Financiamiento universitario: el Gobierno envió un proyecto que supedita los gastos a la inflación y propone subas salariales en cuotas
La iniciativa oficialista contempla una actualización para gastos de funcionamiento solo si el IPC supera el 14,3%, un aumento del 12,3% para docentes y no docentes en tres tramos y un refuerzo presupuestario de 80 mil millones para los hospitales escuela.
El Poder Ejecutivo Nacional remitió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca modificar la normativa vigente de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (Ley 27.795). El texto, ingresado en el marco de las sesiones extraordinarias, pretende «armonizar» las necesidades de las casas de altos estudios con las metas fijadas en el Presupuesto 2026.
El núcleo de la propuesta establece un mecanismo de actualización de los gastos de funcionamiento (que incluye ciencia y técnica y hospitales) atado a la inflación medida por el INDEC, pero con un condicionante central: el ajuste solo se gatillará si la inflación efectiva supera el 14,3% previsto en el presupuesto anual. Esta medida traslada el riesgo inflacionario a las universidades, que solo recibirán fondos adicionales una vez cruzado dicho umbral.
En materia de ingresos para los trabajadores, el articulado dispone una recomposición salarial del 12,3% para el personal docente y no docente, a calcularse sobre los básicos de diciembre de 2025. El incremento se pagará en tres cuotas del 4,1% en los meses de marzo, julio y septiembre de 2026. Como novedad institucional, el Gobierno propone la obligatoriedad de convocar a paritarias cada tres meses como piso procedimental, buscando generar una «válvula de revisión» ante la pérdida de poder adquisitivo.
Por otro lado, el proyecto incluye un refuerzo específico de $80.072 millones destinado a los hospitales universitarios. Este monto busca atender la crítica situación de los centros de salud que dependen de instituciones como la UBA o las universidades nacionales de Córdoba y Rosario, cuyos costos operativos se encuentran fuertemente presionados por insumos dolarizados.
Un aspecto técnico no menor es que, a diferencia de leyes anteriores que fueron vetadas por el Ejecutivo en 2024 y 2025, esta iniciativa detalla explícitamente las fuentes de financiamiento. Según el mensaje oficial, esto evitaría que la norma quede inmovilizada por trabas técnicas o legales, alineándose con las normativas de administración financiera vigentes.
Aunque el proyecto fue incluido en el temario de extraordinarias, se espera que el debate de fondo se traslade al período de sesiones ordinarias, donde los gremios universitarios y la oposición analizarán si el porcentaje de aumento y el umbral inflacionario propuesto resultan suficientes para garantizar el funcionamiento del sistema educativo público.