Juntan firmas para que los senadores rechacen los cambios en “Zona Fría” para tarifas de gas: ¿cómo adherir al pedido?
El Senado podría tratar la iniciativa oficialista el jueves de la semana que viene. En caso de convertirse en ley, unos 550.000 santafesinos perderían los subsidios la gas y afrontarían tarifas que podrían duplicar los montos actuales.
La Red Nacional de Multisectoriales de la República Argentina lanzó este miércoles una colecta de firmas digitales para que los senadores del país –especialmente aquellos que representan a las provincias que perderían subsidios al gas natural– no voten a favor de los cambios que el gobierno de Javier Milei planea aplicar en el esquema de Zona Fría. Mientras que el proyecto podría tratarse en el recinto el jueves de la semana que viene, el “poroteo” indica que el oficialismo contaría con los votos para convertirlo en ley. La judicialización del caso se alza como una opción, con el antecedente del fallo Cepis, que data de 2017.
En diálogo con Conclusión, la integrante del Observatorio de Servicios Públicos Clara Ramírez recordó que la Red Nacional de Multisectoriales se conformó en 2017, cuando el entonces presidente Mauricio Macri quiso modificar el cálculo de las tarifas –iniciativa que popularmente se conoció como “tarifazo”–. Ahora, ante el resigo de que 3.200.000 argentinos pierdan el subsidio al gas y paguen hasta el doble de lo que abonan actualmente, las organizaciones volvieron a la carga.
En 2021 se amplió la cantidad de localidades incluidas dentro del esquema “Zona Fría”, que otorga subsidios de entre el 30% y el 50% al consumo del gas. Así, ocho departamentos del sur de Santa Fe (que representan a unos 550.000 usuarios) pasaron a estar incluidos en el beneficio. Sin embargo, avanza en el Congreso un proyecto oficialista –que ya tuvo media sanción en la Cámara de Diputados– para que esta asistencia se mantenga solamente en la Patagonia, el departamento mendocino Malargüe y el área de la Puna, mientras que en el resto del país habría un régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) según el nivel de ingresos de los hogares.
Como el Senado está listo para tratar este proyecto en la próxima sesión, las organizaciones que integran la Red Nacional de Multisectoriales decidieron impulsar dos medidas: por un lado, juntar firmas de forma virtual (el próximo lunes, entre las 9.30 y las 13, habrá jornadas presenciales en diversos puntos del país); y, por otro, algunos Concejos Municipales, como el de la localidad bonaerense de Villa Gesell, convocaron a mesas de trabajo para pedir que los senadores rechacen estos cambios en materia de subsidios.
“Cuantas más firmas juntemos y cuanto más se replique esta información, mejor. El objetivo es tener la mayor cantidad de adherentes, que la gente esté consciente de lo que puede suceder y que le llegue a los tres senadores de Santa Fe (el peronista Marcelo Lewandowski y los radicales Eduardo Galaretto y Carolina Losada), para que se puedan pronunciar en contra teniendo en cuenta lo que sucedería en caso de aprobarse esta iniciativa”, apuntó Ramírez.
Asimismo, comentó que algunas organizaciones, como las Defensorías del Pueblo o la Defensoría de Adultos Mayores de Rosario, le hicieron llegar notas a los legisladores detallando cómo impactaría la quita de subsidios. De momento, sólo Lewandowski anticipó que no acompañará estas modificaciones. “Teniendo en cuenta cómo votaron los diputados del oficialismo santafesino, que no apoyaron esta ley, estimamos que sucedería lo mismo en el Senado, pero aún no se han pronunciado, por lo cual nos preocupa y nos ocupa hacerle llegar las peticiones de los distintos sectores. Esto no solo afecta al ciudadano y al usuario, sino el sector pyme y comercial”, señaló.
Ramírez advirtió que las perspectivas en el Senado son menos alentadoras que las que tenían cuando la iniciativa se trató en la Cámara de Diputados: “Habría una negociación, entre comillas, con los gobernadores del Noroeste (NOA) y el Noreste (NEA). El Gobierno prometió una compensación por ‘Zona cálida’ para el esquema eléctrico en las provincias que no cuentan con la gasificación –Santa Fe quedaría afuera de este beneficio–, a cambio de que acompañen estas reformas, por lo cual diría que estaría en condiciones de salir la ley”.
“Este miércoles el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, pidió a sus senadores que no acompañen esta ley y también solicitó una pronunciación de la legislatura provincial. Nosotros trabajamos para que la Legislatura de Santa Fe también se exprese y acompañe este pedido de las organizaciones civiles y del consumidor, para que los senadores que aún no se han pronunciado lo hagan y que sea en función de no acompañar esta ley y en beneficio de más de 550.000 santafesinos que se verían perjudicados, sumado al impacto que la medida tendría en la cuestión económica, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas (pymes) y comercios”, completó la integrante del Observatorio de Servicios Públicos.
“Las pymes, el Centro de Almaceneros y distintas asociaciones de comercios también están pidiendo la no aprobación de este proyecto”, cerró Ramírez, quien adelantó que en las próximas horas se definirán los lugares físicos que recibirán firmas de forma presencial en Rosario el próximo lunes.
A pesar de que la reducción de “Zona Fría” aún no es ley, en las últimas horas el directorio del Entre Nacional Regulador del Gas y la Electricidad convocó a una reunión que tendrá lugar este jueves a las 13 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para discutir los nuevos cuadros tarifarios tras la quita de este subsidio.
Un antecedente judicial, la última esperanza
Si bien la apuesta de la Red Nacional de Multisectoriales es que la iniciativa no sea aprobada en el Senado –para lo cual impulsan colecta de firmas, notas y diferentes intercambios con los legisladores–, todo indica que el oficialismo contaría con los votos, por lo que la judicialización se alza como una posibilidad.
“Hay un antecedente del 2017, cuando se judicializó el esquema que se había planteado para modificar el cálculo tarifario. Fue el famoso caso del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), mediante el cual la Corte Suprema de Justicia frenó los aumentos, que eran bastantes importantes en ese momento”, dijo Ramírez.
Y cerró: “La Corte dijo que las tarifas deberían ser justas, razonables y no confiscatorias. En caso de que se eliminen los subsidios por Zona Fría, las tarifas estarían siendo confiscatorias sobre los ingresos. Ni hablar de los adultos mayores, en donde estaríamos rondando hasta un 45% o 50% de los haberes. Los trabajadores registrados tendrían una gran parte de sus sueldos comprometidos al pago de los servicios. Basado en esto, estaríamos frente a una situación tarifaria confiscatoria de los servicios públicos frente a los ingresos de la ciudadanía”.