La CGT Rosario se sumó al rechazo nacional y cuestionó las sanciones a gremios del transporte
La central obrera local se expresó en línea con la conducción nacional y calificó como una medida “estrictamente política” la posibilidad de aplicar multas millonarias a la UTA y La Fraternidad por el paro de transporte del 19 de febrero.
La CGT de Rosario expresó su rechazo a la decisión del Gobierno nacional de avanzar con sanciones contra los gremios ferroviarios y del transporte automotor por haber participado del paro del 19 de febrero, una postura que se alinea con el posicionamiento ya manifestado por la conducción nacional de la central obrera.
El cuestionamiento surge luego de que se conociera que el Ejecutivo, a través del área que conduce la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, analiza aplicar fuertes multas contra los sindicatos Unión Tranviarios Automotor (UTA) y La Fraternidad por no acatar la conciliación obligatoria durante la medida de fuerza del sector transporte.
Según trascendió, las sanciones económicas podrían oscilar entre el 50% y hasta el 2.000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador involucrado en las medidas de fuerza. Desde la CGT consideraron que se trata de una avanzada “estrictamente política” contra la actividad sindical.
El argumento de La Fraternidad, que lidera Omar Maturano y agrupa a los conductores de locomotoras, es que la conciliación obligatoria que había dictado el Gobierno no podía aplicarse a una protesta de la CGT ya que sólo regía para su conflicto salarial.
En el caso de la UTA, encabezada por Roberto Fernández, el argumento por el cual adhirió al paro de la CGT es que la conciliación obligatoria había sido dispuesta para el conflicto salarial de los choferes de colectivos del interior y no para los que trabajaban en el AMBA.
En ese sentido, la CGT Rosario manifestó su respaldo a la postura de la Confederación General del Trabajo (CGT) a nivel nacional y cuestionó lo que interpretan como un intento del Gobierno de disciplinar a los sindicatos que se alinearon con la protesta convocada por la central.
Las entidades gremiales sostienen que las acciones impulsadas por UTA y La Fraternidad están amparadas tanto por la Constitución Nacional como por los convenios internacionales que garantizan la libertad sindical y el derecho a la huelga.
Desde la central obrera también remarcaron que la respuesta del Estado no debería orientarse a sancionar a las organizaciones gremiales, sino a abordar las causas de fondo del conflicto social y económico.
En ese marco, insistieron en que el Gobierno encabezado por Javier Milei debería concentrar sus esfuerzos en revertir lo que definieron como una “escalada indetenible” de cierre de empresas, el aumento del desempleo y la pérdida del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones.