La Comisión de Derechos Humanos de Diputados denunció “represión” y apuntó contra Monteoliva
Durante el encuentro, distintos expositores brindaron sus testimonios sobre los incidentes y cuestionaron el accionar de las fuerzas de seguridad desplegadas en las inmediaciones del Palacio Legislativo. En sus intervenciones, los presentes apuntaron directamente contra la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, a quien responsabilizaron por el operativo y por los hechos de violencia registrados durante la movilización.
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados se reunió este jueves para recopilar testimonios y denuncias sobre la presunta «represión» registrada el pasado 6 de agosto en las inmediaciones del Congreso, durante la jornada en la que el Senado debatía la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
El encuentro, encabezado por Horacio Pietragalla Corti, titular de la comisión, contó con la presencia de diputados nacionales como Esteban Paulón (Provincias Unidas), Mónica Frade (Coalición Cívica), Myriam Bregman y Romina Del Plá (Frente de Izquierda), además de Juan Marino, Javier Andrade, Paula Penacca, Lucía Cámpora, Santiago Roberto, Hugo Yasky y Teresa García.
Pietragalla Corti afirmó que “quienes estuvimos en la marcha, sabemos que fue un operativo de seguridad desmedido o, mejor dicho, una represión desmedida”. También dio cuenta de las ausencias del oficialismo y señaló que las 29 personas demoradas registran restricciones de acercamiento a una distancia de 500 metros del Palacio Legislativo.
Por su lado, el bloque de La Libertad Avanza, emitió un comunicado en el que informó que no participaría. Argumentó que la convocatoria fue “una nueva utilización como escenario para la confrontación y la construcción de un relato político”, y sostuvo que “la movilización derivó en episodios de violencia, destrozos y alteraciones del orden público” que exigieron la intervención de las fuerzas de seguridad “en cumplimiento de sus funciones”.
En el Anexo, la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina estuvo representada por Raúl Ferrari, quien describió lo ocurrido el 6 de agosto como una “represión sistemática desde que asumió este gobierno”.
El reportero, apuntó que durante los primeros seis meses de 2025, el 54% de las marchas terminó en represión, con más de 1.200 detenidos y 179 trabajadores de prensa heridos. Además, detalló que fuerzas de seguridad “bajo el término ‘barrer’, persiguieron gente hasta Corrientes y 9 de Julio, y a otros hasta la Plaza de Mayo”.
Por su parte, el rescatista Esteban Chala informó que, en ese contexto, debieron atender “a muchísimas personas” en conjunto con la Defensoría del Pueblo y la Comisión Provincial por la Memoria. En ese sentido, sostuvo que observó “un recrudecimiento” respecto de otros episodios de confrontación, y afirmó que “empezaron a volar agua y gases”.
Con la lluvia y la falta de presión, los gases lacrimógenos quedaron suspendidos en el aire, y cada lata arrojada por la policía dejó a la gente “sin poder caminar, respirar y con ataques de pánico
La directora de Violencia Institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Victoria Darraidou, consideró que la represión se agudiza en fechas en las que el Congreso debate proyectos que, para el Poder Ejecutivo, son “nucleares”. También responsabilizó al accionar de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
Darraidou denunció, en particular, al comisario de la Policía Federal Argentina Gustavo Gauna, fotografiado portando una escopeta que, según Monteoliva, es para “disparar munición anti-tumulto”. Sin embargo, afirmó que “puede cargar plomo” y señaló que el agente habría infringido criterios mínimos del derecho a la protesta al no portar uniforme ni gafete de identificación.
Además, indicó que le resultaron “preocupantes” las imágenes audiovisuales en las que agentes de la PFA aparecen empuñando armas lanza granadas, como la que habría herido a Pablo Grillo, en dirección paralela al piso. En ese punto, recordó que por ese antecedente el gendarme Héctor Guerrero enfrenta un proceso judicial.
Finalmente, acusó que algunas fuerzas de seguridad habrían empuñado armas “a la altura de los ojos”, algo que consideró prohibido por estándares de Naciones Unidas.
También expusieron Nicolás Munafo, Roberto Cipriano García (Comisión Provincial de la Memoria), Agustina Bustos (CORREPI), Ernesto López (Mapa de la Policía), Gustavo Palimieri (Comité contra la Tortura), Eduardo Tavani (APDH), Ezequiel Paulucci (Mecanismo Local para la Prevención de la Tortura) y Susana Reparte (REDESDH).
Los pedidos de interpelación a Monteoliva
A raíz de los hechos denunciados, se presentaron en Mesa de Entradas seis proyectos de resolución que exigen informes verbales a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Esteban Paulón (Provincias Unidas), Horacio Pietragalla Corti, Cecilia Moreau y Natalia Zaracho (Unión por la Patria), Mónica Frade (Coalición Cívica) y los cuatro integrantes del Frente de Izquierda fueron los autores.
No obstante, los seis proyectos tuvieron giro a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Seguridad Interior. La primera está presidida por Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza) y la segunda por Florencia de Sensi (Pro).