¿Crisis evitable?: qué pasaría con los salarios docentes si la Ley de Financiamiento Universitario entraba en vigencia
La normatia fue aprobada por el Congreso dos veces, pero el presidente Javier Milei se rehusa a aplicarla y presentó un proyecto para cambiarla. Mientras tanto, la Universidad Pública de Argentina afronta un panorama crítico.
Los fondos que el Presupuesto 2026 destina al funcionamiento de universidades nacionales tuvieron un ajuste real del 45,6% en los últimos tres años. Este desplome –que impactó de lleno en los recursos destinados a salarios docentes y a gastos de funcionamiento– tiene su contracara en una disputa legislativa en torno a la Ley de Financiamiento Universitario (dado que el gobierno de Javier Milei se niega a aplicarla e insiste en modificarla) y en el reclamo de los trabajadores del sector, que esta semana realizarán un paro de cinco días.
Para entender la actual situación financiera de las universidades hay que hacer repaso legislativo: en agosto del año pasado, la Cámara de Diputados y el Senado aprobaron la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, la cual fue vetada por Milei en septiembre, pero ratificada por el Congreso al mes siguiente. Sin margen para rechazarla, desde Casa Rosada promulgaron la normativa a través del Decreto 759/202, pero suspendieron su aplicación al argumentar que el texto no aclaraba cómo se iba a financiar la iniciativa, a pesar de que la propia ley habilitaba adecuaciones presupuestarias. A fines de diciembre la Justicia ordenó aplicar la legislación pero, para evitar su implementación, en febrero el Gobierno presentó un proyecto para modificarla.
En cuanto a gastos de funcionamiento, la Ley 27.795 dispone una recomposición presupuestaria para 2024 en función del aumento de la inflación publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) desde mayo hasta diciembre y actualizaciones bimestrales durante todo 2025. En lo que respecta a salarios, establece la convocatoria a una paritaria nacional para recomponer la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde diciembre de 2023 hasta septiembre de 2025, tomando como referencia el índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec.
El proyecto que presentó el Gobierno establece un aumento de $80.072 millones en “Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios” y también fija incrementos atados a la inflación en otros programas. En lo salarial, propone subas del 4,1% en marzo, junio y septiembre, calculadas sobre el salario básico de diciembre de 2025, totalizando 12,3% en el año. A su vez, establece la convocatoria a una paritaria nacional sin piso de incrementos en los salarios.
El Centro de Economía Política Argentina (Cepa) comparó cómo impactan la Ley de Financiamiento Universitario y el proyecto que Milei presentó para modificar esta normativa en los salarios de docentes y no docentes y en el presupuesto para que las Universidades Públicas Nacionales puedan funcionar.
El informe detalló que el presupuesto universitario tuvo una caída real del 28,7% entre 2023 y 2025; mientras el desplome es del 45,6% si se comparan los números del 2023 con los del Presupuesto 2026. El Cepa alertó que si la Ley de Financiamiento Universitario entraba en vigencia, los fondos para el sector habrían crecido un 35,1% frente a 2025 y, si bien hubieran estado un 3,6% por debajo de 2023, prácticamente se habría recuperado el nivel presupuestario previo al ajuste.
En cambio, los cambios que impulsa el Gobierno implicarían una caída del 14,2% respecto de 2025 y del 38,8% frente a 2023, dejando un presupuesto 36,5% menor al de la Ley 27.795.
Del presupuesto total destinado a universidades nacionales, el 86,9% está dirigido al pago de sueldos y el 13,1% a cubrir gastos de funcionamiento. “Entre 2023 y 2026 el grueso del ajuste recayó sobre los salarios del personal docente y no docente, que se redujeron 43,2%. Los gastos de funcionamiento recibieron un ajuste de 57,1% entre 2023 y 2026, principalmente por recortes superiores al 70% en programas de desarrollo universitario y ciencia y técnica. La única partida que creció fue la Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios (con un alza del 19,8% este año), aunque solo representa el 2,3% del presupuesto universitario”, apuntaron desde el Cepa.
Entre 2023 y 2026, las Acciones Universitarias para el Desarrollo Nacional y Regional (Fundar) se redujeron 89,7%; el Fortalecimiento de la Ciencia y la Técnica en Universidades, 77,4%; el Desarrollo de Proyectos Especiales, 91,6%; el Desarrollo de Institutos Tecnológicos de Formación Profesional, 71,6%; y la Promoción de Carreras Estratégicas, 77,4%. En conjunto, estos recortes explican gran parte de la caída del gasto en funcionamiento dentro del presupuesto universitario.
“Si el Gobierno hubiese aplicado la Ley 27.795, el presupuesto salarial habría aumentaron un 36,3% respecto de 2025, ubicándose 2,7% por encima de 2023. Los gastos de funcionamiento subirían 25,7% frente al año pasado, aunque seguirían 37,5% por debajo de 2023, ya que varias partidas vinculadas al desarrollo universitario y a la ciencia y técnica no fueron incluidas en la recomposición”, añadió el documento.
El proyecto que presentó el Gobierno, en tanto, propone una recomposición salarial de 12,3% (con tres aumentos de 4,1%), que con la inflación proyectada implicaría caídas reales de 16% frente a 2025, 36,7% frente a 2023 y 38,3% en comparación con la Ley 27.795 –lo que medido en pesos corrientes implica un gasto 3,4 veces menor–.
Los gastos de funcionamiento aumentarían 0,3% respecto a 2025 y mostrarían caídas reales de 50,2% frente a 2023 y de 20,2% respecto de lo establecido en la Ley de Financiamiento Universitario. “Únicamente crecería en términos reales la Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios (+45,6% versus 2025)”, destacó el informe.
Trabajadores por debajo de la línea de pobreza
Los salarios de docentes y no docentes universitarios registraron una caída del 34% entre noviembre del 2023 y enero de 2026. La baja más fuerte se registró en los primeros ocho meses de gobierno de Milei (-23,1%), mientras que en 2025 volvió a caer 10,1% y acumuló una pérdida de 32,1% en diciembre de dicho año.
La Ley 27.795 proponía un aumento salarial de al menos un 44%, que habría dejado los salarios de noviembre 2025 apenas 1,3% por debajo de noviembre 2023. El Gobierno, en cambio, propone una recomposición del 12,3% en tres aumentos trimestrales de 4,1% –que quedaría por debajo de la inflación del 20,3 proyectada hasta septiembre–. “Esto significaría una nueva caída del salario real de alrededor de 3,4% hacia el noveno mes del año”, alertó el Cepa.
Al comparar la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT) de enero de 2026 con los salarios básicos brutos (sin antigüedad) del personal docente y no docente de las universidades nacionales, se observa que solo una pequeña parte de los cargos supera la línea de pobreza.
En el primer mes del año la CBT alcanzó los $1.360.299. Entre los docentes, únicamente los titulares con dedicación exclusiva superan ese umbral, con un salario bruto de $1.380.084, apenas $95.792 por encima de la línea de pobreza. En el caso del personal no docente, solo los cargos de los niveles 1 y 2 superan la CBT, con ingresos que la exceden en $518.138 y $205.068, respectivamente.
El resto de los cargos docentes con dedicación exclusiva percibe salarios que no alcanzan a cubrir la CBT, por lo que se ubican por debajo de la línea de pobreza. Algo similar ocurre con la mayoría de los escalafones del personal no docente, cuyos salarios tampoco logran superar ese umbral.
La situación es aún más crítica entre los docentes con dedicación semi-exclusiva y simple. Considerando que la CBA de enero fue de $623.990, solo los titulares y asociados con dedicación semi-exclusiva perciben salarios básicos brutos por encima de la línea de indigencia. El resto de los cargos docentes (incluyendo todos los de dedicación simple) se ubica por debajo de ese nivel.
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