Tras el cese de actividades de los prácticos que paralizó los puertos, rige la reducción tarifaria
El Gobierno tuvo que retroceder con el decreto que desregulaba la actividad poniendo en riesgo de la seguridad fluvial y marítima. Como parte del acuerdo, los baqueanos accedieron a un rebaja de tarifa.
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) oficializó la reducción del 20% en las tarifas máximas de practicaje y pilotaje, que forma parte del acuerdo con el sector para desactivar el paro en los puertos que rechazaba la desregulación de la actividad. La medida fue formalizada mediante la Resolución 46/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, como parte de los puntos acordados para descomprimir el grave conflicto que paralizó la actividad fluvial y marítima del país en los últimos días.
La normativa operativiza técnicamente el descuento acordado. La quita del 20% se aplicará directamente sobre el resultante de los cálculos del “Régimen de Tarifas Máximas” que regía desde el año 2018. Tanto la Cámara de Actividades de Practicaje y Pilotaje como la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante expresaron formalmente su conformidad con el recorte arancelario en el marco del acuerdo general.
La rebaja tarifaria entra en vigencia inmediatamente y tendrá validez de forma provisoria, estrictamente mientras dure la suspensión temporal de la reforma del practicaje dispuesta por el Ejecutivo nacional a través de su ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que sumó dos traspiés en un semana, al caerse también parte de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
La desregulación fallida
La tensión en el sector de la marina marcante se originó a partir de la desregulación del reglamento del practicaje vigente desde 1991, a través del Decreto 690/2026, impulsado por el ministro Sturzenegger. Allí se eliminaban regulaciones consideradas obsoletas, con el argumento de remover barreras y facilitar la incorporación de nuevos prestadores.
Sin embargo, la entrada en vigencia de esta reforma regulatoria fue rechazada de plano por los prestadores del servicio, quienes iniciaron medidas de fuerza que pusieron en jaque el normal funcionamiento del transporte fluvial y el comercio exterior, cuya seguridad estuvo puesta en riesgo por la decisión ministerial.
Ante el riesgo de una paralización mayor, el Gobierno suspendió de manera temporal los efectos de la reforma y restituyó el marco regulatorio anterior para garantizar la continuidad del servicio esencial de practicaje, mediante el Decreto 716/2026.
Así surgió de una negociación coordinada por el Ministerio de Seguridad Nacional, donde las partes pactaron reanudar el servicio de forma regular a cambio de suspender la desregulación, crear una mesa intersectorial permanente para consensuar un nuevo reglamento y aplicar una baja del 20% en los aranceles de practicaje.