Casal pidió a Milei un DNU para que los fiscales sigan interviniendo tras el fallo “Levinas”

Funcionarios del Ministerio Público Fiscal, encabezados por el procurador interino Eduardo Casal, se presentaron este martes ante la Bicameral de Seguimiento y Control del organismo para renovar el pedido al presidente Javier Milei de un decreto que habilite a los fiscales a intervenir ante el Tribunal Superior de Justicia porteño.

Durante la reunión, Casal estuvo acompañado por los secretarios Juan Manuel Casanovas (Técnica y Disciplinaria) y Juan Manuel Olima Espel (Coordinación Institucional), quienes expusieron el balance anual de gestión y respondieron consultas de los legisladores, en el marco del encuentro presidido por el diputado Sebastián Galmarini (UP). Allí, Casal sostuvo que el espacio funciona como “vínculo” entre la Procuración y el Congreso.

En su intervención, el jefe de los fiscales se refirió a las consecuencias del fallo “Levinas” y adelantó que solicitaron al Poder Ejecutivo la emisión de un decreto de necesidad y urgencia para sostener la intervención del Ministerio Público Fiscal en causas de la Justicia Nacional con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, mientras avanza el proceso de transferencia de competencias a la órbita porteña. En ese sentido, remarcó que la Procuración “continuará interponiendo los recursos correspondientes” hasta que la situación se resuelva.

El borrador del DNU, indicó, se encuentra bajo análisis del Ministerio de Justicia. Previamente, Olima Espel había señalado que el informe de gestión fue presentado “en tiempo y forma” y detalló lineamientos de política criminal, con directrices comunes para todo el Ministerio Público Fiscal en materia de persecución de la criminalidad organizada, con foco en delitos complejos como trata de personas y narcotráfico.

También expuso el impacto presupuestario: advirtió que los recursos crecieron por debajo de la inflación y estimó una pérdida del 47% en dos años. Aun con ese escenario, remarcó avances en modernización, como la digitalización de expedientes, la puesta en marcha de un sistema único de gestión para causas penales y no penales y herramientas de cruce de datos, además de un programa para regular el uso de inteligencia artificial dentro del Ministerio Público Fiscal.

En el plano institucional, destacó la aprobación de un protocolo regional para protección y seguridad de fiscales en el ámbito de la AIAMP, la creación de la estructura de coordinación del Sistema Federal de Recupero de Activos (SIFRAI), la institucionalización del vínculo con la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y el rol de la Procuración en evaluaciones de la OCDE y el GAFI, que —según el informe— permitió la salida de la “lista gris” por primera vez desde 2001.

Casanovas, por su parte, abordó el avance del Código Procesal Penal Federal y lo describió como una “transformación institucional” que exige una reorganización para garantizar un servicio de justicia más ágil, transparente y eficiente. Informó que el nuevo sistema acusatorio ya está implementado en 13 distritos judiciales, con alcance en 19 provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

Finalmente, los funcionarios cerraron con el pedido de acompañamiento del Congreso para que, en el debate del próximo Presupuesto, se contemplen los recursos necesarios. Según el Informe de Gestión 2025, durante el período analizado ingresaron 1.282 expedientes al área de dictámenes y se elaboraron proyectos en 1.499 causas, con un total de 1.509 dictámenes emitidos.