario— y la implementación de un sistema de moratoria laboral para incentivar el registro de empleados.

«Quiero creer que en este Congreso, en el que desde hace 50 años no podemos discutir un ayornamiento jurídico del sistema laboral argentino, vamos a ser capaces de lograr algo», expresó el diputado, quien instó a sus pares a que la actualización de estas leyes se convierta en un «hábito democrático permanente» para dar respuesta a millones de argentinos.

En una encendida intervención en la Cámara de Diputados, el legislador Pablo Juliano (Provincias Unidas) manifestó su rechazo tajante al proyecto de modernización laboral, calificándolo como un instrumento que «llena de miedo a la clase trabajadora». Juliano, quien reivindicó sus orígenes en una familia de trabajadores, cuestionó la legitimidad de una norma que, bajo un título pomposo, esconde un ajuste «atroz y ahora ilegal» que busca igualar hacia abajo a quienes aún conservan un empleo formal.

El diputado denunció la falta de participación de las pymes en el debate y criticó duramente el artículo 44, introducido a último momento, que permitiría bajarle el sueldo a la mitad a un trabajador con licencia por enfermedad. «Esta ley está muerta», sentenció Juliano, tras advertir que la normativa también atenta contra el Estatuto de los Periodistas y las industrias culturales. Finalmente, apelando a su identidad política y al legado del artículo 14 bis, el legislador acusó al Gobierno de traicionar la confianza de los ciudadanos: «Se metieron con los dueños de la Argentina, que son los trabajadores que todos los días se rompían el lomo y confiaron en la promesa».

En una encendida intervención en la Cámara de Diputados, el legislador de Unión por la Patria, Diego Giuliano, fustigó el proyecto de reforma laboral proveniente del Senado, calificándolo como una iniciativa cargada de «irresponsabilidad institucional, política, jurídica y social». Según el diputado, lejos de reducir la litigiosidad, el texto aprobado da lugar a una «nueva fábrica de juicios en la Argentina» al ignorar principios constitucionales básicos.

Giuliano centró su crítica en la ruptura del «principio protectorio» que rige el derecho laboral desde hace más de un siglo, señalando que la ley pretende tratar los contratos de trabajo como simples acuerdos entre privados, ignorando la asimetría natural entre empleador y empleado. «El 14 bis es el estadio intermedio que incorpora la constituyente del 57 tomando los derechos del 49; hoy están vulnerando ese artículo en todas sus condiciones y términos», denunció, comparando el retroceso normativo con etapas previas a la abolición de la esclavitud.

Asimismo, el diputado advirtió sobre el impacto del Fondo de Cese Laboral (FAL), al que describió como una «bomba de tiempo» que no garantiza nada a los empresarios y detrae recursos de un sistema previsional ya lesionado. Finalmente, Giuliano hizo un llamado a los representantes provinciales, alertando que el artículo 20 de la reforma «quiebra el federalismo» al avanzar sobre el poder de policía laboral que las provincias no han delegado a la Nación.

En el marco del debate por el proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados, la legisladora por Santa Fe, Caren Tepp (UxP), lanzó una dura advertencia sobre el impacto social de las medidas impulsadas por el Ejecutivo. Durante su intervención, Tepp utilizó la metáfora de un fósforo para explicar que, mientras un trabajador individual es fácil de «romper» o «dañar», la organización colectiva es la única herramienta capaz de ofrecer resistencia frente a la desigualdad de poder.

La diputada denunció que el objetivo central de la ley es la destrucción de la negociación colectiva y de las organizaciones de trabajadores, eliminando incluso la palabra «sindicato» de los artículos modificados,. «Con este proyecto de ley lo que se busca es que el trabajo ya no sea un derecho en la Argentina sino una mercancía más, que te despidan sea barato y que sea imposible una negociación colectiva del salario», sentenció.

Tepp también trazó un crudo diagnóstico de la realidad social, señalando que en el país el 70% de los trabajadores tiene ingresos por debajo de la línea de la pobreza. Alertó que, bajo el modelo actual, las consecuencias sociales están «implosionando puertas adentro de los hogares», manifestándose en un incremento de problemas de salud mental, adicciones y tasas de suicidio. Finalmente, aportó un dato alarmante sobre la pérdida de puestos de trabajo: «Desde que ustedes gobiernan, cada 3 minutos un trabajador queda sin su fuente de ingreso», concluyó, tras contabilizar que 80 familias perdieron su empleo durante las cinco horas que duraba la sesión hasta ese momento.

El diputado nacional por La Pampa, Martín Ardohain (PRO), intervino en la sesión de este miércoles para expresar su solidaridad con los vecinos de Santa Rosa y Toay, afectados por una «terrible tragedia climática» que incluyó voladura de techos e inundaciones. El legislador destacó la resiliencia de la sociedad pampeana, señalando que, pese a los daños, «la mayoría de los negocios están abiertos y la gente está trabajando».

En el plano político, Ardohain lanzó duras críticas al bloque de Unión por la Patria, cuestionando su rol opositor frente al proyecto en debate. Si bien ironizó sobre el «estudio profundo» que realizaron de la ley, sostuvo que lo hacen para «encontrar cosas malas» olvidando que el gobierno de Alberto Fernández entregó el país con un «50% de pobreza y 50% de empleados en negro».

Finalmente, el diputado llamó a dejar atrás las formas de protesta violentas para priorizar la institucionalidad: «Viene otra Argentina, una Argentina de diálogo y trabajo; las diferencias se hacen acá adentro, ni con palos ni rompiendo las cosas», concluyó, enfatizando que los cambios deben lograrse «discutiendo y juntando los votos».

El diputado nacional de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, expresó su firme rechazo al proyecto de reforma laboral tratado en la Cámara de Diputados, denunciando que el oficialismo y sectores aliados han vuelto a convertir al Congreso en una «escribanía». Durante su intervención, el legislador cuestionó la celeridad del debate y la falta de profundidad para abordar los problemas estructurales del empleo en el país.

«No voy a aceptar que me lleven de las narices», sentenció Ferraro al criticar el tratamiento «exprés» de una norma de tal magnitud en menos de 24 horas y sin escuchar a los actores involucrados. Para el diputado, la falta de una discusión seria le quita legitimidad a la reforma, advirtiendo que, en el contexto actual de crisis económica y pérdida de puestos de trabajo, «va a ser peor el remedio que la enfermedad».

Ferraro hizo especial hincapié en la ausencia de incentivos reales para las pequeñas y medianas empresas, a las que calificó como el motor que sostiene el empleo en todo el país. Según el legislador, el proyecto oficialista se limita a abaratar los costos del despido en lugar de proponer una modernización verdadera que incluya formación continua y adaptación a la economía del conocimiento.

En una encendida intervención en la Cámara de Diputados, la legisladora de Unión por la Patria, Natalia Zaracho, cuestionó duramente el proyecto de ley en debate, asegurando que la iniciativa «no va a beneficiar a nadie» y que busca «engañar al pueblo» respecto a la situación laboral. La diputada denunció que, bajo la promesa de reducir la informalidad, se está destruyendo la industria argentina y generando nuevos despidos masivos.

«No creo que quitándole derechos a los trabajadores formales hoy vayan a garantizar que los informales entren en el mundo del trabajo», sentenció Zaracho, quien recordó su propia historia personal como cartonera tras la crisis de 2001 para advertir que el actual modelo repite las «mismas recetas del Fondo Monetario». Asimismo, la legisladora alertó sobre el creciente endeudamiento de las familias en los barrios populares a través de plataformas financieras no reguladas y reclamó una mayor representación de los sectores populares en el Congreso para construir una alternativa política que incluya a todos los trabajadores.

El diputado nacional de la UCR, Lisandro Nieri, se pronunció a favor del proyecto de modernización laboral durante su intervención en la Cámara Baja, calificando la normativa vigente como «betusta». El legislador mendocino sostuvo que el marco actual no beneficia a los trabajadores ni a los empleadores, señalando que la brecha entre el costo laboral y el salario de bolsillo es «gigante».

Para Nieri, la propuesta representa una «primera capa» de reformas estructurales necesarias para revertir que cuatro de cada diez trabajadores se encuentren en la informalidad. Asimismo, vinculó la necesidad de estos cambios con el proceso de apertura económica y los acuerdos comerciales internacionales, advirtiendo que Argentina debe ganar competitividad mediante la baja de impuestos distorsivos y una futura reforma previsional. «Es un paso significativo para dejar atrás el estatus quo que acepta como regla la baja productividad», concluyó.

El diputado nacional por Tucumán, Pablo Yedlin (Unión por la Patria), cuestionó duramente el impacto de las políticas económicas del Gobierno nacional, advirtiendo que la actual ley laboral no generará empleo y solo profundizará la crisis social. Durante su intervención en el Congreso, el legislador denunció que en el último año su provincia sufrió una sangría de puestos de trabajo, destacando la pérdida de 2.500 empleos en la cosecha del limón y 5.500 en la construcción debido a la paralización de la obra pública impulsada por Javier Milei.

Yedlin alertó sobre una “avalancha de pérdidas de empleo” y criticó la desregulación fiscal que beneficia a los sectores más concentrados. Según detalló, la derogación de impuestos internos sobre bienes suntuarios —como aviones, embarcaciones de recreo y servicios satelitales— generará un millonario costo fiscal para las provincias: Tucumán dejará de percibir 130.000 millones de pesos anuales, mientras que Salta perderá más de 109.000 millones y Misiones unos 94.000 millones.

Finalmente, el diputado celebró la modificación del artículo 44, al que calificó como un “mamotreto jurídico” que pretendía reducir el cobro salarial de los trabajadores con enfermedades graves, bajando la cobertura del 100% actual a apenas el 50 o 75%. Para Yedlin, este tipo de iniciativas solo desnudan una intencionalidad contra los derechos de los trabajadores en un contexto de recesión que afecta a todas las actividades productivas de la región.

Durante la sesión en la Cámara de Diputados, el legislador Rodolfo Tailhade (UxP) utilizó una cuestión de privilegio para exponer la situación judicial de su par Carlos Zapata. El diputado nacional fue señalado por incumplir el pago de una indemnización a José Cristian Toledo, un trabajador que hace 13 años sufrió una descarga eléctrica en una empresa de adoquines vinculada al legislador salteño, lo que le provocó un 84% de incapacidad permanente.

«Pasaron 13 años y desobedeció en todo momento a la justicia respecto del pago de la indemnización», sentenció Tailhade al leer la noticia del portal DNI Salta en el recinto. La denuncia subraya no solo la falta de pago tras el accidente que dejó a Toledo «postrado y abandonado», sino también las irregularidades de la firma, que mantenía a sus empleados «en condiciones pésimas, sin protección y en negro». De esta manera, el legislador opositor puso el foco en la contradicción de los discursos a favor de la producción mientras se vulneran derechos básicos de los trabajadores.

El diputado nacional por Provincias Unidas, Juan Fernando Brügge, manifestó su firme rechazo al proyecto de modernización laboral durante la sesión en la Cámara Baja. Fundamentando su postura en el humanismo cristiano y el legado de la reforma constitucional de 1957, el legislador sostuvo que la iniciativa actual carece de sentido común y atenta contra la dignidad del trabajo.

Brügge denunció que el proyecto presenta una «mala redacción técnica» y ambigüedades que generarán una peligrosa incertidumbre jurídica, trasladando la resolución de los conflictos al Poder Judicial. «Van a terminar siendo los jueces los que digan cuáles son las leyes laborales que rigen en este país», advirtió, señalando además que la extensión de los servicios esenciales prácticamente anula el derecho a huelga.

Finalmente, el diputado destacó que la falta de un modelo económico estable y una reforma impositiva condena al fracaso esta normativa, perjudicando especialmente a las Pymes, que representan el 90% de los dadores de trabajo en Argentina. Al cerrar su intervención, reivindicó que «el trabajo no es una mercancía», sino una actividad humana destinada al perfeccionamiento de la persona.

Durante su intervención en la Cámara de Diputados, la legisladora entrerriana de Unión por la Patria, Blanca Osuna, realizó una cruda radiografía de la situación socioeconómica del país bajo la actual gestión nacional. Osuna denunció que el gobierno, al que vinculó con el «capital concentrado», está promoviendo normas que contrarían la protección de la soberanía, la producción y el empleo, vaticinando un año marcado por la pérdida de derechos básicos como las jubilaciones y el acceso a medicamentos.

La diputada puso especial énfasis en la crisis que atraviesa la provincia de Entre Ríos, donde informó el cierre de 579 empresas y la existencia de 21.000 conflictos laborales que incluyen despidos, suspensiones y quiebras. Según los datos aportados por Osuna, se han perdido ya 11.300 puestos de trabajo en localidades como Paraná, Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay.

Asimismo, la legisladora arremetió contra el gobernador Rogelio Frigerio, acusándolo de intentar «interpelar a la justicia local» para condicionar fallos laborales a favor de las empresas. Finalmente, Osuna advirtió que el pueblo «reacciona» ante este escenario de exclusión y apeló a la memoria histórica del peronismo para enfrentar lo que definió como un «callejón sin salida» creado por las políticas vigentes.

Durante su intervención en la Cámara de Diputados, la legisladora de Unión por la Patria, Kelly Olmos, cuestionó con dureza el rumbo de las reformas laborales impulsadas por el oficialismo. La exministra de Trabajo sostuvo que una normativa laboral no tiene como función primordial la creación de empleo, sino que su rol central es “operar sobre la distribución del ingreso”.

Olmos reivindicó el sistema de negociación colectiva como una herramienta de verdadera modernidad, argumentando que es la que permite “nivelar la cancha” para que los trabajadores organizados y la patronal discutan en condiciones de equidad el reparto del valor generado. En este sentido, rechazó la idea de que los convenios vigentes sean antiguos y advirtió que el intento de reemplazarlos por decisiones unilaterales de las empresas constituye un retroceso histórico previo a la vigencia de las leyes sociales del peronismo.

La diputada también trazó un vínculo directo entre el bienestar de la clase trabajadora y el progreso del país, afirmando que “no existe un solo tramo de la historia de la Argentina donde le haya podido ir mal al pueblo y le haya ido bien a la nación”. Finalmente, Olmos ejemplificó la eficacia de la negociación colectiva citando el desarrollo de Vaca Muerta y la construcción del gasoducto Néstor Kirchner como hitos de crecimiento, mientras criticó que la actual Secretaría de Trabajo esté en manos de un abogado laboralista vinculado a la patronal.

Durante su intervención en la Cámara de Diputados, el legislador correntino Diógenes González (UCR) manifestó la urgencia de establecer un nuevo marco normativo que favorezca la inversión y la creación de puestos de trabajo, especialmente en el norte del país. González advirtió que las pequeñas y medianas empresas sufren las consecuencias de la «incertidumbre, la litigiosidad y la complejidad», señalando que el número de empleos registrados en Argentina permanece estancado hace décadas frente al crecimiento poblacional.

El diputado enfatizó que muchas pymes del «interior profundo» se ven imposibilitadas de cumplir con convenios colectivos diseñados para las grandes urbes, ya que estos quedan «fuera de las escalas económicas» de las realidades provinciales. Según González, el 70% del empleo privado en Argentina es generado por las pymes, por lo cual resulta vital «darles una mano» para que puedan desarrollarse y exportar, evitando que las provincias del norte sigan «expulsando población».

Asimismo, el legislador reclamó un mayor «equilibrio territorial» y criticó el sistema de subsidios nacionales. En ese sentido, cuestionó que los ciudadanos de todo el país, desde La Quiaca hasta Corrientes, financien servicios de agua y saneamiento concentrados en el Gran Buenos Aires. Finalmente, destacó la importancia de reducir la conflictividad judicial y aplicar políticas de incentivos fiscales, citando el modelo uruguayo como un camino posible para reducir la informalidad laboral.

El diputado nacional por Unión por la Patria, Hugo Moyano, expresó su enérgico rechazo al proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados, calificándolo como la iniciativa más regresiva para los trabajadores desde la última dictadura militar hasta la fecha. Durante su discurso, el legislador denunció que la propuesta es «totalmente inconstitucional» por violar el principio de progresividad y haber sido sometida a un «tratamiento exprés» sin una discusión real de sus contenidos.

Moyano subrayó que la creación o destrucción de empleo no depende de las leyes laborales, sino de las políticas económicas. En ese sentido, vinculó la reforma con el modelo actual de apertura de importaciones que ya ha provocado el cierre de más de 22.000 empresas y la pérdida de 290.000 puestos de trabajo genuino, citando como ejemplo el reciente conflicto en la empresa FATE.

Finalmente, el diputado advirtió que el núcleo de la reforma es un ataque directo al modelo sindical argentino, buscando desfinanciar a las organizaciones, atomizar la negociación colectiva y anular el derecho de huelga. Ante este escenario, apeló a la identidad de sus pares en el Congreso: «Si apoyan este proyecto libertario, se va a consumar una de las traiciones más aberrantes de la historia argentina«

La diputada nacional María Inés Zigarán rechazó de forma terminante el tratamiento «exprés» de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, calificando la metodología del oficialismo como un «atropello institucional». Durante su alocución, la legisladora denunció que el proyecto, que modifica radicalmente el orden público laboral, careció de un debate profundo y de una participación pública real de los sectores afectados, convirtiendo la sesión en un «simulacro de la democracia» por la falta de respeto a las minorías y la ausencia de consensos.

Zigarán hizo especial hincapié en el carácter «regresivo» de la norma, alertando que profundiza la inequidad de género al no modernizar el régimen de licencias y proponer un «banco de horas» que afectará las tareas de cuidado que recaen mayoritariamente sobre las mujeres. Asimismo, la diputada —quien ejerció el periodismo durante 15 años— repudió el intento de derogar el Estatuto del Periodista y el desfinanciamiento del INCAA, señalando que el Gobierno busca agredir de manera constante a la prensa y a la industria cultural del país.

En el marco del debate legislativo, el diputado nacional por Salta, Pablo Outes, defendió la necesidad de reformar la normativa laboral vigente, argumentando que la ley de 1974 no contempla la realidad productiva de las provincias del interior. Outes destacó que en Salta el 93% de las unidades productivas son micro pymes y pymes de entre dos y nueve empleados, donde los dueños suelen trabajar a la par de su personal, alejándose del modelo de grandes corporaciones.

El legislador salteño fue tajante al señalar la postergación que sufren las provincias y el alto índice de precariedad: «Tenemos un 50% de trabajadores informales que no conocen la jubilación ni han tenido acceso a una obra social». Según el diputado, la falta de una política efectiva de distribución industrial y de infraestructura ha dejado al interior sin rutas ni universidades suficientes.

Pese a adelantar su voto a favor de la actualización de la ley por considerarla una herramienta necesaria para el contexto actual, Outes lanzó una fuerte advertencia sobre el rumbo del Ejecutivo nacional. «El modelo de Milei está fracasando, está abriendo las grietas», sentenció, subrayando que para alcanzar el crecimiento no basta con cambios en la legislación laboral, sino que es imperioso planificar el desarrollo de infraestructura y energía en todo el territorio nacional.

Durante la sesión en la Cámara de Diputados, el referente del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, lanzó una dura respuesta contra el legislador Pablo Outes que, pese a admitir el fracaso del programa económico oficialista, adelantó su voto a favor de la ley en debate. El diputado nacional cuestionó la coherencia de defender a las pequeñas y medianas empresas mientras se profundiza la recesión: «Si los salarios están por el piso, las pequeñas empresas y comercios están arruinados porque no tienen quién les compre», sentenció.

Además, Del Caño denunció que el proyecto en tratamiento no busca beneficiar a los sectores productivos locales, sino que está diseñado a la medida de la «oligarquía», las «mineras» y los «grandes empresarios». En ese sentido, calificó de «chanta» la postura de quienes dicen votar por las pymes mientras avalan una normativa que desprotege a los trabajadores informales y quita incentivos para la registración laboral real.

«Se premia al que no registra», advirtió el legislador, señalando que la experiencia histórica demuestra que la mayor protección de los derechos laborales es lo que garantiza mejores niveles de empleo formal, y no las rebajas de contribuciones que benefician exclusivamente a las grandes patronales

Durante la sesión en la Cámara de Diputados, el legislador de Unión por la Patria, Mario Manrique, rechazó de forma tajante el proyecto de reforma laboral impulsado por el Ejecutivo, al que calificó como un retroceso que rompe con todas las legislaciones protectoras que garantizan el equilibrio entre el capital y el trabajo. El diputado denunció que la iniciativa, bajo el rótulo de «modernización», responde a una imposición del Fondo Monetario Internacional y no a una necesidad de creación de empleo, recordando que con las leyes actuales se crearon más de 5 millones de puestos de trabajo en periodos anteriores.

En un duro mensaje hacia el interior de la política, Manrique apuntó contra los gobernadores y legisladores que, habiendo llegado al poder con las banderas de la justicia social, hoy apoyan la entrega de derechos. «Aquellos que hoy opriman el botón verde le van a estar clavando un puñal en la espalda al pueblo trabajador, que es el único motor de reconstrucción y crecimiento en la República Argentina», sentenció el legislador, evocando una histórica frase de Juan Domingo Perón para señalar lo que considera una traición a los intereses populares.

En el marco del debate legislativo por la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, el diputado nacional del Frente de Izquierda, Néstor Pitrola, denunció que el proyecto oficialista representa una «reforma esclavista» destinada a profundizar la crisis de la clase trabajadora.

Durante su intervención, el legislador puso como ejemplo el crítico escenario de la empresa Fate, señalando que la situación de la firma anticipa un modelo de país donde el 85% del mercado de neumáticos es importado y la industria nacional se encuentra paralizada. «Abaratan los despidos para facilitar la masacre económica», afirmó Pitrola, quien además vinculó el fin de la ultractividad y el ataque al derecho de huelga con un intento de llevar al movimiento obrero a la «barbarie» del siglo XIX.

Finalmente, el diputado cuestionó tanto a los bloques «dialoguistas» como a la cúpula de la CGT por negociar a espaldas de los trabajadores y llamó a un «plan de lucha y huelga general» para derrotar la iniciativa oficial en las calles.

En una sesión marcada por el «tratamiento exprés» y lo que calificó como un «debate arrebatado», el diputado nacional Esteban Paulón (Provincias Unidas) cuestionó duramente el proyecto de modernización laboral. Según el legislador, la urgencia del Ejecutivo no responde a una mejora en las condiciones de trabajo ni a la generación de empleo, sino a la necesidad política de tener un anuncio para el primero de marzo.

Durante su intervención, Paulón denunció que la reforma es «básicamente antilaburante» y que carece de una verdadera visión de futuro, al omitir regulaciones sobre inteligencia artificial y derogar el régimen de teletrabajo. Hizo hincapié en el impacto negativo del «banco de horas», señalando que esta medida permite la disposición del tiempo libre por parte del empleador, rompiendo el pie de igualdad en la negociación y afectando la organización familiar de los trabajadores.

El diputado también alertó sobre las consecuencias económicas para los asalariados, mencionando que la ley propone un «esquema de estafa» al utilizar fondos de la jubilación futura para financiar indemnizaciones actuales. Citando el conflicto de la empresa Fate, advirtió que bajo esta normativa las 920 familias en riesgo verían reducidos sus cálculos indemnizatorios y debilitados sus derechos colectivos. Finalmente, instó a sus pares a rechazar lo que definió como un «atropello proempresario» que desfinancia sectores clave como la cultura y la industria audiovisual.

Durante su intervención en la Cámara de Diputados, la legisladora de la Coalición Cívica-ARI, Mónica Frade, lanzó duras críticas contra el proyecto de reforma laboral, denunciando que el texto fue redactado por grandes bufetes jurídicos con el fin de beneficiar exclusivamente al sector empresarial en detrimento de los derechos adquiridos. Frade advirtió que la normativa, tratada en apenas 48 horas y sin debate profundo, carece de la solidez de leyes anteriores que funcionaron durante cinco décadas.

«Es falso, absolutamente falso lo que están planteando», afirmó la diputada respecto a los argumentos del oficialismo sobre la «industria del juicio» y la formalización del empleo. Según Frade, las estadísticas demuestran que los juicios civiles triplican a los laborales y que la eliminación de sanciones para empresarios incumplidores no ha redundado en la creación de nuevos puestos, señalando que en los últimos dos años se perdieron casi 300.000 empleos.

La legisladora también puso el foco en la derogación de estatutos específicos, como el del periodista, alertando que esta medida busca el «disciplinamiento» y la «autocensura» de los trabajadores de prensa al quitarles su paraguas protector. Asimismo, cuestionó la eliminación de la ley de teletrabajo y denunció una contradicción en el discurso oficialista sobre la defensa de las víctimas: según Frade, la reforma elimina el peculio de los presos, del cual un 10% se destina precisamente a reparar a las víctimas del delito.

Finalmente, Frade calificó la ley como un «arma que va a destruir el sistema previsional» y vaticinó un escenario de alta litigiosidad debido a las múltiples inconstitucionalidades que presenta el proyecto. «Legislen bien, no hagan burradas», concluyó la diputada en su encendido cierre.

En una dura intervención en la Cámara de Diputados, Martín Lousteau cuestionó el sesgo de las reformas impulsadas por el Gobierno nacional, advirtiendo que las medidas no buscan modernizar el mundo del trabajo sino profundizar la transferencia de recursos desde los sectores más vulnerables hacia las grandes empresas. El legislador denunció que el proyecto oficialista propone desfinanciar el sistema previsional a través del FAL (Fondo de Auxilio Laboral) para que la seguridad social termine subsidiando las desvinculaciones laborales.

«¿Ustedes realmente creen que se van a generar 1,1 millones de puestos de trabajo nuevo en este contexto?», interpeló el diputado, al recordar que la Argentina ya ha perdido 150.000 puestos de trabajo formales y más de 20.000 empresas en el periodo reciente. Lousteau señaló que, lejos de dar respuestas a los desafíos del siglo XXI o a la economía de plataformas, la reforma propuesta repite fórmulas que fracasaron en las décadas del 80 y 90, castigando al trabajador con costas judiciales y jubilaciones de indigencia mientras se otorgan blanqueos y bajas de impuestos a los sectores de mayores ingresos. «Argentina necesita una reforma laboral real, pero no es esta», sentenció.

En una dura intervención durante la sesión en la Cámara de Diputados, Miguel Ángel Pichetto analizó el impacto de la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo, denunciando que el proyecto carece de elementos que favorezcan a los asalariados. Según el legislador, la iniciativa no representa una verdadera modernización, sino un «enmascaramiento» para beneficiar exclusivamente al sector empresario y debilitar las indemnizaciones por despido.

Pichetto alertó especialmente sobre la derogación de estatutos profesionales, haciendo hincapié en el riesgo que corre la labor de prensa: «Se pone en riesgo la autonomía y la independencia periodística al suprimir el marco de garantías que daba el estatuto del periodista». Asimismo, cuestionó la creación del Fondo de Asistencia de Despidos (FAL), al que calificó como un «negocio financiero del ministro Caputo» que se financia debilitando el sistema jubilatorio y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

Finalmente, el diputado vinculó el avance de estas políticas con la crisis de la industria nacional, citando el cierre de empresas emblemáticas y la imposibilidad de competir con el mercado chino bajo un esquema de libre comercio. «¿Por qué no siguen un esquema de protección y de defensa de la empresa nacional como hace el presidente americano?», interpeló Pichetto al cierre de su discurso, criticando la falta de regulación en sectores vulnerables como el de los trabajadores de plataformas.

La diputada nacional Vanesa Siley (Unión por la Patria) cuestionó con dureza el paquete de reformas legislativas en la Cámara de Diputados, denunciando que las medidas representan el inicio de una «transferencia de riqueza fenomenal» que afectará a millones de trabajadores formales e informales. Durante su intervención, Siley advirtió que los cambios introducidos en materia salarial, vacaciones y convenciones colectivas no tienen precedentes, afirmando que superan incluso los retrocesos vividos durante la última dictadura militar.

La legisladora señaló al Fondo Monetario Internacional como el «director de la orquesta» detrás de las reformas laboral, tributaria y previsional, y responsabilizó directamente a los gobernadores que facilitaron el quórum por la «quita de derechos más fenomenal» de la historia reciente. Siley comparó el escenario actual con el escándalo de la ley Banelco, sosteniendo que se está utilizando la caja de las provincias para quebrar la coherencia política. Finalmente, reafirmó su compromiso con la representación popular, asegurando que el pueblo no aceptará «este destino que lo condena a la miseria».

Durante su intervención en la Cámara de Diputados, el legislador de Unión por la Patria y referente bancario, Sergio Palazzo, rechazó de forma contundente el proyecto de reforma laboral impulsado por el Ejecutivo, denunciando que en sus más de 200 artículos «no hay una sola letra ni una sola línea que favorezca a los trabajadores». Según el diputado, bajo el concepto de «modernización» se ha «contrabandeado» una modificación que afecta los pilares del derecho del trabajo, la negociación colectiva y la representación sindical.

Palazzo advirtió sobre los riesgos de implementar un «banco de horas» que permitiría extender la jornada laboral hasta las 12 horas, lo cual, aseguró, «desorganiza la vida familiar» y vulnera la relación de poder frente al capital. Asimismo, calificó como un «vaciamiento del sistema previsional» la creación del fondo de cese laboral (FAL), señalando que con esta medida «el despido pasa a ser gratuito para el sector empresario» y se financia con el dinero que debería destinarse a los jubilados.

Hacia el final de su discurso, el legislador hizo un vehemente llamado a los bloques de la oposición que hicieron campaña prometiendo frenar las políticas oficiales: «Frenen esto ahora, no sean caraduras, no ataquen a los trabajadores». Con un mensaje dirigido a las nuevas generaciones, Palazzo concluyó que no desea para el país un modelo donde el único horizonte sea la precariedad: «Yo no quiero ver a mis hijos en una motito repartiendo paquetitos porque ese es el único trabajo que hay».

Durante su intervención como miembro informante en la Cámara de Diputados, el legislador de La Libertad Avanza (LLA), Lisandro Almirón, defendió fervientemente el proyecto de modernización laboral, argumentando que la normativa vigente es «rígida y anacrónica» y funciona como una «barrera infranqueable» para la creación de empleo formal. Almirón destacó que la realidad del país, con un 50% de informalidad, exige abandonar «teorías sobre principios abstractos» para enfocarse en la generación de trabajo genuino.

El diputado señaló que el proyecto busca eliminar la «industria del juicio» y otorgar previsibilidad a las pymes, a la vez que criticó con dureza a los sectores de la oposición. En un cierre marcado por la confrontación, Almirón aseguró que la sociedad está «cansada de los intermediarios» y calificó de «papelón» la actitud de ciertos bloques durante el debate, sentenciando que la prioridad debe ser garantizar el acceso al empleo para que los derechos dejen de ser simples «disposiciones muertas».

El diputado nacional de Unión por la Patria, Juan Marino, presentó una cuestión de privilegio contra el presidente Javier Milei y su gabinete, denunciando el impacto social del cierre de la fábrica de neumáticos FATE y el avance de la reforma laboral en el Congreso. Durante su intervención, el legislador vinculó la situación de la empresa con las decisiones de «abrir indiscriminadamente las importaciones» y eliminar las medidas de protección al entramado productivo nacional.

Marino calificó la gestión actual como un «plan de exterminio de la industria nacional» y criticó duramente el intento de penalizar métodos históricos de lucha obrera, como los bloqueos y las asambleas. «Saben que lo de Fate no es un caso aislado, que se viene un tendal de empresas que cierran y, por eso, lo que se viene también es un tendal de luchas obreras», advirtió el diputado.

Asimismo, el legislador repudió la «criminalización de la protesta social» y las acusaciones de terrorismo contra manifestantes, asegurando que el Gobierno carece de base probatoria para tales afirmaciones. Marino concluyó su discurso ratificando su compromiso con la resistencia de los trabajadores: «Ninguna mayoría electoral es más importante que los derechos históricos conquistados por la clase obrera».

En el marco de una sesión extraordinaria, el diputado del FIT-U, Nicolás del Caño, presentó una cuestión de privilegio contra el Poder Ejecutivo y las presidencias de ambas cámaras por el tratamiento «exprés» de la denominada Ley Ómnibus. Durante su intervención, el legislador calificó la reforma laboral como «esclavista» y denunció que no existe un solo artículo que beneficie a los trabajadores.

Del Caño enfatizó la desigualdad de poder que promueve el proyecto, señalando que lo que el gobierno llama «relación libre» es, en realidad, «una negociación con un revólver sobre la mesa donde el empresario dice: ‘si no aceptas esto te vas a la calle'». Asimismo, cuestionó duramente a los sectores de la oposición que facilitaron el quórum, tildándolos de «cómplices y socios» de un «gobierno de estafadores».

Entre los puntos más críticos, el diputado mencionó la quita de vacaciones, el pago reducido al 50% para licencias por enfermedades oncológicas y el impacto en sectores industriales como el neumático, donde denunció despidos masivos. Finalmente, advirtió que la clase trabajadora no permitirá este retroceso: «Vamos a impugnar en la lucha en las calles, en la justicia y en todas partes esta ley», sentenció.

La diputada nacional por Unión por la Patria, Sabrina Selva, lanzó una dura crítica contra la presidencia de la Cámara de Diputados y el proyecto de reforma laboral durante la sesión del 19 de febrero. Selva denunció que la iniciativa busca implementarse «de espaldas a la sociedad» mediante votaciones a mano alzada y por títulos para ocultar un fuerte retroceso en materia de derechos laborales.

Durante su intervención, la legisladora expuso la crítica situación que atraviesan los trabajadores del Congreso, señalando que en el año 2025 sufrieron una pérdida del poder adquisitivo del 46,18%. Asimismo, denunció que en el marco del paro general, muchos empleados legislativos fueron obligados a trabajar bajo «extorsión» en condiciones edilicias deficientes, con temperaturas altísimas y sin funcionamiento de servicios básicos como ascensores o aires acondicionados.

Respecto al contenido de la reforma, Selva advirtió que el proyecto incluye la eliminación del concepto de justicia social en la interpretación de las leyes, además de afectar directamente la antigüedad, el régimen de indemnizaciones, las vacaciones y las licencias por enfermedad. «Es una vergüenza que nos estén llevando a las patadas porque no quieren dar la cara y explicarle a la sociedad qué es lo que esconde cada uno de esos títulos que van a votar», sentenció la diputada.

En el marco de un homenaje a los 30.000 detenidos desaparecidos, la diputada Myriam Bregman (FIT-U) denunció una «continuidad histórica» entre el plan económico de la última dictadura y las reformas que impulsa el gobierno actual. Durante su intervención en el recinto, la legisladora sostuvo que el proyecto en debate busca «disciplinar a la clase trabajadora para aumentar la ganancia capitalista», atacando directamente la organización sindical y el derecho a huelga.

Bregman vinculó el accionar de los «grandes empresarios» que colaboraron con el golpe de 1976 con los sectores concentrados que hoy promueven la flexibilización laboral. Finalmente, lanzó una dura advertencia a sus pares de cara al próximo aniversario del 24 de marzo: «Lávense la boca antes de decir ‘Nunca Más’ si hoy votan afirmativamente esta ley», sentenció, cuestionando la coherencia de quienes acompañen la reforma y luego participen de los actos por la memoria.

En el marco de una nueva sesión en la Cámara Baja, el diputado de La Libertad Avanza, Carlos Raúl Zapata, rindió homenaje al capitán Héctor Cáceres, fallecido en febrero de 1975 durante el Operativo Independencia en el Monte Tucumano. El legislador destacó que el militar cayó bajo «balas del fuego enemigo» mientras cumplía el juramento de defender la bandera y el orden democrático bajo el gobierno de María Estela Martínez de Perón.

Durante su alocución, Zapata enfatizó la necesidad de una revisión del relato sobre los años 70: «Para dar la vuelta de página la historia debe ser contada en forma completa para que realmente podamos reivindicar aquellos soldados de la patria que ofrendaron su vida». Asimismo, el diputado cerró su intervención con una fuerte chicana hacia los bloques opositores, sugiriendo la creación de una «comisión de catarsis» para evitar dilaciones en el quórum y permitir que las sesiones transcurran con normalidad.

El legislador de Unión por la Patria, Hugo Yasky, rindió un sentido homenaje a Beto Pianelli, el histórico referente de los «metrodelegados» recientemente fallecido. Ante la presencia de los familiares del dirigente sindical, Yasky destacó su rol en la conquista de la reducción de la jornada laboral sin quita salarial —una experiencia inédita en el país— y su incansable campaña para erradicar el asbesto del subte, priorizando la salud de trabajadores y usuarios.

En un contexto marcado por el debate de una reforma laboral que el diputado calificó como «patronal» por ampliar la jornada y recortar el derecho de huelga, Yasky vinculó el legado de Pianelli con la movilización popular. «Hoy Beto Pianelli estaría en la plaza del Congreso junto con los compañeros de la CTA y de la CGT que están expresando su rechazo a esta reforma», afirmó el legislador, exigiendo además que se respete la democracia parlamentaria mediante el voto nominal en el recinto.

A las 14.16 y con 130 diputados y diputadas sentados en en sus bancas comenzó la sesión que tiene como único proyecto la ley que busca reformar las condiciones laborales de los trabajadores argentinos.