La fábrica Alijor paga salarios en hasta 8 cuotas y crece la preocupación por los 180 trabajadores

Trabajadores de la empresa alimenticia Alijor denuncian que perciben sus salarios de manera fragmentada y en hasta ocho cuotas, en medio de un conflicto laboral que se profundiza y afecta a cerca de 180 empleados. En ese contexto, crece la preocupación por la estabilidad laboral y las condiciones de trabajo dentro de la planta ubicada en la localidad bonaerense de Garín.

Según relataron los empleados, la situación salarial se agravó progresivamente en los últimos dos años. En un principio, los haberes comenzaron a abonarse en dos cuotas, luego en cuatro, posteriormente en seis y, finalmente, el esquema se extendió hasta llegar a ocho pagos mensuales.

De esta forma, los trabajadores aseguran que les resulta cada vez más difícil afrontar gastos básicos como alquiler, deudas y servicios.

En ese sentido, Nicolás Viñas, trabajador de la firma y delegado congresal del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), explicó que en varias oportunidades incluso dejaron de cobrar durante semanas. “Durante un mes y medio no nos depositaron nada y, después de que marchamos a la casa del dueño, recién ahí nos pagaron lo adeudado”, señaló.

Además, el delegado denunció el deterioro de las condiciones laborales dentro de la planta. Según detalló, hace años no se renueva la indumentaria de trabajo, faltan elementos de seguridad y el comedor fue cerrado hace más de un año y medio.

A esto se suma la falta de pago de vacaciones y otros conceptos salariales, lo que agrava aún más el conflicto.

Por otra parte, los trabajadores indicaron que la empresa, fundada en 1989 y con más de cuatro décadas de historia, llegó a tener más de 300 empleados, aunque actualmente la plantilla se redujo a unos 180 operarios. En ese marco, también advierten por una posible reducción adicional de personal y por el impacto de la crisis financiera en la continuidad de los puestos de trabajo.

Asimismo, los empleados aseguran que los problemas económicos de la empresa derivaron en embargos judiciales que afectaron las cuentas bancarias, lo que obligó a pagar los salarios en efectivo y en montos cada vez más reducidos. “O pagás la tarjeta o la luz, o comés o pagás el alquiler”, describió Viñas al explicar la situación de los trabajadores.

En tanto, los operarios denunciaron presiones y amenazas por parte de la conducción de la empresa ante cada reclamo gremial. Según afirmaron, en reiteradas ocasiones debieron trasladarse hasta la Ciudad de Buenos Aires para exigir el pago de haberes adeudados directamente frente al domicilio del dueño de la firma.

Además, señalaron que el conflicto laboral se profundiza por la reducción sostenida de áreas clave dentro de la empresa, como el sector comercial, que fue eliminado en 2017, dejando a la firma sin estructura propia de ventas y dependiendo de distribuidores externos.

Por otra parte, los trabajadores remarcaron que la crisis no es reciente. En 2023 la planta atravesó una huelga por atrasos salariales y amenazas de cierre, mientras que en 2019 ya se habían registrado despidos y reclamos por indemnizaciones impagas.

En tanto, en denuncias más recientes, los empleados aseguran que la deuda acumulada supera los dos millones de pesos por trabajador y que las condiciones de higiene y seguridad continúan deteriorándose.

Además, los trabajadores advirtieron que el conflicto sigue sin solución y que mantendrán las medidas de fuerza hasta obtener respuestas concretas sobre el pago de salarios y la estabilidad laboral en la planta de Garín.