Tras el discurso de Milei sobre Malvinas, las petroleras minimizaron el impacto de las sanciones
Las compañías sostuvieron que las licencias que utilizan fueron otorgadas por las autoridades de las islas y que cuentan con el respaldo del Reino Unido, por lo que no prevén modificaciones sustanciales en el cronograma de la iniciativa.
Las petroleras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum respondieron al anuncio de Javier Milei sobre las nuevas sanciones contra las empresas que participen de la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas sin autorización argentina y ratificaron que continuarán con el desarrollo del proyecto Sea Lion.
Las compañías sostuvieron que las licencias que utilizan fueron otorgadas por las autoridades de las islas y que cuentan con el respaldo del Reino Unido, por lo que no prevén modificaciones sustanciales en el cronograma de la iniciativa.
La respuesta empresarial llegó pocas horas después de la cadena nacional en la que Milei anunció que el Gobierno buscará impedir que las compañías involucradas en la explotación de recursos naturales en el archipiélago puedan operar en territorio argentino, al tiempo que anticipó sanciones contra accionistas, directores y proveedores vinculados con esos emprendimientos. El Ejecutivo también anunció un decreto para acelerar los procedimientos previstos por la Ley 26.659 y un proyecto legislativo para ampliar las herramientas de sanción.
Pero mientras las empresas procuraron transmitir que el proyecto no está en riesgo, el mercado respondió de otra manera. Las acciones de Rockhopper llegaron a registrar una caída cercana al 6,5% en la Bolsa de Londres, mientras que los títulos de Navitas retrocedieron alrededor de 2,3% en Tel Aviv.
En la primera parte de la rueda, las bajas fueron interpretadas por el mercado como una señal del riesgo adicional que las nuevas medidas argentinas pueden representar para compañías cuyo principal activo estratégico está vinculado con una zona sometida a una disputa de soberanía.
La diferencia entre el mensaje de las compañías y la reacción de los inversores expone uno de los principales problemas de la estrategia anunciada por Milei. Mientras Rockhopper y Navitas sostienen que las sanciones no modificarán materialmente el proyecto, el mercado incorpora el conflicto jurídico, político y comercial como un factor de riesgo para el financiamiento y la futura explotación de Sea Lion, aunque la evolución de las acciones también está determinada por las condiciones generales de los mercados y del sector petrolero.
LA POSTURA DE ROCKHOPPER Y NAVITAS
Rockhopper, empresa británica que conserva una participación del 35% en Sea Lion, y Navitas Petroleum, compañía israelí que posee el 65% y actúa como operadora, difundieron una declaración conjunta en la que buscaron dejar en claro que no consideran que los anuncios de Milei alteren el desarrollo del proyecto.
«La Sociedad considera que no se prevé que los recientes acontecimientos tengan un impacto significativo en las actividades de desarrollo del Proyecto Sea Lion», señalaron las empresas.
Las compañías sostuvieron además que operan bajo licencias otorgadas por el Gobierno de las Islas Malvinas, al que reconocen como autoridad habilitante, y remarcaron que cuentan con el «respaldo total y continuo» del Gobierno del Reino Unido.
Esa definición es central porque el conflicto planteado por el Ejecutivo argentino no se limita a una discusión comercial entre el Estado y dos empresas, sino que involucra directamente al Reino Unido y al marco político y jurídico bajo el cual Londres administra el archipiélago.
Sea Lion está ubicado en la Cuenca Norte de las Malvinas, aproximadamente a 215-220 kilómetros del archipiélago. El proyecto contempla una explotación offshore de gran escala y se convirtió durante los últimos años en uno de los principales puntos de conflicto entre la Argentina, el Reino Unido y las empresas petroleras que participan del desarrollo. El proyecto prevé una inversión de unos 1.800 millones de dólares y una producción inicial proyectada de alrededor de 55.000 barriles diarios, con inicio de producción previsto para 2028.
La dimensión del emprendimiento explica por qué la disputa dejó de ser solamente diplomática. La iniciativa requiere financiamiento internacional, servicios especializados, infraestructura offshore y una cadena de proveedores que excede ampliamente a las dos empresas que aparecen como protagonistas del proyecto.
El propio Milei reconoció esa dimensión durante su discurso, cuando planteó que Sea Lion no era un caso aislado y que existían otros proyectos y empresas vinculados con la explotación de recursos en las islas.
«Sea Lion es solo uno de los proyectos que están avanzando en nuestras islas», afirmó el Presidente, para luego advertir que esas iniciativas representan «una amenaza para los intereses estratégicos de la Argentina».
LA LEY QUE YA EXISTÍA
El punto que deja abierta la discusión política es que buena parte de las herramientas anunciadas por Milei no parten de cero. La Ley 26.659, sancionada en 2011, ya establece restricciones y sanciones para las empresas que realicen tareas de exploración o explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin autorización del Estado nacional.
El decreto 868/2026, publicado este viernes, busca acelerar el procedimiento administrativo para aplicar esas sanciones. Una vez detectados indicios de una posible infracción, se abrirá un sumario y la empresa tendrá diez días hábiles para presentar su descargo, mientras que la autoridad de aplicación contará con otros diez días para resolver si archiva el expediente o sanciona. Las penalidades contempladas por la legislación pueden incluir la inhabilitación para operar en la Argentina durante un período de entre cinco y veinte años.
El decreto también incorpora una dimensión que puede ser relevante para el desarrollo futuro de Sea Lion: las empresas relacionadas con actividades hidrocarburíferas consideradas ilegales en Malvinas podrían quedar excluidas del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), además de enfrentar restricciones para obtener nuevas concesiones, permisos y autorizaciones petroleras en el país. Los proyectos que pretendan ingresar al régimen deberán declarar que sus accionistas, directos o indirectos, no participan de esas actividades.
La medida busca, de esa manera, trasladar el conflicto desde las aguas en disputa hacia el territorio continental y el mercado argentino. El Gobierno apuesta a que la posibilidad de perder negocios, concesiones o beneficios fiscales dentro del país genere un costo suficiente para que las empresas reconsideren su participación en los proyectos de Malvinas.
El problema es que Sea Lion tiene detrás una estructura financiera internacional y compañías, que se apoyan en fondos de inversión y entidades financieras globales. Esa arquitectura reduce el peso que puede tener una eventual sanción exclusivamente sobre las operaciones argentinas y obliga al Gobierno a determinar hasta dónde puede extender efectivamente sus medidas.