Ciudacoches en Santa Fe: Diputados aprobó un “Frankestein legal” que ahora debe volver al Senado
Con los votos del oficialismo, la Cámara baja introdujo cambios al texto original. El control quedaría en mano de los municipios y se crean dos cargos de jueces para sancionar conductas ilegales. Se agrega al Código de Convivencia un artículo sobre “prohibición de concurrencia”.
La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó este jueves con algunos cambios el proyecto de ley para prohibir la actividad de cuidadacoches en la provincia que había sancionado el Senado, cámara que ahora deberá volver a tratar el expediente. Por las diferencias internas en el interbloque oficialista de Unidos el nuevo texto se demoró hasta media tarde y la oposición lo calificó que “Frankestein legal”. Se crean dos cargos de jueces y una figura que es la de “prohibición de concurrencia”, algo así como la prohibición de acercamiento al lugar donde fue sancionado el trabajador informal.
El proyecto original impulsado por el senador del departamento Rosario, Ciro Seisas, prohibía la actividad de cuidacoches en todo el territorio provincial. Incluía sanciones para quienes ejercieran esa tarea informal y una serie de medidas con la intención de incluirlas laboralmente a través de capacitaciones en oficios.
Pero la norma tuvo resistencia, incluso, en el propio oficialismo. El intendente de Rosario, Pablo Javkin, dijo que no se puede aprobar una ley para terminar con un problema social. Finalmente, Diputados trató en la sesión de este jueves el texto del Senado, al que introdujo cambios sustanciales.
El dictamen conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Seguridad y Presupuesto recién estuvo listo después de las 16. La libertaria Silvia Malfesi se quejó durante la sesión: “El texto definitivo me llegó al Whatsapp a las 16.21”, precisó. Pero lo más llamativo no era tanto el horario como el contenido.
La ley, nacida para prohibir la actividad, deja ahora la regulación de los cuidacoches y su sanción en cabeza de los municipios, que deberán sancionar una ordenanza. Es decir, se aprobaría una ley para decirle a las ciudades que aprueben una ordenanza. Además, crea dos cargos de jueces en el sistema penal -uno para Rosario y otro para Santa Fe, las dos ciudades donde el fenómeno es “un problema”- y la figura de “prohibición de concurrencia”, que sería la sanción aplicable a los trabajadores informales.
El nuevo proyecto de Unidos incorpora un artículo al Código de Convivencia, el 66 bis, que dice: “Quien, sin contar con autorización de la autoridad competente y cuando se encuentre prohibido por normativa local vigente, exigiera, impusiera, o requiriera de modo intimidatorio el pago de una suma de dinero, beneficio o retribución económica por la utilización de espacios físicos destinados al estacionamiento de vehículos en la vía pública, o por su guarda, cuidado, lavado o limpieza, se encuentren estacionados o no, será reprimido con prohibición de concurrencia por un máximo de hasta sesenta días”.
Es decir que el municipio puede autorizar la actividad, y penalizarla en caso de que quien la ejerza no esté autorizado. Y si ese ejercicio está prohibido por la ciudad. La sanción consistirá en no poder concurrir al lugar en el que se cometió la falta por 60 días, que también podrá trocarse por trabajo comunitario como modo de purgar el castigo.
El artículo 5 de la media sanción de Diputados, que se aprobó con los votos del oficialismo, establece que “el Poder Ejecutivo implementará acciones de prevención e inclusión social que incluirán capacitación, formación en oficios, intermediación laboral y abordaje en materia de salud mental y consumos problemáticos, entre otros, priorizando la articulación con los gobiernos locales, conforme lo establezca la reglamentación”.
A la vez, crea dos cargos en el sistema penal. Se trata de dos juzgados de primera instancia, uno radicado en Rosario y otro en la ciudad de Santa Fe, para que intervengan en un problema social. “Es una ley que pretendemos que sirva. No va a solucionar todo el problema, pero responde a lo que nos plantearon los intendentes”, dijo la diputada socialista Lionella Cattalini, presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales y promotora de los cambios.
La justicialista Lucila De Ponti valoró que, a diferencia del punitivo texto del Senado, el de Diputados diferencia entre una actividad legal y conductas ilícitas, aunque el interbloque peronista tampoco votó a favor por considerar que no la norma no contempla ninguna acción de inclusión social concreta.
El perottista Marcos Corach sostuvo al hacer uso de la palabra que “nadie niega que existan situaciones de amenazas o extorsión vinculadas a cuidacoches o lavacoches, ni que el Estado deba intervenir cuando eso ocurre”. Pero, agregó, “la discusión es otra. La discusión es si una problemática profundamente social puede resolverse creando nuevas figuras jurídicas y represión. Por eso votamos en contra de esta mala ley armada como un Frankestein legal”.
El diputado Carlos Del Frade, del Frente Amplio por la Soberanía, sostuvo por su parte que “con esta ley se busca combatir a los pobres, no a la pobreza. No mostrar los pobres, ir en contra de ellos porque los pobre molestan”.
Y puso el asunto en números: dijo que de acuerdo a las reuniones que se hicieron con seis intendentes “en Rosario hay 754 personas” censadas como cuidacoches sobre un millón de habitantes. “Santa Fe 475 personas sobre 500 mil; Villa Gobernador Gálvez 20 personas sobre 93 mil; Rafaela 100 personas sobre una población de 121 mil; Reconquista 67 personas sobre 84 mil pobladores; Santo Tomé 12 personas sobre 75 mil personas”, enumeró.
Y concluyó: “¿1428 personas en seis ciudades que concentran a 1.900.000 habitantes y nos quieren hacer creer que el problema de la provincia de Santa Fe son esas 1.428 personas que piden plata porque necesitan ingresos?”. Lógicamente, su bloque votó en contra.