Gremio informático critica la llegada de la empresa Palantir, pide proteger los datos de la población y advierte por la «tecnovigilancia»

La Asociación Gremial de Computación (AGC) reclamó poner límites al uso de tecnologías de vigilancia en el Estado y propuso evitar la cesión de datos sensibles de la población a empresas privadas, en medio de la posible llegada de sistemas de análisis masivo de información al país de la mano del magnate Peter Thiel que recientemente se reunió con el presidente Javier Milei.

La organización gremial sostuvo que la Argentina debe preservar el control sobre sus bases de datos estratégicas y desarrollar capacidades propias, en lugar de depender de plataformas externas que procesan información clave para la seguridad, la economía y la vida cotidiana.

En ese sentido, advirtió que este tipo de herramientas basada en inteligencia artificial y análisis predictivo, permiten perfilar conductas, anticipar comportamientos y automatizar decisiones, lo que podría afectar derechos individuales y libertades públicas si no existen controles estrictos.

Uno de los puntos centrales del planteo es el impacto sobre la democracia. Según el gremio, el uso masivo de datos abre la puerta a prácticas como la segmentación política de la ciudadanía y el direccionamiento de mensajes electorales, lo que puede distorsionar el debate público.

“Un país que no controla sus datos no controla sus elecciones”, señalaron.

El sindicato también alertó sobre los riesgos de seguridad nacional y manifestó que el procesamiento de información en compañías extranjeras implica ceder capacidad de decisión sobre qué se considera una amenaza y cómo se actúa frente a ella.

En este contexto, cuestionaron el marco normativo vigente que promueve una mayor integración de datos y herramientas de inteligencia, al considerar que podría facilitar la incorporación de estos sistemas sin el debido debate público.

Finalmente, el gremio planteó que la discusión debe centrarse en cómo garantizar una soberanía digital efectiva: con regulación, control democrático y desarrollo tecnológico propio, para evitar que el manejo de información estratégica quede en manos de actores privados con intereses ajenos al país.