Advierten que el 90% de los trabajadores de la cosecha de frutilla en Santa Fe estaría en negro

La informalidad laboral continúa siendo una de las principales problemáticas del campo argentino. Según el delegado del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) Andrés Alasia, aseveró que “el 50% de los trabajadores rurales está en negro”. Sin embargo, en determinadas actividades productivas de Santa Fe, la situación sería todavía más preocupante en la cosecha de frutilla, cerca del 90% de los trabajadores no estaría registrado. Así lo señaló durante una entrevista en el programa Tierra Adentro, en la que también abordó la persistencia del trabajo infantil, las condiciones de explotación y los desafíos que enfrenta el sector ante las nuevas exigencias comerciales internacionales.

Al analizar el panorama general del empleo rural, Alasia sostuvo que detrás de los indicadores de producción, las cosechas récord y las exportaciones agropecuarias persiste una realidad menos visible, donde miles de trabajadores desarrollan sus tareas sin estar debidamente registrados y, en los casos más graves, bajo condiciones de explotación laboral.

En ese sentido, el delegado hizo referencia a las estimaciones del RENATRE, según las cuales alrededor del 50% de los trabajadores rurales del país se encuentra en la informalidad. Además, indicó que “en Santa Fe, el organismo registra aproximadamente 44.000 relaciones laborales, la situación sería similar”.

No obstante, aclaró que “la problemática no afecta por igual a todas las actividades. Mientras que la ganadería y los cultivos extensivos presentan mejores niveles de registración, las mayores dificultades aparecen en producciones intensivas y temporarias, como la papa, la zanahoria, el ajo y la frutilla”.

Precisamente, sobre esta última actividad, Alasia advirtió que «alrededor del 90% de los trabajadores de la cosecha santafesina estaría en negro», lo que evidencia la magnitud de la informalidad en determinados segmentos de la producción agrícola provincial.

Otro de los aspectos más preocupantes de la entrevista estuvo relacionado con la persistencia del trabajo infantil en establecimientos rurales. Al respecto, el delegado del RENATRE reveló que, durante los quince días anteriores a la entrevista, el organismo había detectado dos nuevos casos.

En este contexto, recordó que la legislación argentina prohíbe el trabajo de menores de 16 años. En tanto, explicó que “Para los adolescentes de 16 y 17 años existe un régimen de trabajo protegido, que establece límites de jornada, prohibición de tareas peligrosas y obligación de mantener la escolarización”.

Por otra parte, Alasia describió situaciones de explotación laboral que pueden llegar a configurar delitos de trata de personas. Entre las irregularidades detectadas mencionó la falta de registración, el pago de salarios inferiores a los mínimos legales, la retención de documentación personal, las amenazas, el hacinamiento y la ausencia de agua potable o condiciones habitacionales dignas.

Asimismo, durante la entrevista relató casos de extrema gravedad. Uno de ellos fue el de un trabajador rural que llevaba aproximadamente veinte años viviendo en condiciones de abandono. También mencionó la situación de otro trabajador que no recibía remuneración por sus tareas, mientras sus hijos habían dejado de asistir a la escuela.

Frente a este escenario, el delegado recordó que cualquier persona que conozca una posible situación de trabajo infantil puede realizar una denuncia a través de la línea 145 o comunicarse con el RENATRE para solicitar una intervención.

Por otra parte, Alasia se refirió a los cambios que se están produciendo en los mercados internacionales, donde las exigencias ambientales y laborales adquieren cada vez mayor relevancia.

En particular, mencionó las nuevas regulaciones de la Unión Europea vinculadas con la deforestación y la debida diligencia en las cadenas productivas, que incorporan mayores requisitos de cumplimiento para las empresas y los establecimientos que participan del comercio internacional.

En este marco, explicó que el RENATRE puso en marcha el Programa de Prácticas Laborales Sostenibles, una iniciativa que permite asesorar y certificar gratuitamente a los establecimientos rurales que acrediten el cumplimiento de determinadas condiciones laborales.

Según señaló, estas herramientas no solamente buscan mejorar las condiciones de trabajo, sino también garantizar una competencia más equitativa entre productores. En ese sentido, sostuvo que quienes cumplen con sus obligaciones laborales no deberían quedar en desventaja frente a establecimientos que reducen sus costos mediante la informalidad.

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue el impacto de los cambios recientes en la legislación laboral sobre el empleo rural. Entre las modificaciones mencionadas, Alasia hizo referencia a la eliminación de la modalidad de contratación permanente de prestación discontinua y a la incorporación de un período de prueba de hasta ocho meses.

Asimismo, cuestionó que “la reducción de impuestos al sector agropecuario no se haya traducido necesariamente en un aumento de la registración laboral, ni los buenos precios internacionales ni las cosechas récord alcanzaron para revertir esa tendencia”.