Impulsan un registro provincial para regular el trabajo de cadetes repartidores en Santa Fe

Diputados de la provincia de Santa Fe presentaron un proyecto de ley para crear el Registro Provincial Único y Obligatorio de la Actividad de Reparto, con el objetivo de regular y ordenar el trabajo de cadetes repartidores en todo el territorio.

La iniciativa, impulsada por la legisladora Lucila De Ponti, propone que se inscriban trabajadores, agencias, locales comerciales, plataformas digitales y los vehículos utilizados en la actividad, para avanzar en la formalización laboral y fortalecer las condiciones de seguridad del sector.

El registro funcionaría bajo la órbita del Ministerio de Trabajo de la provincia e incluiría credenciales identificatorias tanto para los trabajadores como para los vehículos utilizados en la actividad. Además, establecería requisitos vinculados con la seguridad y la documentación necesaria para desempeñar el trabajo de reparto.

En ese marco, Nicolás Martínez, referente del Sindicato de Cadetes, señaló que el proyecto busca dar respuesta a una actividad que creció con fuerza en los últimos años. “En la provincia no existe una ley específica que regule de manera integral la actividad de cadetería y reparto. Hoy las normas están dispersas en ordenanzas municipales que no alcanzan para ordenar el sector”, afirmó.

Asimismo, remarcó que el incremento del trabajo de reparto está directamente vinculado con la situación económica del país. “El crecimiento de la actividad también tiene que ver con la crisis que golpea a la economía argentina. Muchas personas encuentran en el reparto una alternativa laboral, pero muchas veces lo hacen en condiciones de informalidad y sin protección”, explicó.

Según destacó Martínez, la creación del registro permitiría ordenar la actividad, promover la regularización del trabajo y mejorar la seguridad tanto para quienes se desempeñan en el sector como para la ciudadanía en general.

Por su parte, el texto impulsado por la diputada Lucila De Ponti establece la obligatoriedad de inscripción en el registro para poder operar en la provincia. A su vez, contempla sanciones que van desde apercibimientos hasta multas y clausuras para quienes no cumplan con la normativa. También fija requisitos vinculados con información fiscal, registral y de seguros para trabajadores y vehículos.

Sin embargo, algunos puntos del proyecto generaron cuestionamientos desde sectores de la oposición. Entre ellos, se destaca el artículo que dispone que la administración pública provincial y sus organismos deberán contratar exclusivamente a cooperativas de reparto debidamente registradas para realizar servicios de mensajería y diligencias.

Desde el entorno de De Ponti, en cambio, argumentan que la propuesta apunta a ordenar una actividad que creció de manera exponencial en la última década, especialmente a partir del auge de las plataformas digitales, y que actualmente presenta altos niveles de informalidad, falta de cobertura y riesgos en materia de seguridad vial y laboral.

El proyecto contempla beneficios para quienes se inscriban en el registro. Entre ellos, se incluyen exenciones en el pago de Ingresos Brutos, descuentos en sellados y patentes, así como la posibilidad de firmar convenios para agilizar trámites ante organismos públicos.

Además, la iniciativa prevé el acceso público al registro y faculta a entidades gremiales a solicitar certificaciones con el objetivo de verificar las condiciones laborales dentro de la actividad.