Reino Unido extendió por cinco años las licencias petroleras en Malvinas pese a la ofensiva diplomática de Milei

Las autoridades de las Islas Malvinas anunciaron la extensión por cinco años de las licencias vigentes para operaciones petroleras offshore, una medida que cuenta con el respaldo del Gobierno del Reino Unido. La decisión garantiza la continuidad de las actividades de exploración y producción de hidrocarburos en las aguas que rodean al archipiélago y contempla la posibilidad de extender los permisos por otros dos años si las empresas cumplen con sus programas de trabajo.

La decisión se produce mientras el Gobierno de Javier Milei busca reforzar el reclamo argentino por la soberanía de las islas y sostiene que las actividades hidrocarburíferas desarrolladas unilateralmente por el Reino Unido y las autoridades isleñas son contrarias a la posición argentina. En ese marco, la Asamblea Legislativa de las islas informó que la prórroga busca otorgar previsibilidad a las empresas que operan en la zona y permitir que continúen con sus planes de inversión y desarrollo.

“Son recursos nuestros que debemos desarrollar”, sostuvo Cheryl Roberts, integrante de la Asamblea Legislativa isleña y responsable de las áreas de Comercio, Industria y Recursos Minerales. Según el comunicado difundido por las autoridades de las islas, la extensión de las licencias cuenta con el “pleno respaldo” del Gobierno del Reino Unido.

La medida establece una vigencia inicial de cinco años para las actividades de exploración, con una eventual extensión de dos años sujeta al cumplimiento de los programas de trabajo establecidos para cada compañía.

En tanto, las autoridades británicas de las islas aprobaron la adquisición por parte de una subsidiaria de Navitas Petroleum de una participación del 65% en el bloque PL001, ubicado próximo al área del proyecto Sea Lion. La operación se concretó tras un acuerdo con la canadiense JHI Associates.

El principal proyecto hidrocarburífero en desarrollo es Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las islas. Allí Navitas Petroleum tiene el 65% de participación y Rockhopper Exploration el 35% restante.

El consorcio ratificó a fines de 2025 su decisión de avanzar con el proyecto y mantiene como objetivo iniciar la extracción de petróleo en marzo de 2028. Las estimaciones difundidas sobre el emprendimiento proyectan un importante impacto económico para las islas a través de regalías, impuestos, inversiones y actividad vinculada con la industria energética.

Además de Navitas y Rockhopper, cuentan con permisos exploratorios las compañías británicas Borders & Southern y Desire Petroleum, junto con la canadiense JHI Associates.

Por su parte, el Gobierno argentino sostiene que las licencias otorgadas para la exploración y explotación de hidrocarburos en las aguas circundantes a las Malvinas son ilegales y contrarias a la legislación nacional.

La administración de Milei impulsó sanciones y procedimientos administrativos contra empresas vinculadas con esas actividades y presentó ante el Congreso un proyecto de ley orientado a endurecer las penalidades para compañías que operen en la plataforma continental argentina sin autorización de Buenos Aires.

La Cancillería también sostiene que las actividades hidrocarburíferas autorizadas unilateralmente por el Reino Unido contradicen la posición argentina y la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras continúe la disputa de soberanía.

La extensión de las licencias se conoció pocos días después de una medida cautelar dictada por la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, que ordenó a Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration abstenerse de iniciar o continuar actividades destinadas a poner en marcha el proyecto Sea Lion.

La resolución judicial se originó a partir de una presentación de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y del Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata. El fallo estableció además un plazo para que las compañías informaran sobre el estado de sus operaciones.

La decisión de la Justicia argentina, sin embargo, se contrapone con la postura de las autoridades británicas de las islas, que continúan respaldando el desarrollo de los proyectos hidrocarburíferos.

El avance de Sea Lion también requiere nuevas inversiones. Rockhopper comunicó que busca captar unos 200 millones de dólares mediante una emisión de capital destinada a financiar las etapas previas al inicio de la producción. La compañía ya aseguró una primera partida de 20 millones de dólares.

Desde las islas, la continuidad de los permisos es presentada como una herramienta para brindar seguridad jurídica a los inversores y garantizar el desarrollo de las áreas concesionadas.

La actividad petrolera también está vinculada con proyectos de infraestructura en el archipiélago, entre ellos obras destinadas al puerto de Puerto Argentino, el sistema eléctrico y las comunicaciones.

Mientras se conocía la decisión británica, Milei volvió a referirse a la cuestión Malvinas y aseguró que su Gobierno busca recuperar las islas mediante la vía diplomática.

“No hablamos en absoluto de guerra. Hablamos de recuperar esas islas por la vía diplomática”, afirmó el Presidente durante una entrevista con el periodista Darius Rochebin, de la cadena francesa LCI.

Milei sostuvo que las Malvinas “son argentinas” y fundamentó el reclamo en argumentos históricos, geográficos y jurídicos. También planteó que la estrategia oficial debe desarrollarse como una política de Estado y señaló que la Argentina buscará sostener el reclamo en el ámbito internacional.

La prórroga de las licencias petroleras agrega así un nuevo capítulo a la disputa de soberanía: mientras Buenos Aires cuestiona la explotación unilateral de los recursos naturales y busca avanzar con sanciones y acciones diplomáticas, las autoridades británicas y la administración de las islas sostienen el desarrollo de la actividad hidrocarburífera y extienden el horizonte de operación de las empresas.