LUNES, 20 DE JUL.

El Gobierno cierra las delegaciones del Ministerio de Trabajo en todo el país y despide a 1.600 empleados

La medida forma parte de una reestructuración impulsada por el Ministerio de Capital Humano. Gremios denuncian un “vaciamiento” del área laboral y advierten sobre el impacto federal.

El Gobierno nacional avanzará en las próximas horas con el cierre de todas las delegaciones territoriales de la Secretaría de Trabajo y el despido de 1.600 empleados, en el marco de una profunda reestructuración impulsada por el Ministerio de Capital Humano. La decisión forma parte del plan de ajuste y reducción del Estado que lleva adelante la gestión de Javier Milei, y que impacta directamente sobre la estructura de la cartera laboral, actualmente conducida por Julio Cordero. Según trascendió, el objetivo es achicar el funcionamiento del organismo mediante el desmantelamiento de sus agencias en el interior del país.

Asimismo, las delegaciones territoriales cumplen un rol clave en la atención federal, ya que funcionan como espacios de asesoramiento y gestión de trámites para trabajadores, empleadores, sindicatos y cooperativas. Sin embargo, con su cierre, se vería afectada la cobertura en materia laboral en distintas provincias.

Por otro lado, la medida implicará el despido de aproximadamente 1.600 trabajadores, lo que profundiza el clima de incertidumbre en el empleo público. Este recorte se inscribe, además, en un contexto más amplio de ajustes en distintos organismos estatales.

En este contexto, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ya habían declarado el estado de “alerta máxima” ante versiones de despidos masivos. En esa línea, el gremio denunció un “vaciamiento estructural” de la Secretaría y advirtió sobre las consecuencias que tendrá la reducción del organismo.

Además, el sindicato que conduce Rodolfo Aguiar cuestionó la orientación de la política laboral del Gobierno y alertó que el cierre de las delegaciones no solo afectará a los empleados despedidos, sino también a miles de trabajadores que dependen de esos espacios para realizar gestiones y reclamos.

En este sentido, la medida se suma a otras iniciativas de ajuste impulsadas por el Ejecutivo y refuerza el conflicto con los gremios estatales, que anticipan posibles medidas de fuerza frente a la pérdida de puestos de trabajo y el debilitamiento de las estructuras públicas.

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