MIéRCOLES, 18 DE NOV.

Francia bajo presión: la policía gana las calles y abre un nuevo frente de conflicto para el gobierno de Macron

Cientos de efectivos antidisturbios se movilizaron frente al Ministerio del Interior y al Elíseo en demanda de aumentos salariales y actualización de la prima por riesgo. Sin derecho legal a la huelga, más de un millar de agentes apeló a licencias médicas masivas, paralizando al menos doce compañías operativas en medio del clima de protesta social.

 

La profunda crisis económica y social que sacude a Francia alcanzó un hito inédito en la dinámica de la protesta pública: la propia fuerza pública, encargada de contener las continuas movilizaciones populares, decidió trasladar su malestar al corazón del poder político. Convocados por la organización representativa Alliance Police Nationale, entre 400 y 500 efectivos de seguridad —con una destacada presencia de las Compañías Republicanas de Seguridad (CRS)— se concentraron en París para exigir una recomposición salarial urgente y mejoras profundas en sus condiciones de trabajo.

La jornada de protesta se inició en la rotonda de los Campos Elíseos y avanzó hacia la plaza Beauvau, sede del Ministerio del Interior, expandiéndose hasta los alrededores del Palacio del Elíseo. Bajo consignas que reflejaban un hartazgo generalizado por las extensas jornadas de despliegue y el desgaste físico acumulado, los manifestantes instalaron carpas y bloquearon la circulación en las inmediaciones del edificio gubernamental, exigiendo ser recibidos de forma inmediata por las autoridades nacionales.

El conflicto trasciende la protesta de calle y expone una severa crisis en la capacidad operativa del aparato de seguridad estatal. Debido a que la legislación francesa prohíbe taxativamente el ejercicio del derecho a huelga a los miembros de las fuerzas de orden público, los agentes articularon una estrategia de resistencia basada en la solicitud masiva de consultas de medicina laboral.

Según los relevamientos de los sindicatos del sector, cerca de 1.200 integrantes de las distintas compañías de las CRS acudieron a servicios médicos denunciando encontrarse al límite de sus capacidades físicas y psicológicas. Este fenómeno de ausentismo justificado afectó directamente el funcionamiento de aproximadamente 25 compañías. De ese total, al menos doce unidades operativas quedaron completamente inactivas por falta de personal.

 

El episodio más crítico se registró en la unidad de intervención especializada CRS 8, donde el 100% del personal asignado —un total de 51 efectivos— no se presentó a cumplir funciones tras solicitar licencias médicas simultáneas en el marco de una jornada nacional de protestas masivas. Desde las organizaciones representativas señalaron que esta modalidad responde al agotamiento acumulado y a la imposibilidad de canalizar sus reclamos por vías gremiales ordinarias.

 

La disputa por la prima de riesgo (ISSP) y el rechazo a la oferta oficial

El eje central del reclamo salarial se focaliza en la Indemnización por Condiciones Especiales de Servicio Policial (ISSP), conocida internamente como la prima por riesgo. Este adicional representa actualmente entre el 28,5% y el 28,8% del salario bruto de los uniformados y se encuentra congelado desde el año 2019, teniendo además un impacto directo en la liquidación de las jubilaciones del sector.

Los sindicatos exigen la elevación inmediata de este complemento al 35% de la remuneración bruta, argumentando el incremento sustancial de la peligrosidad en sus misiones diarias. Durante las deliberaciones encabezadas por el ministro del Interior, Laurent Nuñez, el Poder Ejecutivo ofreció un esquema de incrementos escalonados que alcanzaría el 33,5% recién en el año 2029 (mediante subas del 1% en abril de 2027, 2% en 2028 y 2% en 2029).

La propuesta oficial fue rechazada categóricamente por la representación sindical. Portavoces de la fuerza como Jean-Pierre Cloez recalcaron ante los medios locales que la actualización debe ser inmediata y del 35%, remarcando que el cronograma presentado por el gobierno no contempla la severidad del desgaste actual ni el volumen de agentes lesionados en servicio.

 

Agotamiento estructural y quiebre institucional con el Poder Ejecutivo

La movilización policial se produce en un escenario de altísima conflictividad social, caracterizado por huelgas y marchas masivas impulsadas por centrales sindicales, movimientos estudiantiles y colectivos sociales como los chalecos amarillos en rechazo a la suba del costo de vida y el deterioro de los servicios públicos. En ese marco de tensión en las calles, los datos gremiales contabilizan alrededor de 1.600 policías y gendarmes heridos durante los enfrentamientos con grupos manifestantes.

A las exigencias salariales y las denuncias sobre la recarga de tareas —que incluye la cancelación recurrente de días de descanso y vacaciones para cubrir los operativos de seguridad— se suma un profundo malestar institucional. La relación entre los uniformados y el Poder Ejecutivo atravesó un punto de fricción tras declaraciones públicas del presidente Emmanuel Macron, quien cuestionó la empatía de las fuerzas de seguridad en la represión de movilizaciones estudiantiles. Estas palabras fueron interpretadas por las cúpulas policiales como una desautorización política a su accionar y una grave falta de respaldo institucional en momentos de crisis.

 

Calendario de protestas: el horizonte hacia el 26 de noviembre

Lejos de atenuarse, el frente de conflicto policial promete agudizarse en las próximas semanas. Con la mirada puesta en las elecciones sindicales del sector programadas para el 10 de diciembre, las organizaciones gremiales han ratificado la profundización de sus medidas de fuerza.

En ese sentido, Alliance Police Nationale y los colectivos de uniformados han convocado a una marcha nacional para el próximo 26 de noviembre. Asimismo, advirtieron sobre el despliegue de acciones sorpresa y protestas específicas en los principales aeropuertos del país, entre los que se destacan las terminales de París, Marsella, Burdeos y Nantes. Con estos anuncios, el reclamo de las fuerzas de orden se consolida como un nuevo y severo condicionante para la gobernabilidad del Ejecutivo francés.

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